RETOS PARA EL CAMPO MILITAR

Almirante David René Moreno Moreno

El 7 de agosto tomo posesión el nuevo Presidente Constitucional de Colombia, el doctor Iván Duque Márquez y con él se inicia un período en el cual el país tiene fincadas sus mayores esperanzas de cambio y de progreso, después de haber vivido un interminable lapso de 8 años durante el cual se produjo la más grande polarización política que haya tenido la población colombiana, posiblemente similar a la de la Guerra de los 1.000 días. Las heridas que se abrieron durante estos últimos años tardarán varias generaciones en sanarse, más si se tiene en cuenta que la oposición de filosofía izquierdista busca acrecentar aún más la lucha de clases para obtener réditos políticos que le permitan alcanzar la Jefatura del estado en el próximo período presidencial 2022 a 2026.

De otra parte, las Fuerzas Armadas, acompañando al nuevo gobierno y en cumplimiento de la misión que les ha asignado la Constitución Política, estarán como siempre comprometidas en la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio y del orden constitucional, así como en el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas. Esta Fuerza Pública tendrá que hacer frente a varios retos y desafíos tanto para mantener la seguridad de los ciudadanos, como para proteger las fronteras y contribuir al desarrollo del país.

En el caso de las Fuerzas Militares, haciendo frente a las restricciones presupuestales que ha generado los excesivos gastos y los compromisos adquiridos por el gobierno saliente, debe enfrentar limitaciones en el campo operacional, de mantenimiento y de actualización y renovación programada de equipos y material; debe continuar con el esfuerzo de combatir a los diferentes grupos de delincuentes, llámense FARC, ELN, EPL, Bandas Criminales, delincuencia organizada y hacer un esfuerzo especial para acabar con la fuente de todos los males actuales que sufre el país, representado en el narcotráfico y por ende con el cultivo de coca y amapola o con la producción de drogas sintéticas. Todo ello enmarcado en un accionar operativo de apoyo a la Policía Nacional, pero sin contar con el respaldo de las herramientas jurídicas que protejan a los militares en este tipo de operaciones.

Al tema de la seguridad interior se suma la responsabilidad de proteger las diferentes fronteras, bien sean terrestres o marítimas para impedir cualquier actividad ilícita, pero sin bajar la guardia frente a las potenciales amenazas de países expansionistas que desean cambiar el equilibrio geopolítico de la región, desconociendo abiertamente las fronteras legalmente establecidas o de aquellos que están buscando afanosamente prender la chispa que genere un enfrentamiento militar para tener la disculpa de enfrascarse en una guerra que busque unir a los pueblos bajo la bandera nacionalista, haciéndolos olvidar sus actuales preocupaciones de subsistencia. El vecindario está calentándose desde hace varios años por los problemas internos que sufren especialmente dos países con los cuales tenemos fronteras comunes y que como denominador común están bajo régimen dictatorial.

De otra parte, las Fuerzas Militares tendrán que continuar enfrentándose continuamente a actividades ilegales como el contrabando, la minería ilegal, los delitos contra el medio ambiente, las migraciones ilegales y el tráfico de personas, así como combatir con todos los avances tecnológicos disponibles las permanentes ciber amenazas, protegiendo nuestro espacio cibernético y por consiguiente la economía, las finanzas, la infraestructura informática y en términos generales la seguridad del estado y sus asociados. Este es un gran reto tecnológico para nuestras Fuerzas Militares.

La nueva cúpula militar deberá, además de empeñar todos sus esfuerzos para unir a los miembros de la Institución Castrense bajo un liderazgo objetivo y proactivo, debe establecer los mecanismos que le permitan blindar a sus integrantes contra cualquier intento de corrupción, contra la misma polarización de que han sido objeto durante el presente gobierno y establecer las estrategias que les permitan brindar el apoyo al gobierno nacional en beneficio de las comunidades menos favorecidas, sin descuidar el objetivo primario de su misión constitucional.

Los grupos de izquierda, unidos bajo banderas de odio y resentimiento por no haber ganado las pasadas elecciones presidenciales, ya han anunciado una guerra frontal contra el gobierno entrante y como reza la doctrina, emplearán todos los medios de lucha para lograr sus propósitos. Ya han citado a sus seguidores para efectuar marchas y manifestaciones para afectar la posesión de Iván Duque, eventos donde seguramente se producirán desmanes, daño a la propiedad privada, incitación a la violencia y por consiguiente habrá una respuesta legitima del estado, lo cual les dará la disculpa de que están siendo objeto de una “represión salvaje” y aparecerá otro término similar al de los “falsos positivos” para demeritar al gobierno y a sus Fuerzas Armadas.

De otra parte, la guerra jurídica contra las Fuerzas Militares no ha finalizado con la famosa Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por el contrario, se incrementará. Los diversos Colectivos de Abogados no aflojarán un solo palmo para continuar lucrándose de los fondos del estado. Las denuncias por cualquier tipo de actuación de las Fuerzas Legítimas del estado se incrementarán, tratando de debilitar al estamento militar y policial, así como buscando “sumar errores” para lograr votos de profundo resentimiento social en las próximas elecciones; estos grupos de izquierda no dan puntada sin dedal.

 

 

 

 

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ACORE es la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares. Nuestra misión está encaminada a velar por el bienestar de los Acorados y sus familias.

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