El Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, y los representantes de las Asociaciones de Oficiales en la Reserva Activa de las Fuerzas Militares y de la Policía, encabezados por el Brigadier General Jaime Ruiz Barrera, presidente de ACORE, sostuvieron el pasado lunes 12 de agosto un cordial, pero franco encuentro, en torno a la problemática de los miembros de la Fuerza Pública involucrados en procesos penales y, en general, al funcionamiento del aparato judicial frente a la institución militar y policial.
Durante la reunión, efectuada en la sede Nacional de ACORE, el jefe del organismo acusador escuchó con detenimiento una serie de observaciones sobre el manejo que están dando algunos fiscales a los procesos de militares y policías sindicados de delitos, inquietudes que fueron presentadas puntualmente, entre otros, por el presidente de ACORE, la Defensoría Militar (Demil) y el general Oscar González, excomandante del Ejército Nacional.
Ante los requerimientos e inquietudes, el fiscal Eduardo Montealegre planteó los siguientes compromisos:
– Expedir unas directivas internas en la Fiscalía para clarificar cómo deben ser las estructuras de imputación, especialmente respecto a graves violaciones de los Derechos Humanos. Una primera directiva sería frente a lo que se ha denominado autoría mediata en virtud de aparatos organizados de poder.
– Igualmente, expedir una directiva donde se clarifique cuáles son los presupuestos para que un superior pueda responder por los hechos del inferior. Además, se comprometió a definir si algunas estructuras de imputación de la Corte Penal Internacional (CPI) son o no aplicables en el derecho interno colombiano. Y si no son aplicables, cuál va a ser la estructura que debe regir la responsabilidad del superior por los hechos del inferior en el derecho colombiano.
Lo anterior para que cuando los fiscales orienten las investigaciones tengan una claridad dogmática, en virtud del derecho fundamental a la igualdad.
– El Fiscal también expedirá unas directivas que clarifiquen temas de adecuaciones típicas, de calificaciones correctas dentro del proceso, especialmente frente a aspectos como cuándo hay delitos de lesa humanidad, cuándo hay delitos de guerra, cuándo se trata de un homicidio agravado, o cuándo se trata de homicidio en persona protegida.
Se trata, explicó el funcionario, de un programa jurídico para fijar, antes de finalizar el año, criterios de interpretación que sirvan como medidas de seguridad jurídica, de garantía de justicia y de garantía de defensa, para que los fiscales tengan unos elementos muy claros al momento de aplicar estructuras de imputación.
– De otra parte se conformará, antes de septiembre, una comisión interna de alto nivel de la Fiscalía, para recibir las inquietudes frente a casos particulares de miembros de la Fuerza Pública. La comisión escuchará las objeciones y críticas respecto de la forma como se adelantan algunos procesos, y si hay que corregir defectos o posiciones equivocadas, hacer lo debido.
– Respecto al carrusel de falsos testigos y su incidencia en procesos de la Fuerza Pública, se abrirá un espacio en la Comisión para que se escuchen las denuncias al respecto y se designará un grupo de fiscales que las estudien en concreto.
– Así mismo, y con relación al Fuero Penal Militar, el Fiscal se comprometió a hacer una revisión rigurosa de los casos que deben ir a la Justicia Penal Militar y los que se deben quedar en la justicia ordinaria. Al respecto, aclaró que en los casos que no se constituyan delitos como los llamados “falsos positivos” u homicidios agravados, y que sean propios del combate o de operaciones militares, se debe restituir y hacer efectiva la garantía constitucional del Fuero Penal Militar.
“Si hay evidencias que demuestren que hay errores protuberantes en una investigación, seremos los primeros en corregir. Ofrecemos espacios directos de examen y revisión de casos paradigmáticos o muy emblemáticos de errores”, aseguró Montealegre.
– Igualmente informó que se dará capacitación a los fiscales en materia de derecho operacional y del funcionamiento de las estructuras de manejo de la fuerza pública.
– Se pondrá especial atención a los casos de cambio súbito de adecuación típica para evitar excarcelaciones y mantener privaciones indefinidas de la libertad, lo mismo que aquellos en los que se mantienen indefinidamente los procesos y no se toman decisiones.
