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“GENERAL USTED HA TENIDO EL DERECHO PARA RESISTIR A LA INJUSTICIA CON JUSTICIA Y AL ABUSO CON LA FUERZA Y LA DESOBEDIENCIA”
Simón Bolívar
Coronel Darío Ruiz Tinoco.
Con estas frases dirigidas en carta de 21 de noviembre 1826 por parte del Libertador Simón Bolívar el rebelde General José Antonio Páez se selló la ruptura entre Bolívar y Francisco de Paula Santander. Es bueno recordarlas con ocasión de la injusticia que ha cometido contra el Ejército de Colombia, el Ex Presidente Belisario Betancourt y el Coronel Alfonso Plazas Vega el Tribunal Superior de Bogotá.
El respeto y acatamiento a las sentencias judiciales es parte esencial de la sostenibilidad del sistema democrático. Pero ¿qué sucede cuando la justicia deja de ser justa, o deja de ser justicia o, cuando la justicia traiciona los principios fundamentales sobre los cuales se edifica, o cuando se ve politizada y permeada por mezquinos intereses de la izquierda recalcitrante, subversiva y perversa que le sigue haciendo el juego al terrorismo en contra de la democracia, para humillar ante el mundo a nuestro Ejército Nacional, al pretender condenarlo y obligarlo pedir un inmerecido “perdón” en el corazón de Colombia, la Plaza de Bolívar, por la comisión de delitos de lesa humanidad que jamás cometió en la retoma de Palacio de Justicia.?
La respuesta nos la da nuestro Padre de la Patria y Libertador Simón Bolívar:” responder a la injusticia con justicia y al abuso con fuerza y la desobediencia”. No se trata ni más faltaba en este caso recurrir a la fuerza, pero sí a la desobediencia, por considerar este fallo, no solo infame, sino que es terriblemente desmoralizante para todos los militares que en cumplimiento de un deber constitucional se ven avocados a tener que enfrentar a una justicia, totalmente injusta, politizada y ensañada contra la institución castrense.
La Historia reciente de Colombia se torna en una historia de nunca acabar, porque los agazapados terroristas o sus cómplices, vencidos política y militarmente por le legitimidad de las armas del Estado, pretenden ahora de vencer a quienes en franca lid los derrotaron en los estrados de una justicia parcializada , plagada de inocuos e ignorantes personajes que ostentan el inmerecido título de “magistrados”, quienes en su evidente desconocimiento del derecho no se han tomado la molestia de estudiar lo que es el Estatuto de Roma, para determinar si la justicia, proferida por este tribunal extranjero, puede ser aplicada en Colombia contra el Presidente Belisario Betancourt, quien no tuvo en 1985, otra alternativa diferente que ordenar, como comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Colombia, la recuperación mediante el legitimo empleo del poder militar el Palacio de Justicia de la garras de los terroristas de M-19, que en una acción más que demencial se lo tomaron a sangre y fuego.
Ignoran “los poco ilustres magistrados del Tribunal Superior de Bogotá”, que la Corte Penal Internacional carece de cualquier competencia para conocer del caso del Palacio de Justicia, porque la justicia que imparte no es retroactiva, frente a unos hechos que ocurrieron en Colombia noviembre de 1985, cuando la Corte Penal no había sido creada, como tampoco su carácter de justicia complementaria. En tal virtud el Estatuto de Roma no aplica en este caso.
¡Qué exabrupto jurídico tan grande y que afrenta tan miserable se ha pretendido hacer en contra de nuestro Ejército Nacional¡ Ningún Comandante del Ejército o General de la República, ningún militar activo o en la reserva activa en cualquier grado, puede llegar a aceptar o acatar una sentencia infame y una humillación tan grande para nuestro Ejército, que no solo debe ser desobedecida, sino condenada al repudio de toda la sociedad, porque busca de manera mal intencionada deshonrar a nuestra institución militar y por ello tiene que ser objeto de toda condena y repudio nacional, por “perversa injusticia”, contraria al derecho y a la propia ética del derecho.
Al Tribunal Superior de Bogotá y a sus magistrados les corresponde en consecuencia, no solo pedir perdón público al Ejército Nacional y a la sociedad en general, por haberla ofendido y que están obligados moralmente, mediante un acto público, en la Plaza de Bolívar y de rodillas ante la estatua de nuestro Libertador, recovar esta sentencia con todo el arrepentimiento. Esto es lo menos que se le puede pedir.
Nuestro Padre de la Patria, Simón Bolívar, buscó poner un límite al ejercicio abusivo y arbitrario de la justicia, con su famosa frase,” responder a la injusticia con justicia y al abuso con la fuerza y la desobediencia”· así afectase con sus palabras la independencia de los poderes públicos. Ahora nuestro Presidente y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Colombia, Juan Manuel Santos en buena hora y contrario a las opiniones adversas de Clara López y otros personajes de la vida nacional, de autos conocidos, sale a defender oportuna y vehementemente a la institución militar y al ex presidente Belisario Betancourt, porque le corresponde hacerlo y es su deber ético y moral, de ello no cabe la menor duda.
Bueno y ahora que sucede con la infame condena a perpetua contra el Coronel Alfonso Plazas Vega o contra el General Jesús Armando Arias Cabrales, también proferida por el Tribunal Superior de Bogotá y por algunos de los mismo magistrados, ensañados en desmoralizar a todos los militares de Colombia, en humillarlos, por el hecho ignorado a propósito, de haber defendido una sociedad y una democracia de las garras de los terroristas. Esta ignorancia manifiesta es precisamente las que le permite cometer este tipo de exabruptos jurídicos.
No se han detenido a pensar estos honorables magistrados que, si los terroristas del M-19 hubiesen ganado su guerra contra el Estado Colombiano, que si se hubiesen tomado el poder por la armas como pretendían hacerlo, siguiendo la estrategia del marxismo-leninismo, no existiría hoy EL Tribunal Superior de Bogotá, ni sus magistrados, ni la democracia de la que hoy gozamos, solo la dictadura comunista igual o peor que la de Cuba. Fue el M-19 el único y directo responsable de los asesinados contra los magistrados y funcionarios del Palacio de Justicia, son también los responsables de la comisión de crímenes de lesa humanidad y de crímenes de guerra, pero por esas absurdas paradojas de una justicia politizada, fueron indultados.
Los militares que participaron en le retoma del Palacio de Justicia, no pueden ser indultados, ni perdonados, ni mucho menos condenados, solo cabe para ellos la absolución dentro de la justicia, cuando los delitos que se les están imputando no han sido comprobados y la duda en derecho obra siempre a favor del acusado.