En una entrevista publicada por El Nuevo Siglo, el general (r) Guillermo León, presidente de ACORE, advirtió que las restricciones al accionar de la Fuerza Pública están generando un incentivo perverso para el secuestro de militares.
Artículo publicado en El Nuevo Siglo
EL NUEVO SIGLO: ¿Qué lectura hace del aumento de los secuestros masivos de uniformados, protagonizados por comunidades que, en muchos casos, han sido instrumentalizadas por grupos armados ilegales?
General (r) Guillermo León León: Como ya lo habíamos manifestado desde tiempo atrás, esta no es una práctica nueva, sino que viene desde la época del presidente Iván Duque, cuando comenzaron a presentarse estos casos en zonas rurales. En ese entonces, se detenía a integrantes de la Fuerza Pública que, ejerciendo su tarea constitucional, desarrollaban operaciones de control militar de área o actuaban contra criminales.
Se empezó a instrumentalizar a la población, creando un mecanismo altamente efectivo para detener actividades legítimas y legales de la Fuerza Pública mediante asonadas, cercos a la tropa, secuestros y humillaciones. Esto ha sido una forma indigna de tratar a quienes representan al Estado como autoridad legítima.
Estos casos son profundamente lamentables y, desafortunadamente, se han repetido al punto que, en lo que va del año, en el departamento del Cauca se han registrado 18 eventos de este tipo. Este mecanismo se volvió un instrumento útil para los grupos armados ilegales, que coaccionan y manipulan a la población civil para usarla como escudo y detener así el avance de las operaciones oficiales.
ENS: ¿En qué medida cree que las limitaciones impuestas por el actual Gobierno a la operatividad de la Fuerza Pública han favorecido este fenómeno?
GLL: Indiscutiblemente, han tenido un efecto. Lo hemos advertido desde hace tiempo. Por ejemplo, los ceses bilaterales se implementaron sin el planeamiento necesario, sin protocolos claros, sin acuerdos bien definidos ni mecanismos de verificación. Esto permitió que los grupos ilegales expandieran sus acciones delictivas en todo el territorio, mejoraran sus rutas de narcotráfico, fortalecieran sus economías ilícitas y aumentaran su capacidad de reclutamiento y reorganización estructural.
Además, el éxito que tuvieron al usar a la población civil para frenar las operaciones legales los llevó a perfeccionar esta táctica. La coacción y la manipulación se afinaron como estrategia. Y si a eso sumamos que las normas prohíben actuar cuando hay presencia de menores o civiles, lo que genera es un incentivo perverso para involucrar a estas personas en acciones ilegales, sabiendo que la Fuerza Pública tendrá restricciones para actuar.
ENS: El comandante encargado del Ejército afirmó que este tipo de casos no volverán a repetirse. ¿Considera que es una meta realista?
GLL: Lo que hemos aprendido en años de experiencia es que, cuando una estrategia les da resultado a estos grupos armados ilegales, rápidamente evolucionan. Si ahora sienten que utilizar a la población civil podría ya no funcionar, van a buscar nuevas formas de alcanzar sus objetivos.
Es decir, este patrón puede transformarse en otros modelos de presión o manipulación, lo que obligará también a la Fuerza Pública a adaptarse, replantear sus estrategias y anticiparse a las nuevas amenazas. La inteligencia juega aquí un papel clave para detectar y neutralizar los nuevos métodos que, sin duda, estos grupos ya están empezando a concebir.
La Operación Justicia fue un paso importante, pero no podemos pensar que bastará. Los grupos criminales se ajustan con rapidez, y nosotros debemos hacer lo mismo si queremos mantener el control.
ENS: Este año el presupuesto para la Fuerza Pública se redujo en más de 1 billón de pesos. ¿Cuáles son las consecuencias prácticas de este recorte en materia de seguridad?
GLL: La afectación es directa. Sin los recursos adecuados, se debilitan las capacidades de la Fuerza Pública y, por ende, su efectividad en el terreno. Por ejemplo, al reducirse el presupuesto, disminuyen las cuotas de incorporación, lo que impide reemplazar adecuadamente al personal y genera un déficit operativo.
También se compromete el sostenimiento logístico de las operaciones, especialmente las helicoportadas, fundamentales en un país de geografía tan compleja como Colombia. Si no hay combustible, repuestos o mantenimiento para las aeronaves, se limita su disponibilidad. Eso afecta directamente la capacidad de movilizar tropas, llevar suministros o responder a emergencias de seguridad. Todo esto impacta negativamente la presencia estatal y el control territorial.
ENS: ¿Qué opinión le merece que el presidente Gustavo Petro compartiera tarima en Medellín con reconocidos cabecillas de bandas criminales?
GLL: Las reacciones han sido claras y generalizadas: hay un profundo sentimiento de indignación, indefensión y vulneración. Que un Gobierno, en un acto público, ponga en la misma tarima a representantes institucionales junto a criminales condenados genera desconcierto y rechazo.
Entendemos que el Gobierno tiene el mandato de buscar la paz y que existen mecanismos legales para ello, pero también hay límites. Hay formas, hay escenarios adecuados. Lo ocurrido transmite un mal mensaje. La paz sí, pero no a cualquier precio ni, de cualquier manera.
ENS: ¿Estamos en condiciones de garantizar unas elecciones regionales sin interferencias de grupos ilegales?
GLL: Hoy no podemos tener esa tranquilidad. Lo hemos advertido. La situación actual, marcada por la improvisación y el crecimiento de organizaciones criminales fragmentadas y transnacionales, ha generado tres graves problemas: la fragmentación territorial, la gobernanza criminal en las regiones y la suplantación de la autoridad legítima por actores no estatales, como las guardias indígenas o campesinas, que no tienen sustento jurídico. Es urgente que el Ministerio de Defensa y el Ejecutivo trabajen desde ya en un plan integral.
