Con relación a los hechos que se presentaron en los Llanos de Yarí, Caquetá, a raíz de la concentración del “estado mayor” de las disidencias de las FARC, ACORE se permite comunicar a la nación colombiana:
Las demostraciones de fuerza y de capacidades de agresión de esta organización criminal al margen de la ley generan desconfianza y dudas sobre sus intenciones frente a la iniciativa de paz total y diálogos del Gobierno Nacional. Sin distingos, todos los colombianos se han visto forzados a rememorar los vergonzosos acontecimientos de la zona de despeje del Caguán.
La masiva participación de las “guardias campesinas” en formación ante el estado mayor de las FARC presente en tarima, dan una sensación de subordinación y afinidad de causa con la organización criminal. Las actuaciones de estas “guardias campesinas”, similares a otras desplegadas por las “guardias indígenas”, descalifican por completo sus supuestas misionalidades, la objetividad y la neutralidad de estas comunidades en apoyo a organizaciones criminales.
Las disidencias de las FARC aprovecharon el espacio de diálogo para abusar de la buena disposición del gobierno y la instrumentalización de la población civil del área. La ostentación y los exabruptos evidenciados muestran la clara necesidad y conveniencia de que el Estado colombiano y el gobierno establezcan rigurosos protocolos y mecanismos de verificación para que este tipo de eventos no se conviertan en oportunidad para que la organización criminal en diálogo adelante acciones de propaganda y ponga en riesgo a las comunidades.
El bochornoso acto en los Llanos del Yarí muestra con toda claridad que la búsqueda de la paz debe estar enmarcada en nuestra Constitución Política y conlleva una responsabilidad inalienable de preservar la seguridad territorial y no impactar, limitar o modular la presencia de la Fuerza Pública en todo el territorio nacional. Un cese al fuego bilateral implica la ubicación temporal del actor violento ilegal con verificación internacional idónea y competente, solo resta, conocer, cual es la posición del gobierno y del Alto Comisionado para la Paz frente a estos repudiables hechos del Yarí.
