Debe haber una alternatividad de justicia para los miembros de la Fuerza Pública
“La Justicia Penal Militar no es una invención de algunos radicales o de este gobierno, es una institución del Estado con más de 130 años de experiencia, que incluso en la Constitución de 1991 (Artículo 221) conservó lo estipulado, desde la Constitución de 1886”, dijo el ministro Juan Carlos Pinzón durante su intervención en el foro ‘La Justicia en el posconflicto: Justicia Transicional y Justicia Penal Militar, organizado por la Comisión de Paz del Congreso y Foros Semana.
El Ministro destacó que luego de analizar la reciente encuesta realizada a casi seis mil hombres y mujeres de todas las fuerzas, que buscaba medir las mayores preocupaciones o incertidumbres de la institución, reflejó que la mayor preocupación es la sensación de inseguridad jurídica (80%), y que, en consecuencia, la reforma al Artículo 221 va en vía solución a esta preocupación.
Precisamente, dijo que el argumento más sólido de la reforma consiste en que el DIH debe ser el marco en el cual se deben investigar y juzgar a los integrantes de la Fuerza Pública, y definió el DIH como la fórmula de restricción a la fuerza por medio de ciertos procedimientos, por ejemplo, la inteligencia militar para salvaguardar -sobre todo- a los civiles.
“Los integrantes de la Fuerza Pública obtendrán seguridad jurídica si son investigados y juzgados bajo operadores expertos en DIH sobre el marco de los convenios que lo consolidan este Derecho Internacional Humanitario”, sostuvo Pinzón, al tiempo que señaló que la reforma busca elevar la independencia de la Justicia Penal Militar de los altos mandos de la Fuerza Pública.
Justicia Transicional
El ministro Pinzó se refirió a la Justicia Transicional como un mecanismo incomparable a la Justicia Penal Militar, ya que esta se aplica en circunstancias de transición, como la que estaría ocurriendo en nuestro país si se llega al fin del conflicto con las Farc.
Sin embargo, dejo claro que fue el mismo Presidente de la Republica quien definió -desde principio de este proceso con las Farc- que si se les daba beneficios jurídicos a los integrantes de las Farc, también se les otorgaría a los integrantes de la Fuerza Pública.
Propuso que se debería analizar la posibilidad de integrar los mal llamados falsos positivos en Justicia Transicional, “Si se les van a dar beneficios a los peores crímenes de las Farc, se tiene que entender, aunque suene complicado, que estos crímenes surgieron con relación a un conflicto prolongado en la historia del país. Finalmente, advirtió que para una verdadera reconciliación debe existir una alternatividad de justicia para todos los integrantes de la Fuerza Pública.
Otros panelistas
El general Juan Salcedo Lora, expresidente nacional de ACORE, aseguró que es necesario incluir a todos, con sus diferencias, dentro la fórmula de justicia transicional y afirmó que “aplicar solo la justicia transicional a los guerrilleros sería un desastre”. Sin embargo, dijo que las Fuerzas Armadas no están dispuestas a someterse a una justicia penal“con mentiras y plagada de falsos testigos”.
Por su parte, la representante a la Cámara Ángela María Robledo dijo que “el Ejército tiene sus verdades y es su deber decirlas, como elemento de construcción de reconciliación, verdad, reparación y no repetición”. Además, afirmó que muchos deben pedir perdón y que no solo los actores directos de la guerra deben construir y hacer parte de la justicia transicional, pues a su juicio “todos fuimos profundamente negligentes” en el país.
En su intervención, Camilo Sánchez León, coordinador de investigaciones sobre Justicia Transicional de DeJusticia, dijo que para fortalecer el modelo justicia transicional en el posconflicto es necesario que la institucionalidad sea legítima para evitar, en un futuro, que circunstancias internacionales entren a juzgar. “Entre más fuerte son nuestras instituciones, ‘el tigre de papel’ que es la Corte Penal Internacional CPI, continuará siendo de papel (…) En caso contrario, ‘el tigre’ se convertirá en uno de carne y hueso”, concluyó.
Segundo panel
En segundo panel de este foro, ‘Justicia Penal Militar o Justicia Transicional ¿Cuál debe ser el mecanismo?’, el general (r) Néstor Ramírez demostró que la Fuerza Pública es una organización ética con argumentos jurídicos y constitucionales.
Resaltó que la Justicia Penal Militar es una garantía el cumplimiento de la misión constitucional y que este es un derecho fundamental, ya que en la materialización de este fuero es donde se encuentran los jueces naturales de todos los hombres y mujeres que integran la Fuerza Pública.
Al final de este panel el senador Iván Cepeda; el representante de la ONU para los Derechos Humanos, Tood Howlan; y el director de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón, coincidieron en sus intervenciones en que los agentes del Estado -reflejados en los integrantes de las Fuerza Militares y la Policía Nacional-, tienen una responsabilidad elevada en la generación de victimas en el país.
También fue curioso como también en los tres paneles se refirieron constantemente a los empresarios y otros agentes del Estado como máximos responsables del conflicto en nuestro país.
Tercer panel
Durante el tercer y último panel con un título que generó suspicacias ‘Mecanismos jurídicos para garantizar la no repetición, la verdad, la justicia y la reparación por violaciones a los DD.HH. por agentes del Estado”, y donde no participó ningún representante de la Fuerza Pública, se pudo establecer que los mal llamados falsos positivos no deben ser incluidos dentro del modelo de Justicia Transicional.
Se destacó la furia en sus argumentos del representante Alirio Uribe, quien es conocido por haber sido director del polémico Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo: “Los militares han tenido plan A y plan B. Justicia Penal Militar que se cayó y buscaban impunidad”. “Los militares tiene que decir la verdad de todas las ejecuciones extrajudiciales, contratación de sicarios, primos del paramilitarismo, mal uso de la inteligencia. Sin la verdad no se puede operativizar la justicia transicional”, concluyó irónicamente Alirio Uribe.
Así entonces se dio finalidad a este foro que genera muchas suspicacias en cuanto a si este proyecto de paz busca el desarme, la desmovilización y la reintegración de los integrantes de las Farc.
