¿JEP o Jeb?, parte II

Otra vez, ahora con los bienes, la JEP les da una mano a los excomandantes.

 

Parodiando al maestro Rafael Escalona en ‘La patillalera’, yo había resuelto no hacer más versos (en este caso columnas) sobre la JEP, al menos por un rato, cosa de no cansar a los lectores, pero la mayoría de los magistrados de este tribunal se empeñan en poner el tema. Con el fin de atender las peticiones que hizo por carta el excomandante de las Farc Pastor Alape, para que la JEP dictara medidas cautelares y congelara así la fortuna de la exguerrilla para resarcir con esos fondos a sus víctimas, la JEP se pasó varios pueblos y decidió exigirle a la Fiscalía, en tono de ultimátum, que le entregara la lista de los bienes que la Fiscalía ha detectado como pertenencia de las Farc, para que queden bajo control de la JEP.

Vamos por partes, como dijo Jack el Destripador. Hay dos paquetes de bienes. El primero, el que las Farc mismas ofrecieron entregar el año pasado, avaluado en unos 850.000 millones de pesos. Y otro muy distinto, aquel con el que quiere hacerse la JEP: el listado de bienes que la Fiscalía ha detectado en sus investigaciones como pertenencias de las Farc y que corresponden a la fortuna que los comandantes nunca declararon. Cabe suponer que si esos bienes eran de las Farc y no los declararon, buscaban ocultarlos, aprovechando que estaban en manos de testaferros.

Los bienes ya incautados por la Fiscalía de ese modo valen más de 2,3 billones de pesos, casi tres veces lo declarado por las Farc. Esa cifra puede crecer mucho con cerca de 6.000 predios, entre urbanos, rurales y baldíos, 780.000 reses, cientos de comercios, 1.160 automotores y decenas de caletas con efectivo, ubicados por la Fiscalía y que van camino de la incautación.

El acuerdo de La Habana y un fallo de la Corte Constitucional coinciden en que los bienes que las Farc no hubiesen declarado antes del 15 de agosto de 2017 –como ocurre con estos– deben ser sometidos a la jurisdicción ordinaria –Fiscalía y jueces, no JEP–, y, en consecuencia, procede sobre ellos la extinción de dominio, pues fueron adquiridos por una organización ilegal gracias a sus actividades criminales. La Constitucional, en otro fallo de este año, consideró esa fecha “perentoria” para la presentación por las Farc del “inventario completo de sus bienes”. Léase bien: “completo”.

Pero en la JEP, donde algunos creen que pueden reescribir los acuerdos y la Constitución –y hasta los tratados internacionales de extradición, como en el caso Santrich–, ha hecho carrera esta tesis peregrina: que, tal y como lo pidió el señor Alape, la JEP tome posesión de esos bienes por la vía de dictar sobre ellos medidas cautelares.
Alape se agarra del cinismo de las Farc cuando declararon –incompletos– sus bienes, y dijeron que a la lista de los que declaraban debían sumarse “los que la Fiscalía identifique”. ¡Qué descaro!

¿Qué buscan los excomandantes? Buena parte de esos bienes están bajo reserva, mientras la Fiscalía consolida el cuerpo probatorio para su extinción. Si la JEP adquiere esa información, es fácil que alguno de sus abogados cercano a las Farc (ver columna anterior) llame a un excomandante y le diga: ‘Oye, gordis, estos son los bienes’, y así, las Farc corren a embolatar papeles y presionar testaferros que ya colaboran con la Fiscalía, para frustrar la extinción de su dominio.

Pero, además, los acuerdos dicen que si los comandantes ocultan bienes, pueden perder los beneficios que tan generosamente el gobierno Santos les otorgó. Si la JEP acepta la tesis de Alape –que en eso anda– de manera mágica –y fraudulenta–, los bienes que ocultaron entrarán a formar parte del paquete que declararon, y desaparecerá, como por encanto, el incumplimiento. ¡Qué belleza! Insisto: Jeb, Jurisdicción Especial de Bolsillo de las Farc. Ojalá la Corte Constitucional tranque este criminal disparate.

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/mauricio-vargas/jep-o-jeb-parte-ii-mauricio-vargas-286452

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