El 01 de agosto del año en curso se dio por terminado el sexto ciclo de conversaciones con esta organización terrorista en la ciudad de La Habana.
El anuncio del Presidente de la República, de llegar a un acuerdo sobre cese al fuego y suspensión de hostilidades, no logró su cometido en razón a la firme posición asumida por los negociadores del gobierno, y en particular por la de los generales y representantes de la fuerza pública integrantes de la Comisión Técnica y sub-mesa del cese al fuego. Importante destacar la posición institucional asumida por los generales Carlos Rojas, Edgar Rodríguez y Álvaro Pico.
La Comisión Especial designada por el gobierno para presionar un rápido acuerdo en tal sentido, tampoco logró su cometido. Formaron parte de esta comisión los senadores Roy Barreras e Iván Cepeda, José Noé Ríos y el abogado de las Farc Álvaro Leyva Duran. También participo la Canciller María Ángela Holguín.
Al término del sexto ciclo de conversaciones, la mesa de diálogos produjo un comunicado conjunto en el cual se anunció lo concerniente a la iniciación del proceso en el año 2012 y la tarea cumplida de manera especial en la fase pública desarrollada durante el año 2017.
Se hace referencia a los temas principales discutidos tanto en el ciclo quinto como en el sexto, con el propósito de acordar un nuevo cese al fuego bilateral, temporal y nacional, y lo relacionado con la participación de la sociedad civil en la construcción de la paz. Se señala también la participación de la comunidad internacional y nacional, y el acompañamiento de la Conferencia Episcopal de Colombia y varias organizaciones de esta misma sociedad civil.
Concluye que el camino recorrido durante el proceso es muy significativo y destaca la importancia de persistir con voluntad y compromiso para lograr el impulso decisivo requerido para continuar la agenda de diálogos que se ha pactado.
Desde el punto vista institucional, la posición asumida por el alto mando, se tradujo en las siguientes directrices para los miembros de la fuerza pública participantes en la negociación:
La fuerza pública, fuere lo que fuere acordado en la negociación, continuará cumpliendo la misión institucional que le impone la carta política de la nación.
Las conductas calificadas como “retenciones”, no serán admitidas como tales, sino en la forma en que corresponde según la legislación penal colombiana: SECUESTROS.
En cualquier circunstancia prevalece siempre el respeto total y absoluto de los derechos ciudadanos.
La misión establecida para la fuerza pública, bajo ninguna circunstancia puede ser modificada por imposición de esta organización. La constitución y las leyes de la República así lo determinan.
Pretensiones relacionadas con supuesta jurisdicción y competencia de esta organización terrorista sobre algún sector del territorio nacional, o en lo que respecta a sus instituciones, bajo ninguna circunstancia pueden ser aceptadas en esta negociación.
El proceso que se adelanta no podrá ser calificado al final como un acuerdo político; y por ninguna razón, puede generar obligaciones al Estado para financiar el sostenimiento de esta organización terrorista y tampoco para modificar o adecuar la legislación vigente en lo referente a explotación minera y /o energética, lo cual han venido exigiendo.
El cese de hostilidades debe quedar plenamente definido y por ningún motivo darle calificativos de carácter “humanitario” como tampoco crear zonas en el territorio nacional con esta misma denominación.
El proceso de desminado que pueda acordarse, solo se pondrá en ejecución como resultante al cese al fuego que sea pactado.
Durante todas las conversaciones, y particularmente en la etapa final, el ELN ha querido fijar su posición en cuanto a no aceptar una desmovilización, sino utilizar el término de “diluirse” al interior de la sociedad civil, buscando su cooperación y participación efectiva en diferentes sectores. Para lo anterior, plantean 10 regiones específicas con diversos temas de este tipo y con carácter vinculante.
Mejorar la situación humanitaria en todo el territorio nacional, según el ELN, tiene carácter prevalente. No acepta ningún tipo de concentración y exige que se les permita su movilidad sin restricción alguna.
Sobre el equipo negociador del cual forma parte los negociadores plenipotenciarios, la subcomisión técnica, la sub-mesa de cese al fuego, cuenta con algunas personas suficientemente capacitadas y experimentadas que han venido actuando eficientemente desde hace varios años dentro de este proceso. Si por decisión del actual gobierno, se producen cambios en cuanto a la conformación de este equipo, se considera necesario e indispensable la continuidad de los miembros de la fuerza pública en servicio activo, y aquellos en su condición de retiro, para garantizar continuidad y mejores resultados hacia el futuro. Según la conveniencia, países garantes y cooperantes podrían ser modificados.
Las principales diferencias dentro del proceso de negociación que se han presentado, las cuales fueron determinantes para no llegar a un acuerdo final en el sexto ciclo, fueron las siguientes:
La vigencia del secuestro como recurso imperativo de esta organización. Lo clasifican en 5 categorías :
Carácter político.
Recurso económico.
Acción delictiva contra la propia organización.
Acción delictiva contra la sociedad civil.
Procedimiento de seguridad para la propia organización.
Cese de hostilidades. Para el ELN este cese debe señalarse bajo el concepto de “tema humanitario”. La aplicación del DIH lo interpreta a su acomodo para favorecer algunas de sus actuaciones.
La implementación, bajo claros compromisos vinculantes preferencialmente en lo que respecta con el Estado.
El cumplimiento estricto de la misión constitucional de la fuerza pública. No aceptan ningún tipo de actuación en casos de flagrancia y lo concerniente al concepto operacional que se fija en la misión de la fuerza pública.
Brigadier General (RA) Jaime Ruiz Barrera
Bogotá, Agosto 21 de 2018
