ULTIMA OPORTUNIDAD

Por: Almirante  (RA)David René Moreno M.

Analista

Siempre me he preguntado quien o quienes están detrás del telón nacional e internacional manipulando los hilos para guiar hacia el abismo la maltratada democracia de Colombia. En el transcurso del tiempo se ha ido cumpliendo una serie de aspectos, que analizados individualmente posiblemente no se observe el daño tan grande que se le está haciendo a las instituciones y en términos generales al futuro del país, pero cuando se ponen sobre la mesa y se analizan en conjunto, indiscutiblemente se entiende el verdadero propósito de estas medidas: estamos frente a un complot para la toma del poder por parte de las FARC y sus alcahuetas, ante la mirada impávida de muchos que se hacen llamar ciudadanos.

Se ha tomado por costumbre decidir y ordenar por entes judiciales, nacionales y extranjeros, que el estado, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares deben pedir perdón por actuaciones donde se han presentado asesinatos y otra suerte de crímenes causados por los grupos narcoterroristas, como es el caso de la reciente decisión del Consejo de Estado frente a las muertes de Bojayá (Chocó), donde 119 inocentes e indefensos hombres, mujeres y niños fueron salvajemente masacrados por las FARC el 2 de mayo de 2002.

No es lógico que la maltrecha y desprestigiada justicia colombiana, en lugar de adelantar su labor constitucional de procesar y condenar a los asesinos narcoterroristas para que paguen su deuda con la sociedad, obligue al estado y al Ejército Nacional a pedir perdón por unos crímenes que no cometieron y que estos si fueron públicamente reconocidos de haber sido cometidos por las FARC, según lo manifestaron algunos de sus cabecillas como Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez y Félix Antonio Muñoz Lascarro, alias Pastor Alape y otros miembros de la organización subversiva en el mismo lugar de la masacre^[1]. Parece que estuviera orquestado.

La injerencia de organizaciones internacionales en las decisiones jurídicas, que especialmente enriquecen a algunos colectivos de abogados inescrupulosos, pero que por sentencias también obligan a pedir perdón por crímenes no cometidos por miembros de las Fuerzas Militares, como es el caso conocido de la masacre de Santo Domingo en contra de la Fuerza Aérea Colombiana, donde se ha demostrado que se manipuló una escena para responsabilizar amañadamente a los miembros de esta hidalga institución y se aleccionó a testigos para que declararan en contra del estado con una lección perfectamente aprendida.

Los controversiales fallos de autoridades jurídicas nacionales como el Tribunal Superior de Medellín que ordenó al Presidente de la República “… declarar públicamente que el estado colombiano es responsable de las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario que cometieron los paramilitares y por el ‘daño y el dolor causado a las víctimas’”^[2], así como lo que ocurrió igualmente a raíz del ataque sanguinario del grupo terrorista M-19 al Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985, donde los facinerosos fueron amnistiados e indultados, mientras que los defensores de la democracia fueron encarcelados y recientemente el ex presidente Belisario Betancur pide perdón por sus propias actuaciones.

Estas decisiones tienen muy graves implicaciones futuras para el país y para sus instituciones; es el reconocimiento oficial de la responsabilidad del estado frente a crímenes que no han cometido los miembros de sus Fuerzas Militares, cuerpos armados legítimos y constitucionales creados para la defensa del estado y la protección de sus ciudadanos; es el reconocimiento absurdo e ilegal del fenómeno del paramilitarismo como organización creada y controlada por las autoridades legítimas del estado, que es lo que desde hace mucho tiempo han tratado de endilgarle al gobierno los verdaderos enemigos de la paz; es el lavado y exoneración de la culpa a los grupos narcoterroristas que tanto dolor han causado a Colombia. Todas estas actuaciones van a ser empleadas muy pronto por los inescrupulosos que se volverán millonarios al establecer demandas amañadas contra el estado ante estrados internacionales y para sustentar sus demandas contra los comandantes militares que se opusieron a sus intenciones delictivas.

De otra parte, las organizaciones enemigas de la paz y de la democracia buscan fortalecer a toda costa y por todos los medios sus falsos argumentos para demostrar ante la justicia y ante las organizaciones internacionales la ilegitimidad de la Fuerza Pública, mostrando que estas al pedir perdón se arrepienten de sus actuaciones y que están conformadas por delincuentes, así como las ordenes de delinquir vienen desde lo más alto del gobierno; es lo que se denominaría el manjar que esperan degustar para el logro de sus propósitos. Pero todo esto está articulado, porque paralelamente esperan afectar la moral de los miembros de la fuerza pública al observar que estas decisiones del más alto nivel los coloca como delincuentes, cuando lo único que han hecho es defender la democracia; pero estas decisiones también favorece que colombianos y extranjeros, desinformados en su mayoría, miren con recelo a quienes han sido capaces de entregar su propia vida por defender a aquellos que no conocen.

Vale la pena anotar que aparentemente ya no se requiere una nueva Constituyente para tener un país a la medida de la izquierda y más particularmente de las decisiones del Foro de Sao Paulo, ya que con el “Documento de lineamientos para una ley estatutaria de garantías para la participación de organizaciones y movimientos sociales para la movilización y protesta social” (21 abril 2017), que han presentado nada menos que el CINEP, la Corporación Viva la Ciudadanía y la Fundación Foro Nacional por Colombia, se están introduciendo los cambios radicales en las disposiciones, normas y leyes del país, que las FARC no lograron incorporar en los textos de La Habana.

Es un documento de 66 páginas lleno de Derechos a los manifestantes, huelguistas, miembros de organizaciones de derechos humanos, etc, pero que no tiene contiene ningún Deber por parte de los mismos. Además de darles las llaves y el control del país, se les permite influir en la educación, en los medios de comunicación, pasar la Policía Nacional al Ministerio del Interior, para politizarla; eliminar el servicio militar obligatorio, para disminuir el pie de fuerza pues quieren encerrar las FF.MM. en los cuarteles para dejarles el país a su disposición; acceder a la información clasificada de las organizaciones militares, para manipular la información y aparecer como víctimas del estado; involucrar a las juventudes en todos los procesos, para explotar su presencia en manifestaciones, huelgas y votaciones, mientras que la ley no los puede castigar por cometer delitos; manipular las protestas sociales a su conveniencia, para generar caos y anarquía.

Me preocupa que el estado llegue a pasar este documento a la aprobación del Congreso, sin analizarlo y sin valorar las consecuencias de esta chequera en blanco en manos de la izquierda y peor, que en el Congreso se apruebe a ‘pupitrazo limpio’; en ese caso, apague y vámonos. El país quedaría igual que los vecinos, donde hasta en los cuarteles militares se legalizaría la presencia del Comisario Político. Sera que la apatía de muchos colombianos va a permitir que nuestro país se convierta en un sistema comunista obsoleto que ya fracasó en el mundo? Porque el silencio de quienes pueden hablar para evitar la caída en el abismo? Quien o quienes están entregando nuestro país? Estamos frente a una última oportunidad democrática para evitar que Colombia sea un futuro fracaso.

[1] FARC piden perdón por la masacre de Bojayá. www.elpais.com.co/proceso-de-paz/farc-piden-perdon-por-la-masacre-de-bojaya.htlm 29 septiembre, 2016.

[2] Santos deberá pedir perdón por crímenes de los ‘paras’. www.elespectador.com/noticias/judicial/santos-debera-pedir-perdon-crimenes-de-los-paras-articulo-532897 12 diciembre 2014.