Un segundo conversatorio sobre la decisión de la Corte Internacional de Justicia de La Haya de recortar más de 70.000 km2 de aguas marinas en El Caribe a nuestro país, se cumplió el pasado lunes 23 de septiembre en la sede Nacional de ACORE.
En el conversatorio participaron el presidente de la Asociación, brigadier general Jaime Ruiz Barrera, el vicealmirante José Ignacio Rozo, la excanciller Noemí Sanín, el internacionalista, Miguel Ceballos y el historiador y experto, Enrique Gaviria Liévano.
Gaviria Liévano hizo una interesante exposición en la que defendió su tesis sobre los Archipiélagos de Estado, figura que, señaló, si bien no está incorporada en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, ya hay 21 naciones que la han incorporado en su legislación interna.
Según el experto, los archipiélagos de Estado “son aquellos que dependen de un Estado continental el cual ejerce soberanía sobre ellos, a pesar de que están situados en la mitad del océano. Como era el caso de San Andrés y Providencia”.
“Desde 1971, que fue la primera declaración sobre las islas Galápagos, hasta el 2003, que fue la última, en la que Francia declaró como Archipiélago de Estado las islas o formaciones de Nueva Caledonia, han transcurrido 31 años y por consiguiente no se puede hablar de que es una teoría que no tiene fundamento del Derecho Internacional sino que está respaldada en la práctica de los Estados”, explicó Gaviria Liévano.
El experto asegura que si el gobierno hubiese declarado esa figura para el caso de San Andrés y Providencia, la situación en La Haya hubiera sido otra.
Según Gaviria Liévano su tesis consiste en que “el archipiélago de San Andrés y Providencia debería declararse como un archipiélago de Estado, uniendo todas las islas y las formaciones insulares a través de líneas de base recta, con la ventaja de que las aguas internas, que según la terminología de la Convención del Mar, se llaman Aguas Archipielágicas, serían de exclusiva competencia, de uso y aprovechamiento por parte del gobierno colombiano, naturalmente respetando el Derecho Internacional en el sentido de permitir el libre paso y el sobrevuelo en estas aguas decretadas como archipielágicas”.
En otros apartes de su exposición, el experto hizo algunas consideraciones sobre la estrategia anunciada por el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos para enfrentar el caso, que por considerarlas de interés para nuestros lectores, publicamos a continuación:
“(…) El Presidente de la República en una alocución que todos conocimos, presentó la nueva estrategia de Colombia sobre una supuesta negociación con Nicaragua para establecer cómo va a manejarse el Sea Flower, así como la celebración de un tratado Internacional con ese país”.
“Examinando el decreto y la presentación gráfica que hizo el Presidente de la República, encuentro que a pesar de que allí se invoca una ley de 1978, hay una diferencia bastante grande entre lo que yo planteo como Archipiélago de Estado y lo que se está planteando en ese decreto”.
“La verdad es que hay ciertas similitudes con mi planteamiento, y también grandes diferencias”.
“El gobierno lo que ha dicho en el decreto es que van a crearse lo que denominan una Zona Contigua Integral, que creo no existe en el Derecho Internacional, como sí existe el concepto del Archipiélago de Estado, cuando la terminología que ha debido emplear no es la de Zona Contigua Integral, sino de Plataforma Continental Integral, porque eso sí existe, pero no se mencionó en la alocución presidencial”.
“Por otro lado, si se examina el decreto, éste no habla del Archipiélago de San Andrés, sino de las islas como parte del Archipiélago de San Andrés, que es un enfoque bastante diferente porque esa fue, entre otras cosas la posición oficial que adoptó Colombia en el proceso ante la CIJ frente a Nicaragua, y fue que se sugirió unas líneas medias, pero a partir de las islas”.
“Igualmente, me parece que el decreto del gobierno no logra el objetivo que en el fondo se estaba persiguiendo. Lo que estamos persiguiendo dentro de esta estrategia, o así lo concibo yo, es ver en qué medida puede ser menos nocivo el resultado del fallo de la CIJ y en la medida de lo posible reivindicar las zonas que le pertenecían a Colombia, aunque con el decreto no lo logramos”.
“El decreto habla simplemente de Zonas Contiguas, no habla de las demás zonas como la Zona Económica Exclusiva, que en el fondo es lo que nos interesa, desde el punto de vista y nacional”.
“Dentro de esta estrategia se ha planteado que el Presidente de la República celebre un tratado con Nicaragua, que no sabemos cómo va a ser, entiendo que con la idea de que de alguna forma se logren acuerdos de pesca o se modifique de alguna manera el fallo, que me parece que ya, frente a la respuesta del presidente Ortega en el sentido de que no va a cambiar un ápice lo que le otorgó la CIJ, y es apenas comprensible, pues al tratado no le veo como mucha viabilidad”.
“La posición del gobierno es que, o así lo entiendo, van a tratar de demandar o demandaron el Pacto de Bogotá, y le mandaron la pelota a la Corte Constitucional”.
“Cuando se denunció el Pacto de Bogotá se dijo que con eso se cerraba la posibilidad de que Nicaragua nos pudiera demandar y se inventaron la teoría de que la denuncia tenía un efecto inmediato, cuando el Pacto dice que eso ocurre sólo 12 meses después de la denuncia, y tan es así, que nos demandó Nicaragua, antes del año que se cumple el 28 de noviembre de 2013”.
“Como autor de una teoría sigo pensando que esa debería haber sido la salida para Colombia, y que hubiera evitado este desastre, porque mal podría la CIJ enclavarnos dos cayos que hacían parte del Archipiélago de San Andrés y Providencia, dentro de la figura del Archipiélago de Estado, y trazar unas líneas que violaran esas líneas de base rectas. Es algo que no tiene sentido”.
“No todo fue culpa de la Corte, aun cuando tengo claro que fue un fallo injusto, que se tomó solamente la proporción geográfica y que se sumaron otros hechos, en estoy de acuerdo. Pero de parte de Colombia también hubo una posición que no favoreció los intereses del país, digámoslo con toda franqueza”.
“Después de 10 años de haber sostenido el meridiano 82, de la noche a la mañana, porque la Corte dijo y porque en la sentencia entre Honduras y Nicaragua se había dicho que el meridiano 82 no era un límite marítimo, nosotros nos metimos en ese cuento y cambiamos súbitamente de posición, y dijimos que lo que había que hacer era trazar una línea media. Nos pasamos del meridiano 82 a la línea media”.
“Ahora ¿qué hacer? Sigo considerando que si nosotros realmente queremos pelear de frente con Nicaragua, pero con una posición que sea consistente, lo ideal sería que volviéramos a la figura del Archipiélago de Estado. Pero me temo que eso hoy en día ya es más difícil de aplicar, pero no imposible”.
“Y por otro lado creo que no se excluye lo del recurso extraordinario de revisión, con muchos otros elementos”.
“Pero me preocupa que uno no ve realmente una estrategia clara frente a la demanda de Nicaragua, porque en el fondo lo que he dicho es exactamente cierto. La Corte dejó abierta la posibilidad de la segunda demanda. Y ¿por qué?
Porque si se observa el fallo se puede ver que la decisión de la Corte fue, no rechazar las pretensiones de Nicaragua sobre la plataforma extendida. Lo que dijo era que no había suficiente información, y naturalmente protegía así a la Comisión de Límites de la plataforma continental”.
Finalmente Gaviria Liévano criticó no haber ratificado la Convención del Mar, a pesar de que el país luchó por ella 10 años, y porque son muchos los beneficios que le reporta al país hacer parte, y porque somos apenas cinco o 10 Estados, de toda la comunidad internacional, que no hemos ratificado la Convención.
