Las Reservas Activas del Cuerpo de Oficiales de las Fuerzas Militares de Colombia y de la Policía Nacional, representadas en la Mesa de Trabajo Permanente (MTP) ,
convocada de manera extraordinaria para este propósito, hacen publica su indignación y rechazan categóricamente las acusaciones formuladas internacionalmente por una ONG de activistas alemanes contra el Señor General Freddy Padilla de León, actual embajador de Colombia en Austria y ex Comandante General de nuestras Fuerzas Militare
Esta organización, que actúa bajo la denominación de “Centro Europeo para la Constitución y los Derechos Humanos” (CECDH), en coordinación con colectivos de abogados de extrema izquierda radical de nacionalidad colombiana y de voceros de la organización terrorista FARC, utilizando simultáneamente diferentes medios de comunicación, han hecho públicos gravísimos cargos contra el Señor General, señalándolo sin fundamento alguno y en forma temeraria, como responsable de supuestas ejecuciones extrajudiciales y autor de conductas criminales de carácter internacional.
Sobre este particular, y en respuesta a estas infundadas aseveraciones, la Fiscalía General de la Nación, fue enfática en afirmar, que no existe investigación alguna por los presuntos hechos motivo de esta falaz acusación.
El falso expediente que se quiere montar en relación con esta tendenciosa denuncia, no es otra cosa que parte de la guerra jurídica que persistente y exitosamente, viene conduciendo la extrema izquierda radical en favor de las organizaciones terroristas y en contra del Estado colombiano, y más precisamente, contra miembros de su fuerza pública.
En los últimos días, ha sido notoria la intensificación de esta ofensiva, para comprometer y poner en la picota publica, a miembros de las Fuerzas Armadas de la más alta graduación, vinculándolos a distintos procesos sobre supuesta violación de derechos humanos. Se utiliza para el efecto, como argumento principal, la necesidad de buscar a los ‘máximos responsables’ y la ‘priorización’ que se requiere, como recurso indispensable para agilizar y resolver estos casos relevantes.
Esta guerra jurídica que tanto daño causa a la institucionalidad del país, requiere en forma urgente la atención debida por parte del gobierno nacional y de las instituciones afectadas, para contrarrestarla apropiadamente dentro del marco legal establecido y con los recursos que sean necesarios, para evitar en el menor tiempo posible, sus peligrosos efectos, particularmente en lo que tiene que ver con la moral y la voluntad de lucha de nuestros combatientes.
Reclamamos igualmente la solidaridad de los distintos sectores de la sociedad civil colombiana, para que se pronuncie y rechace enérgicamente la agresión sistemática y humillante de que son víctimas nuestros soldados y policías por cuenta de estas organizaciones extremistas que pretenden desestabilizar al país, y que tanto daño hacen a quienes día a día, se juegan la vida en el campo de combate y en las calles de nuestras ciudades para defendernos de múltiples amenazas y hacer prevalecer nuestras instituciones democráticas.
La situación es bastante preocupante. Si no se protege ahora a quienes nos defienden, no habrá en un futuro quien lo haga, con la misma decisión y arrojo frente a los peligros que nos acechan.
Las falsas imputaciones, la calumnia, la injuria y todo aquello que atente contra el prestigio, la honra y el buen nombre de nuestras instituciones o a la de cualquier ciudadano, constituyen conductas reprochables e ilegales, que como en este caso, deben ser sancionadas penalmente y de manera ejemplar.
Esperamos la acción gubernamental requerida para contrarrestar este tipo de agresiones, la pronta y cumplida justicia por parte de nuestras autoridades competentes frente a tanta persecución y constante difamación, y el apoyo irrestricto de la ciudadanía a quienes integran las instituciones armadas de la nación.
Bogotá D.C., octubre 10 de 2.013
