Por Silverio José Herrera Caraballo
Apenas culminaban los actos protocolarios de la conmemoración de los 30 años de la Aviación del Ejército, cuando estalla un nuevo escándalo que vuelve a colocar bajo lupa no solo a la institucionalidad militar sino al gobierno mismo: desaparecen decenas de miles de millones de pesos (o millones de dólares) destinados al mantenimiento de la flota de helicópteros rusos MI-17. ¿Quién responde por esa plata? ¿Dónde quedaron los controles? Y, en último término, ¿Cómo se desenmascara esta red de opacidades? Que ponen en jaque la seguridad y la respuesta de apoyo de nuestros hombres en el área de operaciones.
El contrato que hoy genera este escándalo fue suscrito el 31 de diciembre de 2024 entre el Ministerio de Defensa y la empresa Vertol System Company INC, por un monto de 32,4 millones de dólares para el mantenimiento integral, adquisición de repuestos y extensión de vida de seis helicópteros MI-17 pertenecientes al Ejército.
Pero la primera alerta aparece con el anticipo del 50 %, equivalente a unos 16,2 millones de dólares, otorgado sin que existan evidencias proporcionales del avance del contrato. Hasta la fecha, dicho desembolso parece flotar en un limbo: el gobierno reconoce que no se sabe con certeza en qué invirtió esos recursos.
Mientras tanto, los informes oficiales revelan que apenas existe un avance del 8 % en la ejecución física del contrato, pese al pago anticipado. Con esas cifras, el riesgo patrimonial se torna inminente: la Contraloría advierte que podría perderse más de 13 millones de dólares del anticipo.
Además, la entidad de control denuncia múltiples fallas en el proceso de adjudicación: que Vertol no acreditaba la experiencia técnica ni la capacidad financiera exigida, que el comité evaluador aceptó esas debilidades, que se hicieron modificaciones al contrato (ampliaciones, ajustes de garantía) sin justificaciones claras y que la póliza que respaldaba la devolución del anticipo vence justamente el 15 de noviembre de 2025, misma fecha de terminación del contrato, sin contemplar plazos de liquidación que podrían extenderse más allá.
Pero el Ejército mismo había advertido previamente sobre los incumplimientos reiterados del contratista. Un informe interno del teniente coronel Óscar Ortega, fechado el 28 de agosto de 2025, solicitaba que se iniciara el trámite para declarar el incumplimiento, señalando demoras, falencias en las pólizas y falta de materiales verificables. En efecto, esa alerta interna pone en evidencia que no se trata simplemente de una sorpresa o “accidente contractual”, sino de un contrato que desde su ejecución mostraba señales rojas.
Para colmo, solo se han logrado elevar al vuelo tres de los seis helicópteros contratados. Los otros tres siguen sin recibir el “overhaul” pactado. En palabras del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, la situación está en “veremos”, y la ejecución del contrato está en riesgo. Como plan de contingencia, el gobierno ha propuesto recurrir a la flota de Black Hawk para mantener la operatividad mientras se depura este lío. (como de costumbre no hay soluciones, sino simples improvisaciones)
Pero el escándalo no se limita a los números. Es una trama administrativa y financiera que refleja cómo operan las zonas grises del poder militar y gubernamental. ¿Por qué se aceptaron modificaciones al contrato sin garantías claras? ¿Por qué no se exigieron pólizas robustas que cubrieran la totalidad del período, incluidas liquidaciones? ¿Por qué no hubo supervisión estricta al desembolso del anticipo? Y, sobre todo, ¿por qué el gobierno (hoy responsable) está en aprietos para demostrar que ese dinero se transformó en bienes concretos?
No es exagerado afirmar que esta operación huele a corrupción institucionalizada: recursos entregados de forma adelantada, fallas en controles de supervisión, cambios contractuales sin justificación, imposibilidad real de sanciones si los bienes no existen para auditarse.
Y el contexto agudiza el escándalo. Este episodio llega en un momento en que el gobierno ha sido cuestionado por otros problemas de transparencia, corrupción e intervención estatal. Cada nueva revelación refuerza la percepción de un Estado permeable al clientelismo y al enriquecimiento ilícito. No puede decirse que estos recursos “desaparecieron” por torpeza técnica: parece más bien que se movieron con una lógica deliberada de opacidad.
¿Qué se debe exigir? Primero, una investigación rigurosa e independiente que no quede en meras rendiciones de cuentas formales, sino que identifique nombres, responsables y rutas del dinero. Segundo, activación de medidas cautelares y recuperación del anticipo, incluso haciendo efectiva la póliza si es necesario. Tercero, que la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía hagan su trabajo sin interferencias, con plenas facultades para citar funcionarios altos. Cuarto, que el contrato sea declarado incumplido y se busque un nuevo contratista con estricta transparencia y supervisión ciudadana.
Más allá de ese contrato particular, este escándalo es símbolo de la crisis estructural del control público en Colombia: cuando los recursos destinados a seguridad (los más sensibles) pueden evaporarse sin trazabilidad, sin sanciones reales ni rendición de cuentas efectiva. Esa es la rendija por la que la corrupción avanza; por ahí se cuelan los poderes que creen que pueden operar con impunidad.
A la pregunta que nos estamos haciendo los colombianos y que no podría ser otra que: ¿Dónde está la plata?: la plata está en contratos firmados sin garantías reales, en anticipos sin respaldo, en evaluaciones técnicas flojas, en supervisión laxas, en modificaciones discrecionales. La plata está en un entramado oscuro, que hoy debemos desentrañar.
Este no es un caso menor: afecta la capacidad operativa del Ejército, pone en riesgo vidas humanas (cuando las aeronaves no vuelan) y representa un golpe a la confianza ciudadana. Si no actuamos con firmeza ahora, mañana será otra cifra perdida (otra denuncia) y siempre estaremos hablando de “fortunas que desaparecen”. Este episodio exige no solo prensa y crítica, sino actuación real. Y el gobierno debe responder, sin excusas ni dilaciones.
