El pasado jueves 13 de febrero se realizó en la sede nacional de ACORE, el primer conversatorio del año que giró en torno al tema Bogotá: ¿cómo vamos? El foro contó con la participación del senador Miguel Gómez Martínez, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) Bogotá, Juan Esteban Orrego y el ex zar anticorrupción Oscar Ortiz.
Durante el encuentro, los invitados al conversatorio hicieron una amplia exposición de las razones jurídicas y administrativas que llevaron al procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, a destituir al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro; y, por otra parte, a un nutrido grupo de ciudadanos a pedir la revocatoria de su mandato.
Tanto el senador Gómez, como el presidente de Fenalco y el ex zar anticorrupción coincidieron en que el alcalde Petro ha sido el artífice de una serie de decisiones que han incidido negativamente en la buena marcha de la capital colombiana, razón por la cual debería abandonar el cargo.
Los comerciantes: Quizás la más contundente y precisa descripción de las anomalías cometidas por el funcionario y su administración, que han repercutido en el desarrollo económico de la ciudad, la hizo el presidente de Fenalco al denunciar que “nunca, durante el primer año de gobierno, fue posible una comunicación de los comerciantes con el Alcalde”.
En ese sentido Orrego recordó que cuando se anunció la peatonalización de la carrera séptima, en el centro, los comerciantes advirtieron que la puesta en marcha de esa decisión debería aplazarse hasta terminar las obras en la carrera décima y la carrera tercera.
De igual forma le pidieron a la Alcaldía mejorar la iluminación de la vía, dotarla de baños públicos y de los mecanismos de seguridad necesarios para bien de los transeúntes y de los comerciantes.
Nada de ello ocurrió y “los comerciantes terminaron en la quiebra, convirtiéndose la zona en el único sector de la ciudad que ha perdido valor catastral, según las mismas autoridades”, dijo el dirigente gremial.
Orrego explicó que el mal manejo del tema de las basuras llevó a los comerciantes a ‘romper’ con Petro, “no por temas políticos, sino por la negativa afectación de sus políticas en la economía y el comercio capitalino”, que, explicó, genera el 30% de los empleos de la ciudad.
“Bogotá fue la ciudad que más se desaceleró en materia de desarrollo enviando un mensaje negativo a los inversionistas extranjeros, lo que se agravó con la decisión de aprobar el POT (Plan de Ordenamiento Territorial) sin el aval del Concejo.
Así mismo, el dirigente advirtió que el llamado ‘Pico y Placa’ para el centro de la ciudad y la decisión de que el cargue y descargue se haga en horas de la noche, tienen un efecto grave para los habitantes y comerciantes de esa zona de la capital.
Finalmente Orrego, quien hizo parte de una delegación de líderes de la capital que visitó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, destacó que el alcalde Petro y sus asesores, han presentado la situación allí como una lucha entre ricos y pobres, y un caso en el que de un lado está presente el ´puritanismo’ del Procurador y del otro el Alcalde, como defensor de las libertades.
Senador Gomez: Por su parte Miguel Gómez expresó que sobre el proceso de la revocatoria ha habido tal cantidad de ‘ladrillazos’ que es muy difícil saber qué es lo que va a suceder, cuándo se va a convocar y me queda muy complejo ir más allá.
La gente me pregunta, ¿pero al fin va a haber revocatoria o no? Yo debería poderles contestar y no puedo, señaló.
Comparó la situación del destituido gobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez con la de Petro, expresando que “soy partidario de su destitución (la de Gómez), pero lo que no entiendo es que en el caso del alcalde de Bogotá, hay silencio”.
Y explicó que si una entidad administrativa con carácter disciplinario puede destituir a un funcionario electo, esos mismos argumentos tienen que servir para otros casos (como el de Petro).
“No entiendo el silencio de los medios de comunicación al respecto. Cuál es el interés político. Hay un evidente deseo de ignorar ese caso y otros que han sucedido desde que Gustavo Petro fue destituido. La Procuraduría ha seguido destituyendo gente y nadie ha salido corriendo a Washington a pedir medidas cautelares. Nadie está pidiendo medidas cautelares para proteger a ‘Kiko’, el gobernador de La Guajira, ni más faltaba”, agregó.
Según Gómez, “evidentemente hay un tratamiento que favorece a Gustavo Petro quien está respaldado por ONG y una enorme cantidad de líderes de opinión que son personajes ambiguos”.
“Cuando uno empieza a aceptar que las leyes sólo deben aplicarse cuando le convienen a uno, eso era lo que los griegos llamaban Anarquía. Y este cuestionamiento sobre la institucionalidad, que ha sido la experiencia sobre la destitución de Petro y la debilidad con la que las instituciones han respondido a ese desafío, es, sin lugar a dudas, la mayor amenaza para nuestras libertades”, manifestó.
“Gustavo Petro cometió faltas gravísimas en el desmonte del modelo de privatización de las basuras en Bogotá. Tiene que responder por eso, y punto. Y no importa si consigue el favor popular, no importa. No tiene nada qué ver una cosa con otra. Y permitir que eso se siga manipulando como lo han hecho los medios de comunicación, es lo que nos tiene en la circunstancia actual. Y si dejamos que una persona invoque su respaldo popular para no cumplir la ley, eso se llama dictadura”, concluyó.
Ex Zar Anticorrupción: En ese mismo sentido Ortiz aseguró que no es comprensible que si Gustavo Petro gana la revocatoria “no pueda ser sancionado o destituido, cuando lo uno no tiene que ver con lo otro”.
Anotó que “el Alcalde miente cuando argumenta que por defender lo público se le condena y se le agravia. Al respecto dijo que en un Estado Social de Derecho, “no todo vale”. “Los medios que el Alcalde utilizó para hacer los cambios fueron abiertamente irregulares”, indicó.
Señaló que en el caso de Petro no hay injusticia, porque la situación es estrictamente jurídica, y concluyó en que confía que Bogotá, que fue artífice de la séptima papeleta que dio origen a la Constituyente de 1991 y a la marcha contra las FARC, en febrero de 2008, “tome la determinación de revocar el mandato de Petro”.
