Por: Pedro Medellín
Ya ni los narcotraficantes se salvan de la inseguridad en que vive el país. Es la conclusión que deja la noticia dada por Caracol Televisión, desde Caquetá. Según el reporte, una bien organizada banda de traficantes de drogas fue estafada por delincuentes que les habían vendido un cargamento de pasta de coca, cuando en realidad era maíz. Lo sorprendente de la noticia no era solo la estafa, sino que los estafados pusieron la denuncia ante las autoridades. Y peor aún, que el oficial de Policía consultado informó que ya había cuatro denuncias más por hechos similares. Por supuesto, las autoridades se comprometieron a investigar los hechos y a llevar ante los jueces a los responsables. ¡A denunciantes y denunciados!
Más allá de lo gracioso o lo doloroso de la noticia, lo cierto es que su ocurrencia refleja bien hasta dónde ha llegado la incapacidad del aparato institucional encargado de proporcionar seguridad a los ciudadanos. Ya ni los propias organizaciones criminales pueden mantener a salvo los bienes con los que delinquen (¡!).
Es evidente que el gobierno ha perdido el control de la situación. Ya no sólo porque se han agotado las fórmulas de las autoridades para contener el delito, sino porque el propio sistema legal que sostiene las actuaciones de gobernantes y gobernados hace agua por todas partes.
Tal es el naufragio, que esta semana se ha producido una gran movilización ciudadana cuando se supo que la Fiscalía imputaría cargos por homicidio culposo a un escolta que mató con un disparo de su arma de dotación a un delincuente que estaba asaltando a una mujer en el norte de Bogotá. Ante la movilización el Fiscal dijo que una vez se cumpla con las diligencias de entrevista y ratificación de las circunstancias que son de dominio público, “se archivará la investigación, pues nunca se planteó una imputación de cargos”.
Ante el caso, el recurso de la legítima defensa comienza a ganar espacio como instrumento generalizado para unos ciudadanos cada vez más inermes ante el problema. Ni siquiera los mecanismos privados de seguridad y vigilancia les garantizan cierta tranquilidad. Cada quien vive su propio drama y los habitantes se repliegan hacia el interior de sus casas. Vivimos de puertas para adentro.
Las encuestas comienzan a registrarlo. En las tres publicadas este fin de semana, la inseguridad es el asunto que más preocupa a los ciudadanos. Si bien el dato ya se había observado en otras encuestas, lo novedoso es que duplica a las preocupaciones por la educación, la corrupción y quintuplica a las relacionadas con el costo de la vida o la carga de los impuestos.
Cualquier observador extranjero quedaría paralizado cuando encuentra en esas encuestas que la escala de preocupaciones va en el siguiente orden: robos/atracos/fleteos; presencia de grupos criminales/delincuentes; asesinatos/homicidios; Miedo al salir de casa; Consumo de drogas/narcotráfico; violencia; poca Policía; extorsión; violaciones y corrupción. ¿Qué país resiste una escala de preocupaciones públicas de esa naturaleza?
Lo que esto significa es que la preocupación por la inseguridad ha dejado de ser un problema de percepción ciudadana para convertirse en un problema político de grandes dimensiones. Por ejemplo, en la encuesta realizada por la firma YanHaas, la inseguridad comienza a ser el asunto que definirá el voto de los colombianos para elegir el presidente en mayo de este año. Uno de cada cinco colombianos dice que este tema definirá su voto. Y no hay ningún elemento para pensar que el problema va a resolverse. Y por lo que se ve en las campañas, ese tampoco será el escenario en que se plantearán alternativas. Mientras tanto, ¿será que hay que recurrir a la legítima defensa?
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