Nuestra norma permitirá que se lleven a cabo juicios justos contra los altos mandos.
Por: Rodrigo Lara R
Por primera vez en el país, un texto legal define la responsabilidad de los mandos de la Fuerza Pública por delitos cometidos por sus subordinados, por no preverlos y no castigarlos. El acto legislativo que crea la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), aprobado en segundo debate en la Cámara de Representantes, permite condenar a un superior por los crímenes de sus subordinados, así no los haya cometido directamente, por omisión en su deber de garante de la conducta de sus tropas.
Esta norma no ha estado exenta de controversia. La fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, en un artículo publicado en ‘Semana’, expresó ciertas reservas frente a la definición que adoptamos en el Congreso. Críticas más directas han sido esgrimidas por Human Rights Watch y algunos sectores políticos.
Un primer paquete de críticas señala que el Congreso, en lugar de elaborar una norma propia, debió transcribir la definición de responsabilidad de mando prevista en el Estatuto de Roma, la cual, según algunos, es ineludible y haría parte además del bloque de constitucionalidad. No estamos de acuerdo con esta respetable opinión. El Estatuto de Roma y la CPI se crearon no para sustituir a los Estados, sino para servir como último recurso ante la negativa o la incapacidad de una nación para condenar los crímenes de lesa humanidad. Siempre y cuando exista interés de justicia, un país tiene un amplio margen de discrecionalidad para establecer normas y sanciones propias en sus ordenamientos internos.
La responsabilidad de los superiores jerárquicos prevista en la norma de la JEP, al igual que en la norma de la CPI, opera cuando un comandante tiene capacidad real de prevenir o castigar los delitos cometidos por sus subordinados y no lo hace. Responde por la comisión de los delitos de sus subordinados, así no hubiere actuado directamente, si sabía lo que hacían, si debió inferirlo razonablemente o hizo caso omiso de información grave; es, en otras palabras, indiferencia interpretada como aquiescencia.
Respecto de las reservas que ha expresado la fiscal Bensouda, estas tienen que ver con la exigencia en la JEP de consideraciones probatorias adicionales a las previstas en el Estatuto de la CPI. Antes de condenar a un mando, la JEP exige que se demuestre que tenía jurisdicción sobre la zona donde se cometieron los crímenes; casos como la condena del general Uscátegui, que se encontraba a 540 km del lugar de la abominable masacre de Mapiripán, en donde no ejercía mando operacional, invitan a que se tome esta precaución. La JEP también exige que se demuestre que el mando contaba con los medios materiales para llevar a cabo operaciones que le permitieran interrumpir el delito de sus subordinados (p. ej., transporte, condiciones meteorológicas, etc.), por el simple hecho de que nadie está obligado a lo imposible.
Esta exigencia probatoria adicional en la JEP se explica porque la norma de la CPI está hecha para juzgar, en primer lugar, organizaciones al margen la de la ley, como milicias o paramilitares, mientras que la norma de la JEP es especial porque está concebida para un ejército regular, cuya organización se caracteriza por la especialización de tareas, precisas jerarquías, una estricta división del territorio y el uso de normas operacionales. Estos factores no existen en las organizaciones al margen de la ley. No tenerlos en cuenta para los casos de un ejército regular puede llevar a situaciones de responsabilidad objetiva, por el solo hecho del mando.
Nuestra norma permitirá que se lleven a cabo juicios justos contra los altos mandos que por seria omisión hubieren permitido la comisión de graves crímenes, pero será también una garantía para que no se cometan injusticias contra la Fuerza Pública, que, no olvidemos, ganó esta guerra y llevó a las Farc a la mesa de negociación.
RODRIGO LARA R.
Representante a la Cámara por Bogotá
2 respuestas
He visto con preocupación, que la guerra política entre candidatos y partidos se ha iniciado muy pronto. Los políticos, son astutos para mediatizar los problemas de sus adversarios. Tienen al Centro Democrático en ascuas. Los del Cambio Radical, todo un centro de corrupción, se echan el agua sucia unos a otros. Divide et vince. Divide y reinarás. ( Frase atribuida a Cayo Julio César, pero es apócrifa.) ¿Qué partido estará interesado en dividir?
La creación de la JEP ideada por el Gobierno de Juan Manuel Santos Calderón, en la que por un lado exime e inmuniza a los criminales de las FARC y para fortalecerlos por otro lado, les entrega el poder jurídico con todos los poderes para juzgar y condenar a quienes los derrotaron en su accionar delictivo, donde prevaleció la defensa de la sociedad vulnerada y mancillada por estos bandidos por espacio de 52 años.
Hoy los criminales resultan siendo los Militares y Policías que desde muy jóvenes tomaron la carrera de las armas al ingresar a las Escuelas de formación, acompañados por los verdaderos Heroes de la Patria, si me refiero a nuestros abnegados y sacrificados SOLDADOS, a los que el gobierno les negó su capacitación escolar hasta alcanzar su educación básica secundaria que los limitararia a un servicio dentro de cuarteles; me refiero a los Regulares que han teñido de sangre los campos donde los verdaderos enemigos de la Paz han causado y continuaran causando todas las desdichas que hoy padecemos y pasaran por las cortes de las FARC para ser juzgados y condenados por la defensa de las Instituciones y Democracia por la cual Juramos mantener, donde descaradamente los politiqueros se rasgan sus vestiduras y manifiestan que los Militares no están solos y es verdad, faltan los empresarios, los ganaderos, los hacendados, los transportadores, los comerciantes y todos los que alguna vez generaron utilidades en sus negocios y no pagaron las vacunas extorsivas.
Me niego a creer que en pleno siglo XXI sigan floreciendo Gobernantes de la índole de CHAVEZ, MADURO, EVO ETC, Y JUAMPA que ha superado al mismo HITLER, conduciendo al país hacia el caos y perdida de todos los valores; pero lo más grave es que lo estemos tolerando sin pase nada.
Será que una vez cese la horrible noche y se desintegre la JEP, el país sobreviviente constituya otra Justicia Especial donde rindan cuentas los responsables del mando ante las atrocidades de Santos.