Un gran número de colombianos ven con temor e incertidumbre el futuro inmediato de nuestra realidad nacional.
El proceso de implementación de los acuerdos pactados con las Farc está generando un gran desconcierto y rechazo ciudadano por los excesivos beneficios otorgados a esta organización.
En materia de seguridad jurídica, el tratamiento especial diferenciado anunciado para la Fuerza Pública no ha sido suficientemente claro y favorable hasta el momento.
Un nuevo proyecto de ley estatutaria crearía poderosos mecanismos de cogobierno en los diferentes niveles de los órdenes nacional, departamental y municipal, restándole autonomía política y administrativa a quienes tienen la facultad de ejercer su mandato en los respectivos territorios de su jurisdicción.
Se crearía una “subcomisión especial de seguimiento” para vigilar las actividades de carácter institucional que le corresponde a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional en materia de seguridad y defensa.
Tal como se ha venido insistiendo, la preocupante situación que registra el país en términos económicos, políticos y sociales, está generando una pérdida creciente de gobernabilidad, acompañada de una marcada polarización social y corrupción galopante en distintos frentes de la actividad pública. Frente a esta situación, un gran número de colombianos ven con temor e incertidumbre el futuro inmediato de nuestra realidad nacional.
Dentro de este preocupante marco de referencia, particularmente en lo que atañe al proceso de implementación de los acuerdos pactados con las Farc en la mesa de negociaciones de La Habana, surge también un gran desconcierto y rechazo ciudadano por los excesivos beneficios otorgados a esta organización, sin verse hasta el momento resultados concretos, claros y tangibles en cuanto al cumplimiento efectivo de todo aquello a que se comprometieron sus dirigentes en materia de dejación de armas, tanto individuales como de apoyo, y en lo referente a misiles tácticos antiaéreos tierra aire con que cuentan en número importante.
Tampoco se ha hecho realidad la desmovilización de todos sus frentes, continuando algunos en actividad en territorio venezolano y otros portando el uniforme y el brazalete que identifica al ELN. De igual manera, el inventario y compromiso de entrega de bienes para resarcir a sus víctimas ha sido una gran burla. La devolución a la sociedad de los cientos de menores reclutados, junto con la liberación de secuestrados y el cese de actividades criminales relacionadas con el narcotráfico y la minería ilegal, no es un hecho cierto.
En contrapelo a tanto beneficio otorgado a esta organización, el tratamiento especial diferenciado anunciado para la Fuerza Pública en materia de seguridad jurídica no ha sido suficientemente favorable hasta el momento. El gobierno nacional ha guardado un inexplicable silencio frente a las justas y repetitivas peticiones de la reserva activa de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para adecuar los textos del proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), relacionados con la responsabilidad de mando en cuanto a determinar taxativamente la prevalencia del Código Penal Colombiano sobre la normatividad penal internacional, con fundamento en el principio universal de favorabilidad.
Para terminar, y si todo lo anterior fuera poco relevante, cursa actualmente en el Congreso de la República, otro proyecto de ley estatutaria para determinar “el ejercicio efectivo de la participación ciudadana, la movilización y la protesta social”, en cuyo extenso articulado, entre otras muchas cosas, genera graves afectaciones en materia de gobernabilidad, orden constitucional, integridad territorial y en cuanto a misión, imagen y estructuración de nuestras instituciones militares y de Policía Nacional.
De ser aprobado este proyecto tal como está, se crearían poderosos mecanismos de cogobierno en los diferentes niveles de los órdenes nacional, departamental y municipal, restándole autonomía política y administrativa a quienes tienen la facultad de ejercer su mandato en los respectivos territorios de su jurisdicción.
Para este propósito quedarían facultadas distintas organizaciones y movimientos sociales como ejecutores o encargados de utilizar los mecanismos que se crearían para el efecto. Sobre este particular, distintas ONG impulsadas por las Farc y el Cinep ya se vienen preparando para crear y manipular diferentes grupos de estas características a lo largo y ancho del territorio nacional.
En lo tocante con la Fuerza Pública, se trasgrede la línea roja insistentemente anunciada por el Jefe del Estado, al crearse una “subcomisión especial de seguimiento” con estas organizaciones para vigilar las actividades de carácter institucional que le corresponde a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional en materia de seguridad y defensa. De ser así, se rompería la línea de mando que establece la Constitución y la Ley.
Consecuente con lo anterior, esta ley estatutaria permitiría a las Farc y también al ELN, ejercer su influencia en todo el territorio nacional con una masiva participación del Partido Comunista, sus milicias urbanas y rurales y demás organizaciones que le sean afines. Podrán disponer también de recursos financieros y bienes del Estado, incluyendo igualmente el uso y privatización de frecuencias de radio y televisión sin mayores restricciones.
Brigadier General (RA) Jaime Ruiz Barrera
Presidente Nacional de ACORE
