En medio de un agradable y sincero encuentro, los integrantes de la Mesa de Trabajo Permanente (MTP) de la Reserva Activa, encabezada por el presidente de ACORE, brigadier general Jaime Ruíz Barrera, departieron el pasado lunes 16 de septiembre en las instalaciones de la Asociación, con el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón y los miembros de la nueva cúpula militar.
El encuentro, que se desarrolló por espacio de cuatro horas, fue aprovechado por el presidente nacional de ACORE para hacer un esbozo general de la labor que se adelanta por parte de la Mesa de Trabajo Permanente en beneficio de la reserva activa de la fuerza pública.
Parte fundamental de la presentación del general Ruiz Barrera al Ministro y al nuevo mando militar, en cabeza del comandante general, mayor general Leonardo Barrero, fueron 12 puntos que tienen que ver con las principales preocupaciones de la Reserva Activa frente a la Institución y al país, en materia de seguridad y defensa.
Para conocimiento de nuestros lectores, y con el fin de hacerlos partícipes de estas preocupaciones, muchas de ellas ya señaladas al gobierno nacional en distintas ocasiones, presentamos a continuación un resumen de los planteamientos del general Ruiz Barrera.
– Informe del Centro de Memoria Histórica. De acuerdo con el presidente de ACORE, este informe, ya hecho público, y oficialmente aceptado por el gobierno nacional, “nos afecta institucionalmente porque la mayor parte de su contenido, no se ciñe a la verdad histórica de muchos acontecimientos.” Se tomaron 21 casos emblemáticos para evaluar y calificar tendenciosamente la actuación de las fuerzas militares dentro del conflicto armado que ha enfrentado el pueblo colombiano, haciéndolas responsables de la violencia registrada en los últimos cincuenta años. Los autores de este informe, cumplieron una tarea evidentemente sesgada y politizada, distorsionando la realidad de muchos hechos. Al final se nos presenta, ni más ni menos, como una “institución criminal causante de graves daños al país dentro de la contienda armada”.
“La propuesta nuestra señor Ministro y señores Generales, es que, a través de la Escuela Superior de Guerra, se revise con urgencia este informe de manera minuciosa, y con argumentos válidos y fácilmente sostenibles, para controvertir todo aquello que no corresponde a la realidad y que ha sido dicho en forma malintencionada. Nos preocupa, tal como lo hemos repetido, que el Gobierno ya tomó públicamente, la decisión de que este sea un documento de estudio obligatorio en los diferentes niveles de educación del país. No queremos una historia mal contada”, dijo el presidente nacional de ACORE.
–Perdida de mar territorial en el archipiélago de San Andrés y Providencia. Al respecto, señaló que frente a las últimas decisiones del Gobierno, “nos quedan grandes interrogantes en el sentido de cuál es el verdadero significado de la decisión del Gobierno de no aplicar el fallo de la Haya, y qué efectos en materia de seguridad y defensa nacional, tiene para las Fuerzas Militares, en especial para la Armada y la Fuerza Aérea que están allá ejerciendo prioritariamente el control de la zona y actos de soberanía nacional”.
Para el presidente de ACORE las preguntas son “¿Hay efectivamente un control territorial soberano? Sabemos que estamos patrullando el paralelo 82, pero ¿estamos en lo que nos quedó de mar territorial o seguimos ejerciendo la soberanía que antes teníamos? ¿Cuál va a ser el verdadero manejo jurídico en defensa de nuestro mar territorial?
–Beneficios jurídicos y procesales para la Fuerza Pública en caso de un postconflicto. En este sentido el general Ruiz Barrera señaló que “se trata de un asunto muy controvertido porque hay quienes piensan que no se debería aceptar oferta alguna en el sentido de obtener beneficios al igual que los terroristas, dentro del proceso de negociación. Para algunos, sería vergonzoso y humillante”.
Sin embargo, agregó, “cuando uno visita los centros de reclusión militar, donde hay gente que reclama con sobrada razón, que ha sido víctima de una serie de irregularidades procesales, falta de garantías y utilización sistemática de falsos testigos, con condenas humillantes e inaceptables, entonces uno ve que hay que buscar soluciones alternas, como las que podría ofrecer la negociación del conflicto armado en materia de justicia transicional”.
“En estas condiciones, si este proceso de terminación del conflicto armado se va a dar, y si va a haber beneficios judiciales para los terroristas, por simple equidad y dentro del concepto de la simetría jurídica, hay que buscar la forma de obtener estos mismos beneficios para nuestros combatientes. No veo otra alternativa.”, agregó el oficial.
– Ofensiva judicial reciente contra miembros de la Fuerza Pública. Sobre este punto recordó que no se trata de algo nuevo, sino que viene de atrás en forma persistente, pero que últimamente se ha intensificado, haciéndose además un habilidoso uso de los distintos medios de comunicación, para comprometer y poner en la picota publica a miembros de la Fuerza Pública de la más alta graduación, en distintos procesos sobre supuesta violación de derechos humanos, utilizando el argumento de la necesidad de buscar a los ‘máximos responsables’ y la ‘priorización’, que se requiere para resolver estos casos .A este coro se unen por igual, varias ONG y organismos internacionales de justicia para los cuales tradicionalmente, “como militares, somos muy poco afectos”.
“Este es un tema muy preocupante y que tiene que ver en forma directa con la guerra jurídica de que es víctima el Estado y particularmente su fuerza armada. Esta guerra jurídica que tanto nos afecta, requiere en forma urgente la atención debida por parte del gobierno y de las instituciones afectadas, para contrarrestarla apropiadamente dentro del marco legal establecido y con los recursos que sean necesarios, para evitar en el menor tiempo posible, sus peligrosos efectos, particularmente en lo que tiene que ver con la moral y la voluntad de lucha de nuestros combatientes.
– Trámite de la ley Estatutaria del Fuero Militar. El presidente de ACORE recordó que el acto legislativo que dio vida al nuevo Fuero está demandado. La ley Estatutaria aún se encuentra en proceso de revisión constitucional. “No sabemos qué pueda pasar y eso nos preocupa”. En este momento continuamos sin la seguridad jurídica requerida para cumplir la misión institucional. Seguimos sometidos al capricho de la justicia ordinaria.
– Ministerio de Seguridad Ciudadana. El general Ruiz Barrera fue enfático en señalar que hay unanimidad en la Reserva Activa de la fuerza pública, en el sentido de que “no queremos que se nos divida”. “Sería un error gravísimo en este momento que esa situación se pueda dar. No es conveniente. No podemos perder todo lo que se ha logrado en el trabajo de equipo y lo que la Policía Nacional ha alcanzado profesionalmente, como prestigiosa institución, para colocarla como una dependencia secundaria adscrita a un Ministerio, en una posición y en un nivel que no le corresponde”, dijo.
Destacó que “vale la pena mantener esa institución como es, y trabajar desde la reserva activa, a como dé lugar, para que ese proyecto nefasto y politiquero no se vaya a dar”.
– Aprobación del voto para la Fuerza Pública en servicio activo. El presidente de ACORE indicó que el proyecto de ley para permitir el sufragio a los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, “ya está caminando en el Congreso, por iniciativa parlamentaria, tanto en Senado como en Cámara de Representantes”.
“No es fácil, pero necesitamos el beneplácito del gobierno para respaldar esta iniciativa. Hemos venido socializando este proyecto con varios sectores políticos con buenos resultados hasta este momento” Podemos recuperar este derecho reglamentándolo en forma tal, que no permita ningún tipo de deliberación, tal como lo prohíbe expresamente nuestra Constitución Nacional”. Queremos tener las mismas garantías del ciudadano común. Explicó.
– Defensa Técnica para miembros de la Fuerza Pública. Se trata de un tema de vital importancia, destacó el general Ruiz Barrera, al señalar que cerca de 15.000 hombres se encuentran fuera de combate por inexplicables decisiones judiciales ante la ausencia del Fuero Penal Militar. Se requiere con urgencia constituir en forma inmediata la infraestructura requerida para cumplir con este mandato constitucional, aprobado recientemente en la reforma del nuevo fuero penal militar.
Anotó que “tres mil hombres, especialmente del Ejército, se encuentran encartados en procesos por actos del servicio y encarcelados en centros de reclusión militar. De estos, escasamente hay unos 1.000 o 1.200 condenados. La mayoría de estos procesados, reclaman justicia porque se consideran totalmente inocentes y porque no tienen por qué responder a la jurisdicción ordinaria por actos del servicio cometidos, en cumplimiento de la misión institucional”. Reclaman el debido proceso y plenas garantías para su defensa. No piden impunidad.
Al respecto señaló también, que gracias a la mediación del ministro de Defensa, se logró establecer un compromiso con la Fiscalía General de la Nación, para atender todo tipo de inquietudes, quejas y reclamos, por errores procesales que se hayan cometido contra miembros de la fuerza pública por parte de funcionarios de esta entidad.
– Normas restrictivas para la tenencia de armas. Sobre este punto, el presidente de ACORE reclamó la revisión de algunas normas restrictivas que impiden que algunos miembros de la Reserva Activa puedan acceder a los salvoconductos que les permitan la tenencia y porte de armas para su defensa personal.
En este punto, incluso, el oficial denunció que ACORE es actualmente objetivo militar de los grupos armados ilegales por la posición que ha asumido frente al fuero militar y en la defensa de otros derechos e intereses de carácter institucional. Según ANCOL y el periódico VOZ del PCC, constituye la “guarida de los exterminadores de la Unión Patriótica y de los integrantes de la llamada TRIPLE A.
– Acreditación de las víctimas de la Fuerza Pública dentro del conflicto armado. El general Ruiz Barrera dijo que a pesar de que la norma respectiva, así lo contempla, “es muy poco lo que se ha logrado en ese sentido”.
“Se habla de sólo 250 o 280 personas de la Fuerza Pública que han reclamado y les han aceptado este derecho”, expresó. Se requiere un mayor esfuerzo institucional para obtener los beneficios legales para quienes han sido afectados en razón al conflicto armado.
– Proyecto de ley sobre ascensos y degradación. El presidente de ACORE se refirió al proyecto de ley que actualmente cursa en el Congreso de la Republica , y que contempla la reglamentación de los ascensos de la Fuerzas Militares y de Policía Nacional , y en el cual se incluyeron dos artículos evidentemente anticonstitucionales sobre degradación y pérdida de derechos legalmente establecidos.
– Restructuración del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares. Al respecto dijo que el tema no es nada fácil porque para ello es necesario unificar todo el sistema, regionalizarlo y sistematizarlo para llegar con todos los servicios de salud a las diferentes guarniciones y zonas del país. El sistema requiere una reingeniería total, y sabemos que se está trabajando intensamente en tal sentido. Anotó
Sobre esta misma inquietud, intervino el Brigadier General Guillermo Bastidas Ordoñez, Secretario General de ACORE y miembro del equipo de trabajo que realiza la tarea de reconstrucción del sistema, informando a los asistentes el estado en que se encuentra este importante proceso.
Al encuentro asistieron, entre otros, además del ministro de Defensa Nacional y el Comandante General de las Fuerzas Militares, el viceministro del Grupo Social y Empresarial del Sector Defensa, general José Javier Pérez, y los comandantes del Ejército, mayor general Juan Pablo Rodríguez, de la Armada, vicealmirante Hernando Wills y de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), mayor general Guillermo León.
Septiembre 20 de 2013
