El presidente de ACORE, brigadier general (RA) Jaime Ruiz Barrera, advirtió que no sería justo que al finalizar el conflicto, vuelvan a ser los miembros de la Fuerza Pública quienes terminen humillados y encarcelados, en tanto que quienes le hicieron daño a la nación, ocupen los cargos de poder.
“No sería justo que al final de este conflicto armado, quienes defendieron legal y constitucionalmente este país, terminen vilmente humillados y encarcelados, y quienes causaron tanto daño a la nación, sean quienes ocupen nuevos cargos de poder”, precisó el oficial al participar en un foro sobre el marco jurídico para la paz.
En ese sentido, el presidente de ACORE fue enfático en señalar que, “si al final de este proceso, se llegare a proporcionar beneficios jurídicos a quienes se desmovilicen como integrantes de los grupos terroristas, estos mismos beneficios, por elemental principio de asimetría judicial o procesal, deben ser otorgados también a todos nuestros combatientes”.
Durante el foro, que se cumplió el lunes 29 de julio, organizado por la revista Semana, Ruiz Barrera indicó que su posición es favorable al marco jurídico para la paz, “siempre y cuando se venzan todos los escollos existentes en cuanto a legislación y compromiso internacional”.
Pero advirtió que “quienes han sido víctimas de la agresión y barbarie de los terroristas, no aceptarán una gran dosis de impunidad”.
“¿Habrá una acción penal contra quienes se desmovilicen? Deberá haberla dentro de los protocolos establecidos por la justicia transicional. Cualquiera que sea, con reducción de penas con sustitución, con lo que sea, pero que se vea una aplicación de una normatividad jurídica que tenga plena aceptación”, agregó el oficial.
Sin embargo, en su exposición, el presidente de ACORE admitió que en el desarrollo del marco jurídico para la paz, “hay cosas que se dicen y que entendemos, así no las compartamos plenamente”.
“Somos conscientes de que tenemos que perder una dosis de justicia, una dosis de constitucionalidad y una dosis de legalidad para poder negociar. Cuando se trata de negociar, también entendemos que hay que dar para recibir. No somos ni queremos ser, un palo en la rueda, que en un momento dado se pueda convertir en algo que entorpezca este gran propósito nacional”, afirmó.
En otro aparte de su intervención, Ruiz Barrera hizo énfasis en que en la Reserva Activa, “No somos enemigos de la paz”, y explicó que desde el comienzo de la negociación en La Habana, y tras consultas con las bases y las distintas Fuerzas, “resolvimos masivamente acompañar este proyecto por tratarse de un anhelo nacional”.
“La paz, bien supremo. Todos la queremos, y nosotros los militares con mayor razón, porque somos los que nos estamos jugando la vida en defensa de este país, de sus instituciones, de su soberanía, frente a esta amenaza terrorista que hemos venido enfrentando por más de 50 años”, anotó.
Y concluyó al respecto: “No queremos más muertos, ni civiles, ni militares, ni policías, ni tampoco terroristas por razón de este conflicto”.
En la última parte de su intervención, el presidente de la Asociación de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (ACORE), se refirió a la negociación que se lleva a cabo en La Habana, señalando que, a pesar de ella, “no somos un país derrotado, no estamos claudicando, estamos en un proceso que no es una capitulación”.
Y en ese sentido dijo que si el Estado no logra la paz políticamente negociada, tiene toda la fuerza y toda la capacidad para alcanzarla “con una victoria militar”.
Al respecto, recordó que recientemente le planteó al presidente Juan Manuel Santos que en caso de fracasar las negociaciones políticas, la paz “sería posible con una victoria militar”.
Pero para ello, explicó, harían falta tres elementos: Voluntad política del Estado como un todo, un Estatuto Antiterrorista y seguridad jurídica para los combatientes de la Fuerza Pública.
Además del presidente de ACORE intervinieron en el foro, el vicepresidente de la República, Angelino Garzón, el fiscal, Eduardo Montealegre, los ministros del Interior, Fernando Carrillo, y de Justicia, Ruth Stella Correa.
Igualmente dirigentes políticos como Clara López, Horacio Serpa y Antonio Navarro Wolf. Asimismo José Manuel Vivanco de Human Rights Watch; congresistas y otros funcionarios del gobierno.
