CARTA ABIERTA A LA OPINION PUBLICA

SEGURIDAD JURIDICA INSTITUCIONAL

LA JEP UN SALTO AL VACIO  PARA LA FUERZA PUBLICA

Poco tiempo después de darse a conocer por parte del Jefe del Estado el tratamiento especial diferenciado de Justicia Transicional para miembros de la Fuerza Pública, en situación subjudice por causa o razón  del conflicto armado y sus garantías de plena seguridad jurídica y blindaje internacional, surgieron muchas dudas y preocupaciones respecto a la nueva jurisdicción que sería creada para el efecto.

Sobre este particular, distintas asociaciones del Cuerpo de Oficiales de la Reserva  Activa, hicieron múltiples y frecuentes pronunciamientos ante diferentes instancias de la rama ejecutiva, legislativa y judicial, sin lograr la debida atención sobre los reparos que en su debida oportunidad, les fueron presentados.

El compromiso inicial del gobierno nacional con la reserva activa para adecuar y corregir algunos textos del acuerdo que se negociaba en La Habana y posteriormente en el acto legislativo sobre la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Esto no se cumplió y finalmente no contó con el aval del jefe del Estado, como tampoco en el trámite de la Ley Estatutaria que lo reglamentaria. No se honró ese compromiso.

En estas circunstancias, esta JEP se constituyó en un marco jurídico para beneficio exclusivo y preferente de las Farc, e instrumento útil para juzgar a sus contrapartes. El rechazo nacional, respecto a esta cuestionada figura, ha sido muy evidente. Bajo ninguna circunstancia puede ser admisible  que esta jurisdicción  especial favorezca a un solo  actor del conflicto.

En cuanto a la realidad de este beneficio exclusivo y de carácter preferente, claramente se ve materializado con la sesgada actuación del Comité de Escogencia que tuvo a su cargo la selección de magistrados del Tribunal Especial para la Paz, los de las diferentes salas del sistema, la de la directora de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos y de quien se desempeñara como responsable de funciones de fiscalía al interior de esta nueva jurisdicción. Todos estos funcionarios, en su mayoría, son activistas de la extrema izquierda radical, como también lo son quienes han sido dados a conocer en condición de integrantes de la Comisión de la Verdad.

Por todo lo anterior, los anuncios y compromisos del gobierno en tal sentido, no fueron más que una promesa del momento, para lograr el beneplácito y respaldo institucional.

La revisión constitucional del acto legislativo de la JEP, demostró a plenitud las graves falencias de su contenido, según los múltiples reparos presentados por el propio Presidente de esta colectividad, que actuó como ponente.

Sus claras y puntuales observaciones respecto a la ausencia de pesos y contrapesos al no contar con un mecanismo autónomo para disciplinar a sus funcionarios, la competencia preponderante sobre otras jurisdicciones y la facultad de juzgar todo tipo de conductas de carácter penal, civil y disciplinario, tal como lo cuestionamos en su momento, no fueron debidamente atendidas por un sector mayoritario de los miembros de esta Corte.

En estas circunstancias, se pudo demostrar que por los muchos errores de su contenido, existían grandes diferencias entre el proyecto original y la ponencia presentada. Lamentablemente, y en perjuicio de muchos, la JEP tal como fue avalada por la Corte Constitucional, se ha convertido en un preocupante salto al vacío para los miembros de la Fuerza Pública.

En este momento se corre el riesgo de haber dejado una puerta abierta a la Justicia Penal Internacional como instrumento de juzgamiento para militares y policías por no señalarse taxativamente que “bajo el principio universal de la FAVORABILIDAD, prima el valor PREFERENTE de nuestro Código Penal Colombiano”, y no el de otras instancias internacionales, como es el caso del Estatuto de Roma.

Por otra parte, y tal como se preveía, es importante destacar que con la reciente posesión de 30 de los 51 magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, se ha ofrecido una generosa concesión a las Farc, particularmente a sus cabecillas, quienes quedan habilitados ante las autoridades electorales del país para ser elegidos en dignidades de representación popular o cargos públicos.

Para completar y en perjuicio de muchos inculpados que sean sometidos a esta jurisdicción, al aprobarse la ley estatutaria de la JEP, el Congreso, en uso de facultades constitucionales reconocidas en sentencia de la Corte Constitucional, determinó inhabilidades para magistrados que, por su trayectoria profesional y otras actuaciones, podrían incurrir en la irregularidad de prejuzgamiento, que viciaría sus decisiones. Sin embargo, tal norma, que aún no ha sido resuelta por la Corte Constitucional, acaba de ser desconocida al tomarse juramento a algunos seleccionados, incursos en este tipo de impedimentos. Solo unos pocos magistrados entendieron la gravedad del hecho, y se abstuvieron de participar en este acto violatorio de la norma.

Finalmente, el régimen de inhabilidades que aprobó el Congreso de la República para ser magistrado de la JEP, podría afectar la posesión de algunos de los siguientes designados, por cuanto en los últimos cinco años trabajaron en procesos relacionados con el conflicto armado o tramitaron acciones en tal sentido ante sistemas u organismos internacionales. De la misma manera preocupa inmensamente la discrecionalidad en el nombramiento de los magistrados, auxiliares y otros funcionarios, sin normas o procedimientos adecuados que garanticen suficiente confiabilidad.

SANDRA ROCIO GAMBOA RUBIANO: Abogada de la Universidad Nacional. Tiene una maestría en Defensa de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario ante Organismos, Tribunales y Cortes Internacionales. Trabajo con el Colectivo de Abogados. JOSÉ ALVEAR RESTREPO.

Ha trabajado también con la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos en la representación judicial de estas personas, en labores como trámite de casos de detenciones arbitrarias y violaciones de derechos humanos al interior de las cárceles.

REINERE DE LOS ANGELES JARAMILLO CHAVERRA: En el ejercicio de su actividad como abogada ha representado judicialmente intereses de víctimas en desarrollo de diferentes etapas de procesos penales e incidentes de reparación integral en casos de violaciones a derechos humanos.

CLAUDIA LOPEZ DIAZ: Abogada. Trabajó con víctimas en la Deutsche Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit Gmbh (Sociedad alemana para la cooperación internacional). También en Justicia Internacional, Derecho Penal Internacional, Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario con entidades gubernamentales y ONG de víctimas vulnerables (niños afros, indígenas y mujeres).

ANA MANUELA OCHOA: Abogada. En el trabajo que ha adelantado con la Organización Indígena de Colombia (ONIC), participo en la conformación y articulación de la Red Jurídica Interdisciplinaria de Apoyo y Defensa de los Derechos de Pueblos Indígenas.

MARCELA GIRALDO MUÑOZ: Abogada. Funcionaria Corte Interamericana de Derechos Humanos (2012-2017).

NADIEZHDA NATAZHA HENRIQUEZ CHACÍN: Abogada. Cargos recientes con Organizaciones Internacionales y ONG Coordinadora de Litigio de Tierras. Integrante de la Comisión Colombiana de Juristas.

JOSÉ MILLER HORMIGA SANCHEZ: Abogado. Ha sido asesor jurídico en el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

PEDRO JULIO MAHECHA ÁVILA: Asesor jurídico en Derechos Humanos y abogado. Asesor del Sindicato de Trabajadores del Hospital Universitario Clínica San Rafael.

PEDRO ELIAS DIAZ ROMERO: Abogado especialista en Derechos Humanos. Fue fiscal delegado de Justicia y Paz, Jefe de la Fiscalía de Derechos Humanos, abogado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y jefe de Investigación de la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala.

Hace poco fue escuchado en indagatoria en la Corte Suprema de Justicia dentro de una investigación por presunta manipulación de las pruebas que llevaron a la condena de dos pilotos de la Fuerza Aérea por el caso del supuesto bombardeo a Santo Domingo, Arauca, el 12 de diciembre de 1998.

RODOLFO ARANGO, abogado litigante constitucionalista del Polo Democrático, DANILO ROJAS, exfuncionario de la rama judicial, ALEXANDRA SANDOVAL, litigante en procesos por violación de derechos humanos y YESID REYES, por su activa y reciente participación en diferentes procesos de negociación relacionados con el conflicto armado.

Mesa de Trabajo Permanente del Cuerpo de Oficiales de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares y Policía Nacional.

   Primera sesión 2018 – (19 de enero de 2018)

– ACORE (Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las FF.MM.)

– CUERPO DE GENERALES Y ALMIRANTES DE LAS FUERZAS MILITARES

– CONSEJO DE EX DIRECTORES Y COMANDANTES DE LA POLICIA NACIONAL.

– COLEGIO DE GENERALES DE LA POLICIA NACIONAL.

– DIVISION DE INFANTERIA “JOSE MARIA CORDOVA”.

– ASOCIACION DE OFICIALES EN RETIRO FUERZA AEREA COLOMBIANA “ASORFAC”

– ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL “ACORPOL”

– COLEGIO DE CORONELES DE LA POLICIA NACIONAL “ASCORP”

– GRUPO DE ARTILLERÍA SANTA BARBARA.

– GRUPO DE INGENIEROS MILITARES “FRANCISCO JOSE DE CALDAS”.

– REGIMIENTO DE CABALLERIA “SAN JORGE”.

– AGRUPACION OFICIALES DE COMUNICACIONES “MANUEL MURILLO TORO”.

– UNIDAD SIMBOLICA ANTONIO RICAURTE (FAC)

– ASOCIACION OFICIALES VETERANOS DE COREA “ASOVECOR”.

– ASOCIACION DE PARACAIDISTAS “ASIPAR”

– ASOCIACION INTERNACIONAL DE LANCEROS “INTERLANZA”.

– ASOCIACION DE EXALUMNOS DIPLOMADOS DE LOS CURSOS DE ALTOS ESTUDIOS   MILITARES (CAEM E INTEGRAL DE DEFENSA NACIONAL CIDENAL- ASOCACI).

 

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ACORE es la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares. Nuestra misión está encaminada a velar por el bienestar de los Acorados y sus familias.

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