¿Rendición de cuentas al enemigo?
Brigadier General (RA) JAIME RUIZ BARRERA / Julio 29 de 2020
A raíz de la renuncia de carácter irrevocable presentada por el señor Mayor (RA) Carlos Guillermo Ospina como comisionado de la cuestionada Comisión de la Verdad, el documento que se transcribe a continuación, fechado en julio 2020, cobra mucha actualidad por las claras advertencias que se hicieron respecto al sesgo político y ausencia total de imparcialidad que desde un principio caracterizó a esta entidad.
En otros términos, con esto se demuestra que a través de esta Comisión y su habilidoso mecanismo, militares y policías tendrán que rendir cuentas al enemigo…
El Comité de Escogencia del llamado Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), a través del cual se creó la Comisión de la Verdad, en desarrollo del punto relativo a la agenda de negociación de La Habana sobre víctimas del conflicto, desde un principio generó muchas dudas y quizás, más preguntas que respuestas, particularmente por la forma como se seleccionaron sus cuestionados integrantes.
El objetivo principal de esta poderosa Comisión, según se acordó en estas negociaciones, es el de “contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y al reconocimiento de responsabilidades ante las víctimas del conflicto, con el propósito de evitar su repetición, y buscar sobre bases firmes, la reconciliación y la construcción futura de una paz firme y duradera”. Hasta ahí es perfectamente entendible e inobjetable. También lo es en lo relacionado con algunos de sus criterios orientadores establecidos, en cuanto a su momento de aplicación, su situación transitoria, su enfoque diferencial y de género y su carácter de mecanismo extrajudicial.
Sin embargo, dadas las experiencias obtenidas desde el momento mismo en que se llevaba a cabo su proceso de creación, a través de un foro nacional y otros de tipo regional, realizados como parte de la agenda que se estaba pactando en estas negociaciones, fueron tantas las irregularidades cometidas, que las distintas asociaciones del Cuerpo de Oficiales de la Reserva Activa integrantes de la Mesa de Trabajo Permanente (MTP), hicieron en su momento un fuerte pronunciamiento, denunciando en forma categórica la actuación asumida por las FARC, como también la de falsos voceros de supuestas víctimas y la de algunos organismos nacionales e internacionales, con lo cual se ofendía en materia grave, la dignidad de las Fuerzas Armadas de la República y se afectaba la imparcialidad requerida para adelantar este proceso.
Se insistía en estos foros acusar y hacer responsable al Estado colombiano por infundados hechos criminales no comprobados, atribuyéndolos sin verdad jurídica alguna a miembros de la Fuerza Pública. Estos graves antecedentes son precisamente los que han puesto en entredicho la credibilidad, idoneidad, imparcialidad, autonomía y entendimiento requeridos para encontrar la verdad histórica del conflicto armado, utilizando este cuestionado mecanismo.
Para el caso específico de la Fuerza Pública, según las FARC durante el proceso de negociaciones, el principal y único responsable por violaciones constantes y sistemáticas de DD.HH. y graves infracciones de DIH es el Estado colombiano y, consecuentemente, quienes portan las armas de la República, como causantes directos de este tipo de violaciones. Desde esa época y aún, en este momento, quieren también considerarse víctimas y no victimarios. Tampoco quieren aceptar comprometimiento alguno, especialmente sus cabecillas, como máximos responsables de su accionar terrorista y criminal.
De esta manera, han pretendido justificar el derecho de rebelión como causa justa de su accionar delictivo. En función de esto, fueron muy insistentes en exigir en su momento, la rápida conformación de esta Comisión, para sustentar, a través de ella, la tesis de que todas sus actuaciones fueron “actos de guerra”, toda vez que “su política tradicional fue la de no causar daños a la población civil”.
En su habitual cinismo, contando además, con la anuencia de algunos organismos nacionales e internacionales y el respaldo de diferentes ONG de extrema izquierda radical que les son afines, pretenden obtener ahora grandes ventajas para distorsionar, a su acomodo, la verdadera realidad histórica y, sobre todo, sentar las bases necesarias que les garantice plenamente, como hasta el momento lo han logrado, que el acuerdo final para la terminación del conflicto, por ningún motivo, se constituya en un proceso de sometimiento a la Justicia. Es decir, frente a la verdad histórica… total impunidad.
En estas circunstancias, tal como lo estamos viendo, la Fuerza Pública será señalada como principal responsable de la mayor parte de víctimas generadas por el conflicto armado. Curiosamente, esta misma afirmación es coincidente con lo expuesto por el Centro Nacional de Memoria Histórica en su publicación ¡Basta Ya!, documento que, inexplicablemente, fue convertido en texto de enseñanza obligatoria para los distintos niveles educativos del país por orden del anterior Gobierno.
En la misma dirección, un informe rendido por doce intelectuales designados vertiginosamente por la mesa de negociaciones de La Habana, agrupados como Comisión Histórica del Conflicto, produjo un relato que no correspondió a la verdad de lo ocurrido. Sus cuestionados análisis se basaron en una supuesta realidad: “El Estado colombiano es el gran responsable de todo lo acontecido durante el conflicto armado, ya por acción o ya por omisión. En otros términos, por haber sido incapaz de garantizar la tranquilidad y la seguridad pública que le impone la carta política de la nación. Ni siquiera a la fecha ha logrado copar con su presencia y cuestionada autoridad, enormes rincones de la geografía patria”.
Este documento, según voceros de las FARC, es el que permite comprender en este momento la complejidad del conflicto armado y las causas que lo originaron en materia de justicia social, las cuales tal como ya se dijo, son de responsabilidad exclusiva del Estado. En tales condiciones, este mismo informe también favoreció a esta organización, por la forma como se han autocalificado en su condición de “víctimas del establecimiento”.
Por último, es conveniente afirmar que, frente a esta situación, los miembros de la Fuerza Pública serán sometidos a injustos señalamientos como consecuencia de una historia mal contada y habilidosamente manipulada por víctimas y relatores no confiables y algunas organizaciones de carácter humanitario, que en nada los han favorecido.
En otros términos, a través de esta Comisión y su habilidoso mecanismo, militares y policías tendrán que rendir cuentas al enemigo.
