El expresidente, Álvaro Uribe, participó el pasado 5 de diciembre, por invitación de un grupo de miembros de ACORE integrantes de las listas al Congreso por el partido ‘Uribe Centro Democrático’, en un conversatorio al que asistieron numerosos acorados e invitados especiales.
Durante el encuentro, Uribe respondió a una serie de inquietudes presentadas por los asistentes sobre diversos temas de la actualidad nacional, y en especial relacionadas con los integrantes de la fuerza pública en la actividad y en la Reserva Activa.
A continuación presentamos, para información de nuestros lectores, un resumen de los principales apartes de la intervención del exmandatario colombiano.
“Uno de los aciertos de nuestro gobierno fue nuestro esfuerzo para cimentar en los colombianos una dosis superior de cariño por las Fuerzas Armadas. Se veía primero en las carreteras, desde los buses de servicio público, los vehículos particulares, los restaurantes, los hoteles, donde convergían todos los colombianos, de todos los estratos, y allí lo que había era una expresión de gratitud y de cariño a las Fuerzas Armadas de la Patria”.
Ley de Justicia y Paz
“Tengo muchos puntos de discrepancia. Primero esa ley puso en el mismo nivel de potenciales victimarios a los integrantes de las Fuerzas Armadas, y a los terroristas. No estoy de acuerdo con ello.
Al poner en pie de igualdad, como victimario potencial, al soldado y al policía de Colombia, con el terrorismo, se comete un error muy grave”.
“Esa ley calificó como conflicto la acción terrorista”. “Al haber pasado de reconocer a estos criminales como terroristas a reconocerlos en esa pieza legislativa como actores políticos, se les pone en pie de igualdad con los policías y soldados de Colombia.
En mi concepto, eso equivale tanto como al reconocimiento de beligerancia a una organización criminal. Y eso autoriza a la organización criminal a proceder contra los soldados y policías, hasta el punto que hoy, a la luz de esa legislación, da lo mismo que un soldado en cumplimiento del deber, dé de baja a un terrorista o que un terrorista en un acto criminal asesine a un soldado. Creo que ese es el efecto de esa legislación”.
“Es muy diferente la palabra insurgencia a la palabra terrorismo. Lo que ha habido aquí es terrorismo. Yo nunca, durante los ocho años de la Presidencia, acepté hablar de guerra. Una cosa es la Política de Seguridad, que es la obligación de un estado democrático, de acuerdo con la Constitución y frente a todos los ciudadanos, y otra cosa es la guerra.
La palabra guerra, en alguna forma legítima un enfrentamiento. Lo que ha
habido en Colombia es una acción de desafío del terrorismo contra la institucionalidad democrática, desafío que no es legítimo. Por lo tanto, no se le debe aplicar la palabra guerra. Y eso lo repetimos y lo explicamos a lo largo de esos ocho años. Y eso lo aceptó el señor presidente Santos, como Ministro”.
“Yo no estoy de acuerdo que la solución para los integrantes de las Fuerzas Armadas que están en las cárceles, sea la misma solución que se le ofrece al terrorismo”.
“Nosotros proponemos una reforma constitucional que permita el beneficio de reforma constitucional a los integrantes de las Fuerzas Armadas. Esto es, militares y policías que están en la cárcel, por hechos inherentes al servicio. Nosotros debemos radicar, si los colombianos nos eligen, esa reforma constitucional, el 20 de julio”.
“Y debe pensarse en una segunda opción: que haya una instancia o un recurso de ejecución de sentencias que estén ejecutoriadas. Sobre este segundo punto, pido el apoyo de ACORE”.
Fuero Militar
“El Fuero Militar tiene que comenzar por lo siguiente: el primer conocimiento de una noticia que pueda traer un hecho criminal frente a un integrante de las Fuerzas Armadas, lo tiene que tener la Justicia Penal Militar. Y es a partir de ahí donde se define quién después será el competente final. Yo hoy ratificoese principio.
Alfredo Rangel ha insistido en otro punto al que yo adhiero. El listado de exclusión de delitos o de conductas, es sumamente peligroso. Porque por ese listado de exclusión podemos llegar a que todas las conductas del militar, se tipifiquen como hechos del conocimiento de la justicia ordinaria, y no de la Justicia Penal Militar. Necesitamos su apoyo jurídico para defender bien ese principio”.
“Viene otro tema que es el del convenio del Ministro Camilo Ospina con la Fiscalía. Yo me he preguntado mucho en los últimos meses, que si lo revocaron ya ¿por qué sigue lo mismo?
“En 2003 el propio Ejército me comunica que empezó una ofensiva de la guerra jurídica, que toda baja la están convirtiendo en un hecho criminal. Que organismos dedicados a mancillar el honor de las Fuerzas Armadas, dicen: no fue una baja de un terrorista, lo mataron y después le pusieron el uniforme.
¿Qué sugirió el Ejército? Que siempre hubiera alguien del CTI para levantar el cadáver de la persona dada de baja. Eso lo sugirió el propio Ejército. Y yo lo acepté porque me parecía transparente y porque me parecía que defendía el honor de las Fuerzas Militares”.
“Me parece que hay un problema que trasciende ese acuerdo. Una prevención en sectores de la justicia ordinaria contra las Fuerzas Armas y una falta de defensa del gobierno”.”
Ministerio de Seguridad
“No estoy de acuerdo. Porque si algo no se puede dividir es el concepto de Seguridad”.
Me parece que lo que se haría es crear más burocracia, más dificultades, más confrontaciones alrededor del tema de la seguridad con la creación de ese ministerio”.
Proceso de paz
Escuché una información de que el gobierno “aspira a desmovilizar 25.000 integrantes del ELN y de las FARC. Cuando yo terminé la Presidencia pregunté: ¿cuántos integrantes les quedan a las Farc y al ELN. La respuesta que obtuve fue: 6.800 de las FARC y 2.400 del ELN.
Entonces, cómo así que en el 2010 las FARC y el ELN sumaban 9.200 y ahora suman 25.000. Eso es algo muy grave para el país. El país lo tiene que saber y lo tiene que denunciar. O estábamos mintiendo en 2010 o lo que ha ocurrido es, un daño tal a la política de seguridad, que éstas organizaciones han pasado de 9.200 a 25.000.
Creo que el primer problema que ha tenido el proceso con las FARC, es haber abandonado la Política de Seguridad Democrática”.
“Yo no hubiera aceptado un proceso de paz, sin cese de actividades criminales”.
La primera falla, en mi concepto, de la seguridad, está en el liderazgo presidencial. La segunda está en haber desmontado la cooperación ciudadana”.
“El gobierno un día da la orden de que hay que combatir estos grupos terroristas. Y al otro día ese grupo terrorista asesina a los soldados. Y del gobierno hace mutis por el foro. A mí siempre me preocupó que el Presidente de todos los colombianos hubieran omitido (en Washington) denunciar lo de las últimas horas (el ataque en el Tolima)”.
“Eso de negociar con las FARC el futuro de la política antidrogas, cuando las FARC son el cartel de cocaína más grande del mundo, y todos los días lo reiteran (…) Entonces la orden esa de combatir el narcotráfico, tiene en estas actitudes una contraorden”.
“Un acuerdo de paz sin impunidad, es un acuerdo de paz que introduce la justicia y al introducir la justicia introduce el elemento de disuasión de potenciales criminales. Para las FARC es mucho más fácil someterse con impunidad que sin impunidad.
Pero para el país, es mejor tener la dificultad de seguir buscando a través de la seguridad un acuerdo sin impunidad, que darle la facilidad al grupo terrorista de la impunidad, lo que se constituirá en una facilidad para la aparición de otros criminales en Colombia”.
“Este país ha tenido una equivocación: la de implorarle el diálogo al terrorismo y de negarle el diálogo al pueblo colombiano”.
La Haya y San Andrés
Esto necesita una política en dos sentidos: muy clara de rechazo al fallo y de patrullaje de ese mar. Y segundo, una política diplomática muy clara frente a Estados Unidos, a Unasur, Centroamérica, la OEA, India, China, y todo el oriente, demostrando, a través de esa política diplomática, que Colombia tiene la razón: ese fallo es inaplicable.
O sea, defender con las fuerzas armadas esos derechos y, al mismo tiempo, explicarle a la diplomacia de todo el mundo, esos derechos.
