Compartimos con ustedes el discurso que pronunció el Brigadier General (RA) Jaime Ruíz Barrera, presidente Nacional de ACORE, en el marco de la celebración del quincuagésimo sexto aniversario de nuestra Asociación, durante la ceremonia militar realizada el pasado 25 de noviembre en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova.
Sea propicia la ocasión en que celebramos 56 años de existencia, para hacer referencia a un tema institucional de vital importancia, que tiene que ver con la seguridad jurídica para los miembros de la Fuerza Pública.
Este tema desde hace mucho tiempo, se ha convertido en motivo de gran preocupación, por cuanto hasta el momento, no se han logrado soluciones adecuadas, que permitan enfrentar con éxito la guerra sin cuartel desatada desde los estrados judiciales en contra de nuestras instituciones castrenses, como consecuencia del conflicto armado que enfrenta el país desde hace varias décadas.
ACORE y otras 16 asociaciones del cuerpo de oficiales de la reserva activa, pertenecientes a las FF.MM. y Policía Nacional, integradas en una mesa permanente de trabajo(MPT), han venido realizando importantes y permanentes esfuerzos tendientes a contrarrestar esta vasta campaña de agresión jurídica, que en el momento actual, compromete a miles de nuestros combatientes y miembros de la policía, muchos de ellos víctimas inocentes de aberrantes procesos judiciales orquestados a través de falsas pruebas, falsos testigos y todo tipo de argucias procesales.
Todo lo anterior, entre otras cosas, obedece principalmente a la falta de garantías judiciales que se vienen presentando por la ausencia del juez natural, constitucionalmente previsto para nuestros militares y policías, en concordancia con el fuero y la Justicia Penal Militar y Policial.
Actualmente, dentro de la justicia ordinaria, están siendo juzgados irregularmente muchos militares y policías por violación a los derechos humanos, y no por conductas atinentes al Derecho Internacional Humanitario, que es lo que verdaderamente corresponde.
Para enfrentar este problema, por parte de nuestras asociaciones, hasta el momento no se ha ahorrado esfuerzo alguno en búsqueda de soluciones.
La tarea cumplida en tal sentido, se ha llevado a cabo a través del Congreso de la República por conducto de sus diferentes bancadas, Fiscalía General de la Nación, mediante mesas de trabajo creadas para el efecto, Procuraduría General de la Nación, dentro de un comité especial que se conformó para este propósito, y con funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional, altos mandos y varios asesores jurídicos del Estado Mayor Conjunto del Comando General de las FF.MM.
El esfuerzo principal, se orientó inicialmente a la recuperación y ampliación del fuero penal militar y policial y a la reestructuración de nuestro sistema castrense de Justicia.
Varios de nuestros abogados miembros de ACORE y de la MTP, participaron en esta importante tarea. Nuestras actuaciones en el Congreso de la República, fueron muy evidentes y publicitadas.
Con la Fiscalía General de la Nación, después de dos años largos de trabajo, logramos momentáneamente, la posibilidad de anular la llamada “prueba de contexto” y la interpretación favorable de no aplicar a los miembros de la fuerza pública, la figura de “conformación de aparatos organizados de poder”, como conducta delictiva.
Lamentablemente, en su momento, no se cumplieron los compromisos formalmente adquiridos en cuanto a la expedición de unas directivas, en las cuales también se incluiría lo concerniente a la interpretación jurídica de importantes conceptos tales como “máximos responsables”, “delitos de lesa humanidad” y “prescripción de la acción penal”.
Respecto al reciente convenio inter-institucional realizado entre los ministerios de Defensa y Justicia, sobre “Justicia Transicional, y su aplicación a miembros de la fuerza pública”, ACORE como parte integrante de la Mesa de Trabajo Permanente, a través de sus propios medios de difusión, entrevistas, redes sociales y otros sistemas de comunicación, ha explicado claramente la viabilidad de acogerse voluntariamente a estos mecanismos transitorios de justicia, por cuanto, en el momento actual, sin lugar a dudas, es la mejor opción con que se cuenta.
Este convenio que a la postre se convirtió en un capítulo especial de la proyectada ley de amnistía, como resultante de los acuerdos negociados en la Habana, recientemente fue objeto de revisión conjunta en algunos de sus apartes, lográndose el compromiso por parte del gobierno nacional, de efectuar algunas adiciones para garantizar una mayor claridad y efectividad en su aplicación a miembros de la Fuerza Pública.
En este mismo sentido, el Señor Presidente de la República y el Señor Ministro de Defensa Nacional, avalaron y aceptaron las propuestas formuladas por la MTP, bajo el claro concepto de otorgar máximos beneficios con plenas garantías de seguridad jurídica, dentro de un tratamiento especial y diferenciado a miembros subjudice de la Fuerza Pública.
Sin embargo, pocos días después, en el momento en que se dio a conocer el contenido de los nuevos acuerdos que fueron renegociados en La Habana, fuimos sorprendidos con inesperadas modificaciones realizadas respecto al tratamiento especial que se nos había anunciado.
La modificación más preocupante, tuvo que ver con la adición de un inexplicable párrafo al artículo 44 del nuevo acuerdo, en el cual, y a juicio nuestro, de manera innecesaria se entraba a definir el concepto de “control efectivo de superiores sobre conductas delictivas de subalternos”, en la forma como lo establece el cuestionado artículo 28 del Estatuto de Roma.
En este sentido, el mensaje era bastante preocupante. La aplicación o interpretación de responsabilidad penal con la que se quería señalar taxativamente a comandantes militares o policiales, mostraba claramente la mala intención con que fue introducido, en perjuicio directo de quienes ejercen o han ejercido los diferentes niveles de mando al interior de nuestras instituciones castrenses.
Todos sabemos que este cuestionado artículo, tal como lo hemos calificado, ha sido motivo de rechazo en la legislación interna de diferentes países, y en nuestro caso, no forma parte del bloque de constitucionalidad.
Por fortuna, y esto hay que destacarlo, gracias a la intervención de nuestra línea de mando institucional (alto mando militar y policial), con el respaldo del Ministro de Defensa Nacional, contando también con la participación de la reserva activa, logro corregirse estas inexplicables y tendenciosas modificaciones en forma rápida y oportuna.
En estas circunstancias, esperamos que este sistema dejusticia transicional, especial y diferenciado, que se nos ha anunciado, pueda ser aplicado a los miembros de nuestra fuerza pública en situación subjudice, una vez se inicie el proceso de implementación de los acuerdos finales para la terminación del conflicto armado con las FARC, que acaba de ser firmado.
Para terminar, quiero presentar un efusivo saludo de reconocimiento a los Cursos de Oficiales de las Fuerzas Militares que cumplen cincuenta años de haber egresado de sus respectivas escuelas de formación y que por tal motivo han sido distinguidos en esta ceremonia con la Medalla Militar “Bodas de Oro” del Comando General de las FF.MM. y la “Rafael Reyes Cincuenta Años” de ACORE.
Igualmente, a quienes han sido acreedores de la “Medalla al Mérito” otorgada por el Consejo de la Medalla de nuestra asociación.
Para todo ellos, nuestras más sinceras felicitaciones.
MUCHAS GRACIAS…………y para cerrar mi intervención, permítanme decirles la importancia que representa en esta ocasión, la significativa frase de un distinguido General que peleo en la Segunda Guerra Mundial:
“Nuestra milicia es y siempre será jerarquizada…. Los viejos Generales, Coroneles y otros superiores, que ayer fungieron como jefes o comandantes, siguen y seguirán siendo, la guía espiritual y el mejor ejemplo para las nuevas generaciones que hoy tienen bajo sus hombros, la misma responsabilidad que ellos tuvieron en la defensa de la patria”
Douglas Mc Arthur
ACORE seguirá siendo: ……. ¡compromiso de todos!
Brigadier General (RA) Jaime Ruiz Barrera
Presidente Nacional
Noviembre 25 de 2016
