¡Convidados de piedra!

Ser víctima del conflicto armado en Colombia es un verdadero INRI para los soldados y policías y sus familiares.

Por: José Obdulio Espejo Muñoz

A finales de mayo del año pasado, durante un evento en la plaza de Lourdes, en el marco de la Semana Internacional del Detenido-Desaparecido, los familiares de las víctimas de la Fuerza Pública −quienes también son víctimas indirectas del conflicto armado en Colombia− fueron desconocidos y revictimizados por los organizadores de este certamen y por los líderes de organizaciones sociales que como Asfaddes representan a las víctimas del Estado.

Pensé que esta agresión verbal era cuestión del calor propio del momento y que los funcionarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá y de la gobernación de Cundinamarca quizás habían pecado por descuido o ignorancia. Casi un año después compruebo que no es así, pues se continúa dando trato de segunda a las víctimas provenientes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

A ellos se les convoca mayormente para que aparezcan en la fotografía oficial. Lo triste es que esta práctica no es exclusiva de las agencias del Estado responsables de atender las necesidades de las víctimas, pues también ha hecho carrera en las oficinas pares instituidas en el sector Defensa.

Dos hechos recientes ilustran este llamado de atención. El pasado lunes 9 de abril, en el marco del Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado, la Alta Consejería para las Víctimas, la Paz y Reconciliación de la Alcaldía Mayor de Bogotá organizó el evento ‘Estaciones para la Reconciliación’. Como quiera que en el ministerio de Defensa y en las Fuerzas Militares no se había previsto mayor cosa, entonces se sumaron a los actos conmemorativos del Distrito y así lo hicieron saber a las víctimas que representan.

¡Oh sorpresa! Las víctimas de la Fuerza Pública fueron situadas por la organización en la estación prevista en inmediaciones del Museo del Oro, lejos de la prensa, del foco de las cámaras y del evento central que tenía lugar en la Plaza de Bolívar, como bien me lo hicieron saber algunos líderes y lideresas de estas organizaciones sociales que claman la verdad sobre qué pasó con los que en otrora le sirvieron a la patria. Es menester precisar que funcionarios de rango medio del ministerio de Defensa y de las Fuerzas Militares estuvieron con ellos todo el día; sin embargo, la grata compañía no borró el sinsabor de ese trago amargo.

El viernes anterior sucedió algo similar. Con la mejor intención −creo yo−, el comando del Ejército los convocó en las instalaciones del Centro de Rehabilitación Inclusiva (CRI), situado en el cantón militar de Puente Aranda, en el occidente de Bogotá, con la promesa de reunirlos con el padre Francisco De Roux, presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.

Asistieron puntuales a la cita, emocionados por el hecho de que por primera vez tendrían la oportunidad de sostener un diálogo franco y abierto con De Roux. Su desconcierto fue mayúsculo cuando en los puntos del programa previsto para esa tarde no había ninguno para conversar con él. Para ellos, el nombre del presidente de la Comisión de la Verdad fue el gancho ciego que utilizaron para asegurar su asistencia masiva.

Algunas de estas víctimas y sus familiares me dijeron que el único interés del Ejercito era hacerle mayor bombo al libro Los Miembros de la Fuerza Pública Víctimas del Conflicto Armado en Colombia. Lo curioso es que este trabajo académico ya había sido presentado siete días atrás, en un evento realizado en la Escuela de Ingenieros Militares, pero al que no los invitaron.

Cansados de estos desaires y desplantes, representantes de cinco asociaciones de víctimas de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional se reunieron en la sede de la Alta Consejería del Distrito para las víctimas. Allí, en presencia de una funcionaria de este ente distrital y de una delegada del Concejo de Bogotá, exigieron respeto a las agencias del Estado responsables de atenderlos en su condición de víctimas del conflicto armado, en especial de aquellas instituidas en el ministerio de Defensa y en las Fuerzas Militares.

Delegados de cinco organizaciones sociales (Personas con Capacidades Distintas, Percadi; Asociación Colombiana de Militares Desaparecidos, Acomides; Mil Víctimas; Fundehonor y Fuentes del sur) firmaron un acta para que no se les convide a ceremonias y eventos que buscan legalizar la gestión y los resultados de las agencias dolientes del tema en el Estado.

En verdad les preocupan temas más gruesos, verbigracia, que alguien les diga con certeza cuál es la ruta para que sus voces sean escuchadas en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. A la fecha, no han participado en ninguna audiencia o taller preparatorio para las víctimas, como si lo han hecho personas de otras organizaciones pares en la sociedad civil. Ni el gobierno, ni el ministerio de Defensa, ni las Fuerzas Militares, mucho menos la ONU, han mostrado interés en el tema, bien por olvido, descuido o mala intención.

Es tal su abandono, que están seguros de que en las oficinas del ministerio de Defensa y en las de las Fuerzas Militares no saben siquiera cuántas organizaciones de víctimas de la Fuerza Pública hay en Colombia. De su crítica no se salva ni Carlos Guillermo Ospina, único ex integrante de la Fuerza Pública que convenció al Comité de Escogencia para ocupar un solio en la Comisión de la Verdad. Afirman que este mayor retirado del Ejército no les ha dado la cara desde que fue elegido.

 

http://lasillavacia.com/silla-llena/red-de-la-paz/historia/convidados-de-piedra-65621

 

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