Frente a la propuesta del gobernante usurpador de Venezuela y el buen recibo de la misma por parte del Presidente de Colombia para articular operativamente las Fuerzas Militares de Colombia con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela (FANB), desde la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (ACORE) expresamos profunda preocupación por las inquietantes implicaciones legales, institucionales, de seguridad nacional y éticas que esta iniciativa podría generar para nuestro país.
La historia reciente demuestra que la dictadura venezolana ha facilitado, de manera directa o indirecta, la presencia de grupos armados ilegales y organizaciones criminales colombianas en su territorio. Las FARC y el ELN, en particular, han encontrado refugio, rutas de abastecimiento y áreas de retaguardia en departamentos fronterizos venezolanos como Apure, Zulia y Amazonas, sin una respuesta clara ni contundente del régimen venezolano para desmantelar esas estructuras. Proponer ahora una articulación militar con las Fuerzas Armadas de un Estado con gobierno usurpador que ha albergado a estas organizaciones criminales genera serios cuestionamientos éticos y jurídicos y establece riesgos de consolidar legitimación de estas organizaciones criminales e impunidad para sus miembros, inmersos en crímenes de lesa humanidad.
Adicionalmente, sectores amplios del mando de la FANB han sido señalados en múltiples investigaciones internacionales como parte funcional de una estructura narcocriminal conocida como el “Cartel de los Soles”, presuntamente controlada por altos mandos civiles y militares venezolanos que operan amplias redes de narcotráfico y contrabando. Permitir que las Fuerzas Militares de Colombia trabajen coordinadamente con una institución ampliamente infiltrada por intereses ilegales y criminales compromete la integridad de nuestra Fuerza Pública, expone a nuestras tropas y debilita de manera notable la lucha contra el crimen organizado transnacional, formalizando de facto recursos que nutren el accionar criminal de estas organizaciones en lo profundo de nuestro territorio.
En el plano legal esta propuesta también resulta alarmante. Nuestra Constitución Nacional establece con claridad que la presencia de tropas extranjeras en territorio colombiano debe ser autorizada por el Senado de la República. Cualquier integración operativa que implique intervención directa de fuerzas venezolanas en nuestro suelo sería una vulneración flagrante a nuestra soberanía, un atropello al principio de legalidad, una violación de la separación de poderes con desconocimiento del Congreso de la República por la rama ejecutiva, y una amenaza al control civil de la Fuerza Pública.
Sumado a lo anterior, no puede ignorarse el carácter autoritario del régimen de Nicolás Maduro, investigado por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad y ampliamente cuestionado por la comunidad internacional por la ausencia de garantías democráticas, persecución política y violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos. La colaboración sin mecanismos de control con una fuerza armada que ha sido instrumento de represión interna solo puede derivar en más incertidumbre, violencia y desconfianza entre los pueblos de ambas naciones.
Por estas razones, hacemos un llamado urgente a las instituciones del Estado colombiano: el Congreso de la República, la Corte Constitucional, la Procuraduría General, así como a los organismos de control, a mantener una posición firme frente a cualquier intento de intervención militar extranjera (en velada colaboración con las organizaciones criminales internas) sin autorización legal y sin garantías democráticas.
Para el Gobierno Nacional esta coyuntura debe ser por el contrario, una oportunidad para fortalecer nuestras capacidades propias, consolidar la inteligencia nacional, proteger nuestras fronteras con ejercicio diáfano de nuestra soberanía, y cooperar con la comunidad internacional a través de mecanismos judiciales, diplomáticos y humanitarios, no a través de acuerdos militares opacos que pueden comprometer nuestra legitimidad y los derechos de nuestra población.
Cualquier esfuerzo por enfrentar el crimen transnacional y mejorar la seguridad en las zonas fronterizas debe construirse desde la legalidad, la transparencia y la protección irrestricta de los Derechos Humanos. Una verdadera paz y cooperación solo pueden construirse cuando ambas naciones respetan sus compromisos constitucionales y democráticos.
