En su columna del diario El Tiempo, del pasado viernes 7 de marzo, el general Álvaro Valencia Tovar se refirió al debate suscitado por la propuesta de la Asociación de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (ACORE), de devolver a los miembros de la Fuerza Pública el derecho ciudadano al voto.
Por considerarla de interés para nuestros lectores, publicamos a continuación el texto del escrito:
El voto para los militares
La proximidad de las elecciones resucita un tema que parecía descartado de nuestro panorama electoral. Magno error. No hay que confundir estar dormido con estar muerto. El militar, como ciudadano, tiene los derechos y obligaciones concedidos por la ley, pero también las obligaciones inherentes al porte del uniforme y las armas de la nación. La primera, evitar que la política penetre en sus filas. Asunto bien difícil si votos y candidatos también lo hacen.
Acore, bajo la acertada presidencia del general Jaime Ruiz Barrera, impulsa con entusiasmo el derecho ciudadano al voto en la milicia activa. Muy bien, pero recomendable meditar sobre consecuencias previsibles tanto para Acore como para las Fuerzas Armadas. La escogencia de candidatos exige deliberación con su potencial divisionista y de agrietamiento. Es aquí donde el derecho del ciudadano en uniforme se subordina al interés nacional de sus instituciones armadas.
Se arguye que en todos los ejércitos latinoamericanos existe el sufragio para los militares. Sí, pero Colombia constituye un universo ideológico propio y es dentro de su concepción filosófica donde debe centrarse la discusión.
Nuestro continuo guerrear durante el siglo XIX obedeció a razones políticas, con algunas variables influyentes en cada ocasión, de orden económico, social, religioso, educativo. Después de la más sangrienta y dañina de las contiendas intestinas que enfrentó a liberales y conservadores durante mil días y sufrió el doloroso desmembramiento del istmo panameño, el advenimiento a la presidencia de uno de los más notables estadistas de Colombia, el general-presidente Rafael Reyes, logró la reconciliación nacional llamando a su gobierno a los dos más connotados adversarios en la guerra civil, Benjamín Herrera y Rafael Uribe Uribe.
A este último confió la embajada en Chile, teniendo en mente la más trascendental y perdurable de sus reformas: la reforma militar. Para realizarla, envió a Chile como embajador al general Uribe Uribe, quien demostró en la diplomacia los talentos e inteligencia desplegados en los campos de batalla.
Por instrucciones del general Reyes, Uribe contrató a dos prestigiosos oficiales del ejército chileno, los capitanes Ahumada y Guillén, fundadores de la Escuela Militar del Ejército, acto que tuvo lugar el 1.° de junio de 1907, y un teniente de Navío para fundar la Escuela Naval en Cartagena, de efímera duración por culpa de la política. Un siglo de historia militar conserva la impronta perdurable de los oficiales chilenos, plasmada por ellos con la Copa de los Fundadores, hermoso trofeo de plata que se entrega al cadete elegido por sus camaradas por compañerismo y carácter, principios fundamentales en la carrera de las armas.
Esta disquisición del tópico central de esta columna, el voto militar, no es ajena al mismo. Por el contrario, llama a meditar en la trascendencia marcial y ciudadana de prevenir la infiltración política acaballada en el sufragio aún no convertido en ley. Afortunadamente. En 1932, otro gran reformista, Olaya Herrera, suprimió el voto para los militares en actividad; Alfonso López Pumarejo le dio carácter constitucional en 1936. A partir de entonces, y pese a la violencia partidista, el Ejército y, con este, las Fuerzas Militares pasaron al primer lugar entre las instituciones del Estado por la credibilidad y confianza reconocidas por nuestro pueblo.
Entre mis recuerdos de infancia aparece la imagen de los batallones que con paso marcial caminaban hacia las urnas como obedeciendo la voz de mando ¡march AR!
No es el momento de añadir la controversia por el sufragio, a la ofensiva desatada por la política y la prensa contra «el Ejército corrupto», que hace descender abruptamente los índices de aceptación y credibilidad de las Fuerzas Armadas.
