José Obdulio Espejo Muñoz
En 1998, después de asumir el comando de la Primera División del Ejército, el general Víctor Julio Álvarez Vargas dijo una verdad de perogrullo en El Tiempo: los generales son los “fusibles del Estado”. Concuerdo con esta afirmación, que, además, reúne todas las características para ser considerada frase célebre en el diccionario de colombianismos.
Esta máxima criolla se ajusta a más de una veintena de casos documentados −tanto en la centuria pasada, como en esta−, incluida la destitución del brigadier general Paulino Coronado Gámez, hoy sentado en el banquillo de los acusados de la JEP por su presunta participación en homicidios en persona protegida, incorrectamente llamados “falsos positivos”.
Cuando el país conoció los asesinatos de jóvenes de Soacha que fueron presentados como muertos en combate, Coronado comandaba la Brigada 30 del Ejército, con puesto de mando en Cúcuta y jurisdicción en Norte de Santander. Dado que estos execrables crímenes fueron atribuidos a uniformados de la Brigada Móvil 15, asentada en Ocaña, Álvaro Uribe ordenó destituirlo por recomendación de su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.
Lo que muchos desconocen de esta historia es que la Móvil 15 no estaba bajo su control operacional. Ni si quiera el batallón de apoyo y servicios para el combate de Cúcuta suplía los requerimientos administrativos de esta unidad. Entonces, Coronado fue el fusible que el Estado reemplazó ante la crisis, al hacerlo responsable del comportamiento indecoroso de uniformados que no comandaba.
Aquí está la respuesta para aquellos que se preguntan por qué Coronado fue el primer general llamado a imputación de cargos en el Caso 003. Al ser el chivo expiatorio del establishment en el pasado, lo es ahora para la JEP. Su acusación es “de oídas”, pues no existe documento administrativo u operacional (manual, directiva, plan, orden de operaciones o audio de programa radial) que lo vincule ordenando el asesinato de civiles para presentarlos “ilegítimamente” como “bajas en combate”. Ante tan pobre acervo probatorio, la omisión se ajusta como anillo al dedo a los intereses del sesgado y espurio tribunal.
En consecuencia, el auto 125 −que le imputa responsabilidad por omisión en 31 crímenes de guerra y otras conductas que rayan con la lesa humanidad− lo coloca al mismo nivel de su homólogo, el general bosnio Ratko Mladić (el ‘carnicero de Srebrenica’) y del expresidente serbio Slobodan Milošević, los dos principales criminales de guerra en el conflicto de los Balcanes o guerras yugoeslavas.
Amén de que se me destroce en los comentarios con insultos y sin argumentos −dada mi condición de coronel retirado del Ejército y miembro de Acore−, diré que creo en su inocencia. Doy fe de que siendo comandante en Chocó, Sumapaz y Norte de Santander, privilegió las desmovilizaciones sobre las capturas y estas sobre las muertes en combate, afín con políticas operacionales del ministerio de Defensa para la época. Y lo hizo porque gran parte de su carrera la desarrolló de cara a la comunidad, en tareas propias de responsabilidad social del Ejército.
