La Secretaria Ejecutiva de la Jurisdicción Especial de Paz y el tratamiento especial diferenciado para los miembros de la Fuerza Pública.

Teniendo en cuenta que a la actual Secretaria Ejecutiva de la Jurisdicción Especial de Paz, le corresponde coordinar y poner en marcha todo lo concerniente a los mecanismos pactados en La Habana en relación con la Justicia Transicional, y particularmente con la Jurisdicción Especial de Paz, es conveniente hacer las siguientes precisiones:

Las actas de compromiso, requisito indispensable para el sometimiento a este tipo de jurisdicción, incluyen aspectos relacionados con la obligación de aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición. El hecho de aceptar y firmar un compromiso de esta índole, respecto a reparación y garantía de no repetición, por razones obvias implica una aceptación previa de la comisión de una eventual conducta penal, circunstancia que de hecho y desde un principio, desfavorece al inculpado.

Damos por entendido que lo concerniente al Acto Legislativo que establece esta Jurisdicción, quedara incluido en nuestra Constitución Política, en condición de norma transitoria para garantizar el cumplimiento estricto de lo que se ha pactado, y por consiguiente, todo lo atinente a la Jurisdicción Especial para la Paz tendrá carácter prevalente e inmodificable.

Las sanciones que imponga la JEP, tal como fue acordado, tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas. Tendrán también carácter restaurativo y reparador del daño causado, en estrecha relación y proporción con el grado de reconocimiento de verdad y responsabilidad que se asuma.

Se supone que la JEP entro formalmente en funcionamiento a partir de la aprobación del Acto Legislativo, y en estas condiciones, las decisiones que adopte la Secretaria Ejecutiva, tienen plena validez.

Respecto a cualquier acción u omisión que se presente por parte de la JEP, procederá la acción de tutela, la cual deberá presentarse ante el Tribunal para la Paz. En primera instancia decidirá la Sección de Revisión, y en segunda instancia la Sección de Apelaciones. El fallo de tutela podrá ser revisado por la Corte Constitucional.

En cuanto al Comité de Escogencia para la selección y nombramiento de los funcionarios de la JEP,  el Director de la Unidad de Investigación y Acusación, los juristas expertos extranjeros que actuaran en calidad de amicus curiae, el Secretario Ejecutivo de la JEP; el Presidente o Presidenta inicial de la JEP, los integrantes de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición, y el Director de la Unidad de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas, serán seleccionadas exclusivamente por este Comité de Escogencia, circunstancia que le otorga grandes facultades y un gran poder en tal sentido ya que además gozara de plena autonomía e independencia.

Los magistrados y fiscales no tendrán que ser funcionarios de carrera y no se les aplicara ninguna limitación de edad, como requisito para su designación o permanencia en el cargo. Igualmente, no se les aplicara un tipo específico de carrera profesional, ni tendrán que pertenecer a la rama judicial. Para ser elegido magistrado para al Tribunal para la Paz, deberán reunirse los mismos requisitos exigidos por la Constitución Política a cualquier magistrado de nuestro sistema de justicia. El Secretario Ejecutivo de la JEP ha sido designado por la Organización de Naciones Unidas y confirmado por el Comité de Escogencia que se ha establecido para la selección de los magistrados y otros funcionarios de esta jurisdicción.

Respecto a los conflictos de competencia que puedan surgir entre cualquier jurisdicción y la JEP, se ha determinado que se resolverán por parte de una sala incidental conformada por tres magistrados de la Corte Constitucional y tres de las Salas o Secciones pertenecientes a la JEP que no estén afectadas por el conflicto jurisdiccional que se presente. De no alcanzarse mayoría en la decisión correspondiente, el presidente de esta jurisdicción tendrá la competencia para resolver lo pertinente.

La Corte Suprema de Justicia será la competente para la revisión de las sentencias que haya proferido. Únicamente, y solo en aquellos casos para quienes hubieran sido condenados teniendo en cuanta la definición de combatientes según el DIH, se podrá solicitar la revisión de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia ante la Sección de Revisión de la JEP.

Los magistrados que formarán parte de la JEP estarán facultados para determinar todas las normas procesales que regirán esta Jurisdicción. Estas normas deberán ser sometidas posteriormente para su aprobación, ante el Congreso de la República. En ejercicio de su autonomía, estos magistrados adoptaran su propio reglamento en cuanto a organización y funcionamiento.

Desde el punto de vista penal, estos magistrados estarán sometidos al régimen especial previsto para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En cuanto a la parte disciplinaria, se les aplicara la misma norma legal que corresponde para jueces y magistrados de las otras jurisdicciones. Las causales de impedimento que se presenten, serán las mismas definidas por la ley procesal penal vigente.

Respecto a la Comisión que designará los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y otros funcionarios, hemos denunciado públicamente la desconfianza existente respecto a las personas de nacionalidad extranjera que han sido facultadas para realizar estos nombramientos, teniendo en cuenta su perfil, antecedentes y posición ideológica radical que los señala como activistas de la extrema izquierda internacional y sus antiguos vínculos con organizaciones terroristas pertenecientes a España, Perú y Argentina.

Otro tema preocupante, tiene que ver con la modificación a lo establecido en los acuerdos inicialmente pactados, que excluía la participación de quienes hubiesen tenido cualquier tipo de intervención en las negociaciones de La Habana, permitiendo ahora la eventual elección como integrantes de la JEP de algunas personas cuyas posiciones asumidas en contra de la Fuerza Pública, fueron muy evidentes.

Por otra parte, y ante cualquier irregularidad que se presente en la escogencia de los magistrados y otros funcionarios que harán parte de estos mecanismos jurisdiccionales, consideremos que es imprescindible establecer en forma previa y con suficiente claridad, los procedimientos y mecanismos adecuados que permitan supervisar en forma estricta la selección y nombramiento de quienes conformaran el Tribunal y los distintos organismos previstos en la JEP.

De no ser así, vamos a tener la misma falencia que se presentó con la Comisión Histórica del Conflicto, donde la casi totalidad de sus integrantes, al igual que las FARC, señalaron como responsable y principal generador de violencia al Estado Colombiano. Los criterios a tener en cuenta para esta selección, tienen que ver primordialmente con imparcialidad, independencia, idoneidad, ética y ausencia total de cualquier tipo de carga ideológica que genere conflictos de interés en el ejercicio de su cargo.

Finalmente, surge una nueva complicación respecto a la propuesta que se hace desde la Corte Constitucional, para que las victimas que se consideren afectadas, hagan parte de los procesos que se adelanten desde el momento en que la Secretaria Ejecutiva de la JEP, tramita a los jueces de Ejecución de Penas, las solicitudes de libertad transitoria para quienes se acojan a esta jurisdicción especial. Tal participación no está legalmente contemplada, y a juicio de algunos juristas, la participación de terceros en los 10 días establecidos como términos para el efecto, harían más complejos estos procesos. El Concepto de la Corte radica en la importancia que representa el papel de las víctimas en las decisiones que se deban adoptar por parte de los respectivos jueces.

 

Editorial, Periódico Acore mayo 2017

 

 
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