La JEP, un salto al vacío para la Fuerza Pública

Por: Brigadier General (RA) Jaime Ruiz Barrera

Poco tiempo después de darse a conocer por parte del jefe del Estado el tratamiento
especial diferenciado de la Justicia Transicional para miembros de la Fuerza Pública,
en situación subjudice por causa o razón del conflicto armado y sus garantías de plena
seguridad jurídica y blindaje internacional, surgieron muchas dudas y preocupaciones
respecto a la nueva jurisdicción que sería creada para el efecto.

 

Sobre este particular, distintas asociaciones del Cuerpo de Oficiales de la Reserva Activa hicieron múltiples y frecuentes pronunciamientos ante diferentes instancias de la rama ejecutiva, legislativa y judicial, sin lograr la debida atención sobre los reparos que en su debida oportunidad fueron presentados.

El compromiso inicial del Gobierno Nacional -en cabeza del actual ministro de Defensa y algunos funcionarios del despacho presidencial- con 18 asociaciones y otros miembros muy representativos de la reserva activa pertenecientes a la Mesa de Trabajo Permanente, el cual consistía en adecuar y corregir algunos textos del acuerdo que se negociaba en La Habana y posteriormente en el acto legislativo sobre la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) que tendría trámite posterior en el Congreso de la República, no contó con el aval  del Jefe del Estado, como tampoco lo fue en la Ley Estatutaria que lo reglamentaría.

En estas circunstancias, esta JEP se constituyó en un marco jurídico exclusivo para beneficio preferente  de las Farc e instrumento útil para juzgar a sus contrapartes. El rechazo nacional respecto a esta cuestionada figura no se hizo esperar. Ha sido muy evidente, puesto que bajo ninguna circunstancia puede ser admisible  que esta nueva jurisdicción favorezca a un solo  actor del conflicto.

En cuanto a la realidad de este beneficio de carácter preferente, claramente se ve materializado con la sesgada actuación del Comité de Escogencia  que tuvo a su cargo la selección de magistrados del Tribunal Especial para la Paz, los de las diferentes salas del sistema, la de la Directora de  la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos y de quien se desempeñara como responsable  de funciones de fiscalía al interior de esta nueva jurisdicción. Todos son activistas de la extrema izquierda radical, como también lo son quienes han sido dados a conocer en condición de integrantes de la Comisión de la Verdad.

Por todo lo anterior, los anuncios y compromisos del gobierno en materia de seguridad jurídica y blindaje internacional, no se cumplieron en los términos en que nos fueron anunciados.

En estas condiciones, la revisión constitucional del acto legislativo de la JEP demostró a plenitud las graves falencias de su contenido, según los múltiples reparos presentados por el presidente de esta colectividad, que actuó como ponente del proyecto.

Sus claras y puntuales observaciones respecto a la ausencia de pesos y contrapesos al no contar con un mecanismo autónomo para disciplinar a sus funcionarios, la competencia preponderante sobre otras jurisdicciones y la facultad de juzgar todo tipo de conductas de carácter penal, civil y disciplinario, tal como lo cuestionó en su momento la reserva activa, no fueron debidamente atendidas por un grupo mayoritario de magistrados de esta Corte.

Frente a esta situación, si existían grandes diferencias entre el proyecto original y la ponencia presentada, lamentablemente y con gran perjuicio, la JEP se ha convertido en un salto al vacío para los miembros de la Fuerza Pública.

En este momento se corre el riesgo de haber dejado una puerta abierta a la Justicia Penal Internacional como instrumento de juzgamiento para militares y policías, al no señalarse taxativamente que “bajo el principio universal de la favorabilidad, prima el valor preferente de nuestro Código Penal Colombiano” y no el de otras instancias internacionales, como es el caso del Estatuto de Roma.

Artículo publicado en la revista ACORE 2017 

 

 

 

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