Quienes ligeramente afirman que a las Fuerzas Militares poco o nada les importan la protección de los Derechos Humanos en Colombia, desconocen de tajo más de 23 años de trabajo ininterrumpido y el tesón de 268 oficinas con dedicación exclusiva a estos asuntos.
En las sociedades de América Latina o de África, los vocablos fuerzas militares y Derechos Humanos (DD.HH.) están en permanente dialéctica, a tal punto que en muchos sectores académicos, políticos y sociales se considera que ambos son excluyentes y hasta disonantes.
Esta particular mirada -matizada quizá por tendencias ideológicas extremistas- pregona un natural divorcio entre los militares y los ciudadanos y sus derechos, casi que otorgándole a los primeros el rótulo de victimarios, pues, dicen quienes están a favor de esta conjetura, que en su naturaleza está intrínseca la violación de los mismos.
La negación de las condiciones del otro ha llevado casi que a institucionalizar y estereotipar a los militares con esta carga negativa. En este controversial atisbo, los integrantes de las Fuerzas Militares de Colombia no son la excepción a la regla.
Durante décadas, estos sectores contestatarios han pregonado que los militares colombianos son esencialmente violadores de Derechos Humanos si se observa su rol a la luz de la Declaración Universal de 1948 y las normas que el Sistema Interamericano y la Constitución consagran para su protección, promoción y difusión en nuestro país.
Tales presunciones desconocen, verbo y gracia, que en 1994 se aperturó en el comando de las Fuerzas Militares de Colombia la primera oficina de DD.HH. Para la época, nueve personas, entre uniformados y asesores civiles con formación profesional especializada, iniciaron el camino para proyectar su desarrollo en el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
Hoy, 23 años después, en las Fuerzas Militares funcionan 268 oficinas de DD.HH., de las que hacen parte un pequeño ejército de oficiales, suboficiales y funcionarios civiles.
En este tiempo, el objetivo de las oficinas no ha variado: intensificar las iniciativas encaminadas a la coordinación interinstitucional para permitir una comunicación adecuada, el seguimiento y el archivo actualizado de casos sobre presuntas violaciones de Derechos Humanos, así como aquellos esfuerzos de capacitación, promoción y protección de los mismos.
El camino
La llegada del general Fernando Tapias Stahelin (q.e.p.d.) al comando de las Fuerzas Militares (1998-2002) supuso uno de los mayores impulsos históricos de los Derechos Humanos en el seno de las instituciones castrenses del país. El alto oficial convenció al entonces presidente Andrés Pastrana Arango y a su ministro de Defensa, Luis Fernando Ramírez Acuña, de la importancia de fortalecer las políticas de Derechos Humanos en las Fuerzas Militares.
Para leer la columna completa puede hacer click en el siguiente link
