Desde el interior de la Reserva Activa de nuestras Fuerzas Militares y Policía Nacional, al igual que en muchos sectores ciudadanos, se ve con temor e incertidumbre el futuro inmediato de nuestra realidad nacional.
La preocupante situación que registra el país en términos económicos, políticos y sociales, ha generado una perdida evidente de gobernabilidad, acompañada de una marcada polarización social, dejando también al descubierto una gran corrupción en distintos frentes de la esfera pública.
Por otra parte, en lo que tiene relación con el proceso de implementación de los acuerdos pactados con las Farc, surge también un gran desconcierto y rechazo por los excesivos beneficios otorgados a esta organización, sin verse hasta el momento resultados concretos, claros y tangibles en cuanto al cumplimiento efectivo de todo aquello a que se comprometieron sus negociadores en cuanto a dejación de armas, desmovilización de sus frentes y entrega de bienes para resarcir a sus víctimas.
Respecto al tratamiento especial diferenciado anunciado para la Fuerza Pública en materia de seguridad jurídica, hasta el momento no ha sido realmente favorable. El gobierno nacional hizo caso omiso frente a las justas y repetitivas peticiones de la reserva activa de las FF.MM. y Policía Nacional para adecuar los textos del proyecto de Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), relacionados con la responsabilidad de mando a fin de determinar taxativamente la prevalencia del Código Penal Colombiano sobre la normatividad penal internacional, con fundamento en el principio universal de favorabilidad.
A través de recientes comunicados de la Mesa de Trabajo Permanente del Cuerpo de Oficiales de la Reserva Activa (que aparecen publicados en páginas interiores de esta edición), se formularon serios reparos en materia de seguridad jurídica institucional por el sesgo ideológico surgido a raíz de la conformación, tanto del Tribunal de Paz, como de la Comisión de la Verdad, con lo cual queda en entredicho desde ya, su imparcialidad respecto a decisiones y fallos judiciales que tendrán que adoptar en diferentes procesos.
Para aumentar esta gran incertidumbre, producto de la situación que se presenta, surge otra nueva preocupación, al darse a conocer recientemente las recomendaciones de un grupo de expertos e investigadores que formaron parte de la Comisión del Gasto y la Inversión Pública, frente al tema de salarios, pensiones y servicios para miembros de las Fuerzas Militares y Policía Nacional.
Según estos expertos, el Estado debe revisar, racionalizar y actualizar el sistema de seguridad social de la Fuerza Pública por ser “excesivamente oneroso para el fisco nacional”.
Consecuente con todo anterior, en materia de seguridad jurídica y seguridad social, corresponde a ACORE y a la Mesa de Trabajo, en coordinación con el alto mando institucional, estar alertas y realizar oportunamente, las acciones pertinentes para defender todos nuestros derechos adquiridos ante las instancias que correspondan.
No podemos ser indiferentes frente a esta preocupante situación y, por tanto, debemos recurrir una vez más a toda nuestra capacidad de gestión, experiencia y liderazgo que hemos alcanzado para encontrar soluciones adecuadas que permitan garantizar plenamente la vigencia y seguridad institucional, que legal y constitucionalmente nos corresponde como responsables directos de todo lo atinente a la seguridad y defensa nacional.
Brigadier General (RA) Jaime Ruiz Barrera
Presidente Nacional de ACORE
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