Las incongruencias de la incongruencia

En la edición 527 de marzo de 2013, aparece el artículo “Incongruencias en la reforma al Fuero Militar” en donde el autor se precipita a calificar errores no existentes y a suponer situaciones imaginarias. Parte de falsas apreciaciones para tratar de definir seis incongruencias desenfocadas de la realidad.

Como miembro de la Comisión Jurídica asesora creada por el ministro Juan Carlos Pinzón, en presencia de los comandantes de FF.MM. (Ejército, Armada, Fuerza Aérea) y el Director de la Policía Nacional, es mi deber aclarar conceptos y puntualizar lo que en el referido artículo no se hizo. La comisión fue integrada por Rafael Nieto, Manuel José Cepeda, Jaime Córdova y Eduardo Montealegre, y dos miembros de la Fuerza Pública en retiro, el BG Edgar Peña Velásquez y el suscrito MG Salcedo Lora.

Una gran incongruencia supone el articulista es plantear que se estaba reformando el Fuero Militar. No era esa la tarea encomendada como se demostrará más adelante.

La primera incongruencia que plantea es la existencia de un contrasentido institucional, bajo el supuesto que tres de sus integrantes, duchos en el derecho constitucional eran desafectos con la institución militar, lo que equivale decir que tres civiles son de desconfiar, en tanto hay un civil y dos generales confiables y afectos, debo, por tanto, de plano descalificar semejante infundio, disque por presentar un proyecto con el propósito de causarle desmedro al Fuero Militar.

La tarea encomendada a la Comisión como faro orientador de cuanto se hizo, fue proponer alternativas para despejar el marco legal dentro del cual debía operar la Fuerza Pública a la luz de la Constitución y de las realidades internacionales. El marco de las operaciones de esa Fuerza Pública era el escenario central de los esfuerzos de la comisión. Nada se avanzaría en contra de la Constitución los compromisos internacionales o contra la población civil.

La segunda supuesta incongruencia es señalar como despropósito contra un derecho de los militares. Lo cual se sustenta en que el Acto Legislativo que presuntamente reforma el Fuero Militar en la realidad no la reforma, tal presunción es imaginaria tal como se indicó en la tarea encomendada. Trae a colación el convenio suscrito entre los entonces ministro de Defensa, Camilo Ospina, y el fiscal Mario Iguarán, que con el Acto Legislativo quedó abolido, es cierto, pero que según el articulista no arregló nada, cuando todo el mundo sabe de los estragos que causó al Fuero Militar y a los combatientes, como víctimas inocentes llevadas a juicio por falsos testimonios.

La tercera incongruencia es el desafecto contra los militares, porque dice que el proyecto de Acto Legislativo aprobado no reivindica los derechos de la JPM ni restablece el Fuero desaparecido con el documento Mindefensa – Fiscalía y, en cambio, si muestra animosidad contra el estamento militar. Total contradicción, si por virtud del Acto Legislativo se caía el convenio, automáticamente se recuperaba para la JPM el fuero desaparecido. No se ve por dónde, lo que beneficia puede mostrar animosidad contra el estamento militar.

La cuarta incongruencia que se alega es también equivocada, porque supuestamente se partió de una premisa falsa de la JPM como una impunidad arraigada, o que no se consideró que la ordinaria era más impune, más deficiente y más parcializada. Muy lejos de la Comisión estaban esas consideraciones si lo que nos animaba era la seguridad jurídica de los combatientes de la Fuerza Pública y más cuando se cursaba en el Congreso la Reforma Jurídica que, entre otras cosas, se encargaría de corregir fallas protuberantes en la cuestionada justicia.

Para la Comisión Jurídica Asesora, contrario a lo que supone el articulista de marras, era nítido el conocimiento y fuera del alcance su corrección, por cuanto la administración de justicia en Colombia, en términos de congestión, dilación e ineficacia, estaba en el centro del debate.

En diciembre de 2010, había 2.649.000 procesos judiciales pendientes de trámite, la mayoría de ellos pertenecientes a la jurisdicción ordinaria civil y, según el informe Doing Business 2012 del Banco Mundial, Colombia ocupa el puesto 149 entre 183 países en eficiencia en la resolución de controversias contractuales. Es más, en cuanto al subindicador de celeridad ocupa el puesto 177 entre 183 países, lo cual la convierte en la séptima justicia más lenta del mundo y la tercera más lenta en América Latina y el Caribe. Nuestro sistema se demora 1.346 días en resolver un proceso judicial, el doble del promedio africano (750 días), el triple que Brasil y Chile y el doble que Ecuador. Era una realidad conocida y una realidad que no estaba a cargo de la comisión resolverla.

La quinta incongruencia era el supuesto incorrecto análisis de la situación, partiendo de que las fallas de la JPM se habían podido corregir en el Comando General de las FF.MM., o que las Fuerzas, como lo vienen haciendo, están en condiciones de erradicar definitivamente acciones delincuenciales como fue el caso de los mal llamados falsos positivos. Erróneo análisis del analista en su artículo, las fallas de la JPM no eran del resorte de la Comisión Jurídica Asesora, otra era la tarea se reitera. El alto comando militar no puede reformar la JPM cuando ésta no depende de ese nivel.

En cuanto a la sexta y última incongruencia, sobre deslealtad e ingratitud, nada tienen que ver el Acto Legislativo, la Comisión Jurídica Asesora, el Ministro de la Defensa o los mandos militares que avalaron el proceso y estuvieron de acuerdo con la reforma aprobada.

 

Mayor General

JUAN SALCEDO LORA

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