La constante actividad en defensa de la Institución Militar por parte de los directivos de ACORE, incluyó también una entrevista con el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, el pasado 11 de diciembre, que se suma a otros encuentros realizados este año con ese funcionario.
Como desarrollo de la reunión, el presidente de ACORE, brigadier general Jaime Ruiz Barrera, entregó al Fiscal General un documento cuyo texto divulgamos a continuación. Es de destacar que se prevé un nuevo diálogo entre el funcionario y las directivas de la Asociación, una vez Montealegre estudie con detenimiento dicho documento.
Señor Doctor
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETH
Fiscal General de la Nación
E. S. D.
REFERENCIA: Reclamaciones Fuerza Pública por actuaciones Fiscalía General de la Nación
Señor Fiscal General:
Ante la ausencia del fuero penal militar o policial, la Fiscalía General de la Nación, durante los últimos siete años, en uso de la facultad que le permite ejercer la doble potestad de investigar y calificar algunas conductas de carácter penal, las cuales en ciertos casos, podrían estar íntimamente relacionadas con la actuación de algunos miembros de la fuerza pública en el cumplimiento de sus misiones legales y constitucionales (actos del servicio), se han generado en forma insistente, múltiples reclamos por presuntos procedimientos de carácter irregular en diferentes procesos adelantados por funcionarios de este ente investigativo.
Estas actuaciones como es natural, han creado al interior de la Fuerza Pública, una preocupante y creciente sensación de inseguridad jurídica entre sus integrantes. Este problema no es de tipo individual. Es de carácter institucional, cuya magnitud, sin exageración alguna, afecta significativamente la defensa y la seguridad nacional.
Los hechos motivo de reclamo, se han constituido en parte primordial de una guerra jurídica que se ha desatado en contra de las FF.MM. y de la Policía Nacional, a través de diferentes procedimientos judiciales. Su único propósito, no es otro que el de intimidar y minar su moral y espíritu de lucha en la tarea que les corresponde, como principales garantes de la soberanía e institucionalidad democrática del país.
La situación que se presenta, no puede ser más preocupante y desalentadora:
Solamente en el Ejército Nacional, tenemos algo más de quince mil hombres fuera de combate, en la mayoría de los casos, por inexplicables decisiones judiciales. Más de tres mil encarcelados. Hay más militares en las cárceles que miembros de las peligrosas organizaciones terroristas. La gran mayoría de los procesados, manifiestan que no se les tiene en cuenta el principio de presunción de inocencia, el debido proceso y muchas de las garantías judiciales establecidas. Con cualquier tipo de argumento se les sindica irregularmente por uso desproporcionado de la fuerza.
Muchos Jueces y Fiscales desconocen principios básicos del derecho operacional y del derecho internacional humanitario (derecho de guerra), como también, lo que es la realidad y las circunstancias propias de un combate o procedimiento policivo. Esto por lo regular, los lleva a tomar decisiones equivocadas en algunos casos que procesan.
En muchos de estos casos, se están aplicando también, nuevas técnicas de investigación, con el ánimo de buscar “máximos responsables”, “priorización” en algunos procesos, y particularmente “unidad de contexto” (patrones criminales), tratando de encontrar supuestas políticas de Estado, o de carácter institucional, en ciertos hechos punibles (como son los mal llamados “falsos positivos”), para poderlos calificar como crímenes de lesa humanidad y evitar así su prescripción y garantizar la plena competencia de la justicia ordinaria. Igualmente se utiliza sistemáticamente y en forma generalizada, la teoría de la responsabilidad mediata para comprometer de cualquier manera a los diferentes niveles del mando institucional. En estas circunstancias, se omite deliberadamente el concepto universal que establece, que cada persona como sujeto procesal, es el responsable de sus propios actos. En otros términos, la responsabilidad penal siempre será individual.
Con este tipo de procedimientos, inexplicablemente se le está dando un tratamiento equivocado a los miembros de la Fuerza Pública, quienes como Agentes del Estado, cumplen misiones institucionales, y no actividades dolosas, como si pertenecieran a una organización criminal.
Consecuente con lo anterior, muchos de los que vienen siendo investigados en estas circunstancias, han estado denunciando reiteradamente varias irregularidades de tipo procesal en su contra.
Estos son algunos de los testimonios de abogados defensores y miembros de la Fuerza Pública que han sido procesados:
1. Práctica de diligencias sin presencia de los implicados o de sus abogados defensores.
2. Algunos montajes con familiares de supuestas víctimas o falsos testigos para acusar sobre la comisión de diferentes delitos.
3. Obstaculización y uso de todo tipo de impedimentos para controvertir o contrainterrogar a falsos testigos.
4. Ofrecimiento de distintos beneficios judiciales a los sindicados, bajo el compromiso de presentar testimonios que responsabilicen penalmente a sus comandantes en los diferentes niveles del mando.
5. Amenazas de adelantar procesos por falso testimonio, en caso de llegarse a retractar por las acusaciones proferidas contra sus superiores.
6. Utilización frecuente de la figura legal de la supuesta “coautoría”, para vincular en un mismo proceso, a todos los integrantes de las unidades militares y policiales que sean objeto de investigación. Se ataca preferencialmente a comandantes en los niveles superiores del mando.
7. Considerar como tendencias homicidas y por consiguiente agravantes punibles, los cursos y especializaciones de combate, cargos de comando desempeñados, condecoraciones por servicios distinguidos en orden público, que hayan obtenido los implicados.
8. Violación del fuero carcelario y la aplicación inmediata de medidas de aseguramiento en muchos casos innecesarias, sustentadas sin el adecuado sustento probatorio.
9. Uso sistemático de los medios de comunicación para producir condenas a priori ante la opinión pública, con flagrante violación de la reserva del sumario.
Con lo antes expuesto, es importante advertir, que bajo ninguna circunstancia, con estas reclamaciones, se está buscando beneficios extralegales o cualquier otra forma de impunidad, para aquellos a quienes se les demuestre con plena verdad jurídica, cualquier tipo de conducta dolosa o responsabilidad penal.
También es conveniente afirmar, que estas quejas que aquí se formulan, deben ser tomadas en sentido constructivo. La Fiscalía General de la Nación, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, son instituciones que tienen grandes responsabilidades para enfrentar conjuntamente la grave amenaza que representan las distintas organizaciones terroristas, bandas criminales y delincuencia organizada, que desde hace mucho tiempo amenazan al país.
Para lograr con éxito esta delicada misión, se hace indispensable la realización de una tarea en equipo, para que cada entidad, sin ningún tipo de prejuicios, cumpla cabalmente con sus respectivas misiones institucionales. Todas requieren del apoyo mutuo permanente para alcanzar este objetivo. Este tipo de integración y de confianza debe ser recíproca. De esta manera, sin duda alguna, se fortalecerán y les permitirá arrojar mejores resultados en el ejercicio de sus propias responsabilidades. Esto es lo mínimo que esperan y exigen nuestros conciudadanos.
En esta importante tarea, bajo ningún motivo pueden existir dudas o contradicciones. Mucho menos hostilidad y enfrentamientos entre militares, policías y funcionarios de la Fiscalía y de la rama judicial. La sociedad civil ve con agrado la dedicación y el esfuerzo permanente de las tropas y de la policía nacional, por cumplir con las diversas tareas que les impone la Carta Magna en materia de defensa, seguridad nacional y tranquilidad pública. En este campo, siempre han obtenido magníficos resultados y un reconocimiento permanente por parte de la sociedad colombiana. Diversas encuestas de opinión así lo confirman.
Cordialmente,
Brigadier General (RA) Jaime Ruiz Barrera
Presidente Nacional de ACORE
