El desprestigio o la condena del genio de la “Operación Jaque” es una necesidad para quienes utilizaron dolosamente las palabras de su Comandante y ahora buscan beneficios en la JEP. Pero más allá, en términos taurinos, un rabo y las dos orejas del toro de lidia, para los posmarxistas que buscan socavar la institucionalidad como uno de los pasos para la abolición de la democracia liberal.
Como actuaciones dolosas se le imputarán cargos al General, principalmente por dos hechos que según la Fiscalía determinaron que otros militares “mataran a civiles y los presentaran como muertos en combate”. La primera, “una política basada en la presión por resultados operacionales, en la que las muertes en combate eran el único criterio para evaluar…” y la segunda, desobedecer una directiva del Comando General en ese sentido.
La razón de contar con un ejército, es la de garantizar la seguridad y la defensa, disuadiendo o eliminando amenazas como las internas, mediante la exigencia intrínseca de bajas o capturas, producto del combate a fin de eliminar su voluntad de lucha. Ello, evita la posibilidad de que algunas unidades escojan el menor esfuerzo, sin desarrollar la inteligencia para la búsqueda de objetivos decisivos. El segundo cargo de ser evidente en su momento, habría sido disciplinario militar, sin conexión con crímenes de terceros, quienes interpretaron con propósitos personales infames las órdenes recibidas.
El ente acusador reconoce que el General comunicó a las unidades el mandato de privilegiar capturas, pero no lo aplicó. Es de recordar, además que, en la misión de las órdenes de operaciones de las unidades subordinadas sin excepción, se incluye desde siempre, el que hacer: “captura o da de baja si ofrece resistencia”. No se conoce una sola prueba, contra el acusado impartiendo instrucciones en contrario como no capturar guerrilleros, sino causarles la muerte y, mucho menos de asesinar personas ajenas al conflicto.
Ahora bien, los militares que declararon en su contra son personas que cometieron delitos execrables, o bien, condenadas injustamente, que buscan obtener beneficios ofreciendo declaraciones de impacto ante la JEP, pretendiendo endilgar responsabilidades individuales, sobre el General Mario Montoya. Conectar causas no mal intencionadas a efectos perversos, carece de sentido común. Aun peor, hay otros interesados en mostrarle al mundo, el Ejército colombiano como una organización criminal.
