“La OEA se pronunció sobre el exceso policial en las protestas”, “El Departamento de Estado, de Estados Unidos, llama a la Fuerza Pública a la moderación y condena el vandalismo”, “La ONU reclama respeto a los derechos humanos en las protestas”…
En medio de escenas de violencia y desmanes en capitales principales, que han generado reacción internacional, han pasado casi inadvertidos varios episodios que evidencian la intervención en los desmanes de guerrillas, grupos armados ilegales, mafia y hasta células foráneas.
Alcaldes, ediles y líderes de al menos cuatro departamentos admiten la presencia de estos factores y de metodologías que no encajan con la protesta social, pero sí con denuncias de funcionarios del alto gobierno sobre el llamado terrorismo urbano de baja intensidad que se viene aplicando.
El principal objetivo, señalan, es sembrar terror y paralizar el sistema logístico del país, mediante bloqueos coordinados y simultáneos, interrumpiendo el abastecimiento de bienes esenciales, como en efecto está sucediendo.
En esta última tarea incluso se ha detectado un dispositivo que se mueve a través de redes sociales –calificado como ‘guerra silenciosa’– y que ha permitido coordinar acciones como la destrucción en Bogotá de 25 CAI –uno de ellos con 10 policías adentro que iban a ser quemados vivos–, repitiendo patrones de las jornadas de 2020, en donde el Eln admitió públicamente estar metiendo mano.
Para no estigmatizar la marcha legítima de la sociedad, pocos hablan en voz alta del tema. Pero en el Valle circulan decenas de panfletos en los que disidencias de las Farc le ordenan a la población acatar la orden de paro armado.
Autoridades locales le dijeron a EL TIEMPO que se investiga si esos panfletos están vinculados con la masacre de 6 personas, la madrugada del lunes 3 de mayo. El epicentro fue Río Grande, un corregimiento de Restrepo, municipio a tan solo dos horas y media de Cali, una de las ciudades más golpeadas por los desmanes.
“Hombres en moto llegaron a un negocio donde había unas 30 personas, algunos campesinos, y luego de hacer salir a las mujeres, abrieron fuego”, le dijo a EL TIEMPO Armando Vélez, alcalde de Restrepo, tras lamentar los hechos.
“Hombres en moto llegaron a un negocio donde había unas 30 personas, algunos campesinos, y luego de hacer salir a las mujeres, abrieron fuego”: Armando Vélez, alcalde de Restrepo, Valle del Cauca.
Y agregó que se indaga si los panfletos tienen relación con la masacre; no sin antes advertir que jóvenes, camioneros y trabajadores han sido los protagonistas de las marchas pacíficas, que hoy tienen taponada la carretera al mar.
En el sur del país, autoridades prefieren no pronunciarse aún sobre otro panfleto que se mueve en la zona del Ariari. En este, las Farc-EP (las disidencias de alias Gentil Duarte) ordenan que “el acompañamiento al paro es obligatorio, quien incumpla será declarado objetivo militar”.
La información coincide con reportes oficiales que señalan al Eln y a las disidencias de las Farc, las de ‘Gentil Duarte’ y las de ‘Iván Márquez’) como las líneas delincuenciales que han generado el principal caos, a través de acciones coordinadas, sincronizadas y con objetivos específicos en Cali, Bogotá, Medellín, Pereira, Armenia y Manizales, especialmente.
Autoridades señalan que hay evidencia de que el Eln envió emisarios de su grupo urbano JM19, para iniciar el caos en Cali y en otros puntos del Valle: “Los desmanes vienen siendo ejecutados por miembros de sus dos redes urbanas: ‘los Escudos Negros’ y los ‘Escudos Azules’ ”.
Al igual que en las marchas del año pasado, pagan entre 80.000 y 100.000 pesos diarios a miembros de pandillas –como ‘la 21’, ‘Puente de los Enanos’ y ‘los del Cementerio’– o a extranjeros, ubicados en cinturones de pobreza, para vandalizar bienes privados (40 sedes bancarias), el sistema masivo de transporte y entidades estatales (alcaldía, la gobernación y sedes de la Fiscalía).
“Los llamados grupos armados organizados (GAO) han buscado mimetizarse en las manifestaciones para atacar instalaciones judiciales, con el fin de destruir procesos y evidencias que involucran a cabecillas de estas organizaciones”, aseguró un investigador.
Y se indagan denuncias según las cuales las disidencias de ‘Iván Márquez’ –que apoya las protestas en busca de espacio político y revolucionario– están instrumentalizando desde Venezuela a ciudadanos de ese país que han participado en desmanes en Bogotá, Cali y Barranquilla.
“También se indaga la ingerencia de células integradas por cubanos, como ha ocurrido en las marchas violentas contra la oposición en Venezuela”, le dijo a EL TIEMPO un investigador.
También se indaga la ingerencia de células integradas por cubanos, como ha ocurrido en las marchas violentas contra la oposición en Venezuela»: Investigador.
Lo que sí está confirmado es que la financiación de estas máquinas de destrucción está vinculadas al narcotráfico. Audios conocidos por EL TIEMPO revelan cómo ordenaron desde zonas cocaleras del Cauca repartir dinero para enfrentar la llegada a Cali del comandante del Ejército, general Eduardo Enrique Zapateiro.
“Pilas que aquí a la base (Cali) están llegando aviones Hércules y helicópteros Black Hawk. Ya la orden está dada. La guerra es con ese H. P. de Zapateiro (…). Vamos a tirarnos todos los de las comunas, las ‘oficinas’ de barrio, la gente de cobro (sicarios)”, se oye en una interceptación.
En el caso de ‘Iván Márquez’, se sabe que delegó en Hernán Darío Velásquez, alias Óscar Montero o el Paisa, el manejo de fondos para la articulación del trabajo de masas, infiltrando comunidades a través de núcleos urbanos.
Y si bien sectores de la mafia –como las disidencias, el ‘clan del Golfo’ y el Eln– están aprovechando el caos para sacar por el Pacífico toneladas de coca, que han quedado represadas por operaciones de la Fuerza Pública, no se descarta que ahora busquen, a través de la presión, un trofeo adicional: atacar el regreso del glifosato.
La presencia de estructuras vinculadas a la droga también se ha evidenciado en Pereira, en donde se repitió la escena de hombres armados en moto baleando civiles.
Buscan generar caos, para tener libertad de hacer control en los territorios y seguir operando sus ilegalidades»: Juan Carlos Cardona, líder CUT Risaralda.
Si bien voces como la de Juan Carlos Cardona, líder de la CUT de Risaralda, piden que se investiguen las incitaciones a la violencia por parte de autoridades y casos como el de Lucas Villa y el de otros jóvenes que han sido baleados o golpeados y detenidos, admite la presencia de grupos ligados a comercio de droga.
“Buscan generar caos, para tener libertad de hacer control en los territorios y seguir operando sus ilegalidades”, señaló Cardona.
Y tras rechazar cualquier estigmatización de la protesta, Sandra Cárdenas, personera de Pereira, agregó que grupos al margen de la ley podrían estar intentando fracturar la protesta a través de hechos de violencia: “El microtráfico tiene fuerte presencia en la ciudad. Además, acá hay más de 40.000 víctimas del conflicto, desmovilizadas, y alto número de migrantes irregulares”.
Algunos migrantes también aparecieron la noche en que vándalos incendiaron el CAI de la Aurora, en el sur de Bogotá.
“Sin generalizar, la violencia que se ha presentado ha sido por iniciativa de personas que habitan en la localidad, pero son de otros países; están motivando el vandalismo y que desafortunadamente jóvenes se dejan llevar por esas iniciativas”, señaló Daniel Torres, edil de la localidad de Usme, quien a la vez le pidió al Gobierno dialogar con los diferentes actores sociales para negociar salidas.
Y Mábel Sua, alcaldesa de esa localidad, agregó que en los actos vandálicos –que desdibujan lo hecho por la protesta social legítima– había muchos menores.
“Por eso hago un llamado a los padres para que no permitamos una posible instrumentalización de los menores para causar daños y vandalismo; para que estén muy pendientes de los mensajes que llegan a sus hijos por WhatsApp”, dijo Sua.
Las redes, en efecto, han servido de canal para coordinar acciones violentas y difundir falsa información.
Van desde el falso decreto de conmoción interior hasta la entrega del poder a los militares, pasando por helicópteros que disparaban a civiles en Buga. Algunas de estas noticias han sido replicadas por políticos, cuentas oficiales del Gobierno de Venezuela y hasta por una agencia rusa.
En medio de este contexto y de la voluntad de diálogo, avanzan los acercamientos del Gobierno con las cabezas de la movilización social para llegar a consensos.
tomado de EL TIEMPO
