La satisfacción del deber cumplido

EDITORIAL PERIÓDICO ABRIL 2017

Asamblea General Ordinaria 2017

El pasado 25 de marzo se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria de nuestra asociación con la presencia de los presidentes de las diferentes seccionales y un total de  207 participantes, evento en el cual, según normas estatutarias, se dio a conocer el informe de gestión de la Presidencia Nacional, la Junta Directiva y el Cuerpo Administrativo en las áreas de Secretaría General, Departamentos Administrativo y Financiero, Socios, Divulgación y Comunicaciones y Centro de Estudios Sociopolíticos.

En lo correspondiente al informe de gestión de la Presidencia Nacional y la Junta Directiva, como hechos más relevantes se destacaron los siguientes:

Mantener y sostener la solidez financiera que se ha venido registrando en los últimos años. Contamos en este momento con activos equivalentes a $4.517.283.000, un patrimonio efectivo de $4.223.533.000 y unas reservas constituidas en fondos de solidaridad, defensa de derechos, ayuda social, defensa institucional e inversiones para activos fijos en un gran total de $3.468.223.000.

En materia de bienestar y recreación, logramos en este periodo crear el centro vacacional de Santa Marta en Playa Salguero, con la adquisición de otras dos cabañas muy confortables. También la adecuación, remodelación, dotación y mantenimiento de distintas sedes de nuestras seccionales. De igual manera, la actualización y optimización de varios convenios de cooperación para beneficio de los asociados en aspectos relacionados con salud, seguros y servicios bancarios. Mejoramiento y adecuación del Centro Asistencial de ACORE en la sede nacional y la realización de múltiples eventos recreativos de carácter cultural y turístico con programas de viaje a diferentes destinos nacionales e internacionales.

En otros campos, es muy grato destacar el logro alcanzado para que ACORE, en el nivel internacional, haya sido aceptado como Agente Consultor de la Organización de Estados Americanos (OEA) y, así mismo, continuar como integrante del Foro Regional de Buenos Aires. Por otra parte, los distintos conversatorios realizados durante el periodo, permitieron una vez más nuestra activa participación en temas de interés nacional e institucional con la presencia de altos funcionarios del Estado e importantes personalidades del país.

En cuanto a la urgente necesidad de proteger hacia el futuro y hasta donde sea posible los ingresos salariales que nos corresponden como miembros de la Fuerza Pública, iniciamos una acción legal con la firma de los presidentes y responsables de las distintas asociaciones y organizaciones que conforman la Mesa de Trabajo Permanente del Cuerpo de Oficiales de la Reserva Activa, la cual se radicó ante la Sección Segunda del Consejo de Estado, buscando que todas las partidas computables que recibimos, tales como prima de actividad, prima de antigüedad, subsidio familiar y otras de carácter especial, se incorporen como factor salarial al sueldo básico establecido con carácter de derecho adquirido. De lograrse lo anterior, obtendríamos un blindaje similar al que la ley 4 de 1992, en su artículo 14, otorgó a los funcionarios de la rama judicial. Esta demanda se encuentra en curso y fue debidamente aceptada con fecha 10 de febrero de 2016.

Igualmente y por tratarse de un tema de gran trascendencia que requiere la mayor atención de todos los asociados en particular, y de toda la reserva activa de la Fuerza Pública en general, se puso en conocimiento de los asambleístas lo concerniente a la seguridad jurídica y la aplicación de la justicia transicional para militares y policías en situación subjudice por causa o razón del conflicto armado que ha experimentado el país en las últimas décadas y la forma como nos afecta esta nueva jurisdicción especial.

En cumplimiento de esta tarea, ACORE y otras 16 asociaciones del cuerpo de oficiales de la reserva activa, pertenecientes a las FF.MM. y la Policía Nacional, integradas en la Mesa Permanente de Trabajo (MPT), han venido realizando importantes e insistentes esfuerzos tendientes a contrarrestar esta vasta campaña de agresión o guerra jurídica, que actualmente compromete a miles de nuestros combatientes y policías, muchos de ellos víctimas inocentes de aberrantes procesos judiciales orquestados a través de falsas pruebas, falsos testigos y todo tipo de argucias procesales.

Como es bien sabido, dentro de la justicia ordinaria están siendo juzgados irregularmente muchos militares y policías por violación a los derechos humanos y no por conductas atinentes al Derecho Internacional Humanitario, que es lo que verdaderamente corresponde.

La labor cumplida por ACORE y la MTP en búsqueda de soluciones para enfrentar este gravísimo problema, se ha llevado a cabo a través del Congreso de la República por conducto de sus diferentes bancadas y con funcionarios del ministerio de Defensa Nacional, altos mandos y varios asesores jurídicos del Estado Mayor Conjunto del Comando General de las FF.MM.

Varios abogados miembros de nuestra asociación han estado participando en esta importante tarea. Algunas actuaciones en el Congreso de la República han sido muy evidentes y publicitadas.

Con la Fiscalía General de la Nación, tal como lo dimos a conocer oportunamente, tras dos años largos de trabajo, logramos momentáneamente la posibilidad de anular la llamada “prueba de contexto” y la interpretación favorable de no aplicar a los miembros de la Fuerza Pública, la figura de “conformación de aparatos organizados de poder”, como conducta delictiva.

Lamentablemente no se cumplieron los compromisos formalmente adquiridos en cuanto a la expedición de unas directivas, en las cuales también se incluiría lo concerniente a la interpretación jurídica de importantes conceptos tales como: máximos responsables, delitos de lesa humanidad y prescripción de la acción penal.

Respecto al convenio inter-institucional realizado entre los ministerios de Defensa y Justicia, sobre “Justicia Transicional y su aplicación a miembros de la Fuerza Pública”, ACORE, como parte integrante de la Mesa de Trabajo Permanente, a través de sus propios medios de difusión, entrevistas, redes sociales y otros sistemas de comunicación, ha venido cuestionando de manera insistente, la no inclusión en el Acto Legislativo para la Paz de reciente aprobación, la aplicación preferente del Código Penal Colombiano, como también lo pertinente a la interpretación taxativa de la legalidad de  las normas operacionales que rigen institucionalmente para nuestros combatientes en misiones de seguridad y defensa nacional a través de directivas, manuales y reglamentos vigentes. En estas circunstancias no es totalmente cierto, tal como se afirma, que todo lo concerniente a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y su aplicación a miembros de la Fuerza Pública ya ha sido resuelto de manera favorable.

En cuanto a la Comisión que designará los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se hizo saber la desconfianza existente respecto a las personas de nacionalidad extranjera que han sido facultadas para realizar estos nombramientos, teniendo en cuenta su perfil, antecedentes y posición ideológica radical que los señala como activistas de la extrema izquierda internacional y sus antiguos vínculos con organizaciones terroristas pertenecientes a España, Perú y Argentina.

Esta misma Comisión tendrá también la responsabilidad de designar los integrantes que conformaran la Comisión de la Verdadorganismo que en un plazo no mayor de tres años, deberá presentar un documento que recoja toda la información relacionada con los hechos más graves ocurridos dentro del conflicto armado, señalando víctimas y victimarios resultantes de este trágico episodio de la vida nacional. Igualmente,  designara a quienes formaran parte de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos que tendrá a su cargo la tarea de localizar a las víctimas del conflicto armado cuyo paradero sea desconocido.

En términos generales, lo expuesto anteriormente recoge como ya se dijo, los hechos más relevantes de la gestión realizada por la Presidencia y la Junta Directiva Nacional durante el periodo estatutario del 2016-2017, agradeciendo de manera especial el reconocimiento de que ha sido objeto esta administración por parte de los presidentes de las distintas seccionales y de quienes se hicieron presentes en la Asamblea General Ordinaria correspondiente al presente año.

Una vez más, este generoso reconocimiento constituye un gran compromiso para continuar con la tarea que estamos desarrollando y para cumplir con el mandato recibido de quienes en su momento depositaron su confianza y su voto cuando nos postulamos para ejercer la Presidencia y la Junta Directiva Nacional, que durante tres periodos consecutivos hemos venido desempeñando.

Todo lo anterior se ha realizado en función del Decálogo de Compromisos que presentamos como plan de acción en el momento de esa postulación, el cual sintetizamos a continuación y que seguirá siendo la carta de navegación para alcanzar y consolidar las metas que nos hemos propuesto

Lo logrado hasta el momento, sin lugar a dudas, constituye para nosotros la gran satisfacción del deber cumplido.

 

Decálogo de Compromisos

Presidencia y Junta Directiva Nacional

 

  1. Proyección y fortalecimiento de la asociación.
  2. Búsqueda de liderazgo, unidad e integración.
  3. ACORE como importante grupo de presión.
  4. Compromiso institucional y no político partidista.
  5. Posicionamiento eficaz y sostenible.
  6. Actuación permanente dentro del marco estatutario.
  7. Eficiente gestión administrativa con austeridad en el gasto.
  8. Actualización y optimización constante en oferta de servicios atinentes al objeto social.
  9. Apoyo irrestricto e inmediato a la gestión y solución de problemas propios de las seccionales.
  10. Vocería institucional prudente y oportuna.

Brigadier General (RA) JAIME RUIZ BARRERA

Presidente Nacional ACORE

 

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ACORE es la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares. Nuestra misión está encaminada a velar por el bienestar de los Acorados y sus familias.

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