Por Augusto Guzmán Ramírez*
Muchas conjeturas se han hecho en torno a la presencia de un grupo de siete miembros de la Fuerza Pública en servicio activo en la mesa de conversaciones de La Habana, liderado por el general Javier Flórez Aristizábal, Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares.
El hecho no ha sido desapercibido: de un lado está el júbilo expresado por las revista Semana y el Gobierno Nacional, pasando por la satisfacción de las Farc, hasta las más enconadas críticas del Centro Democrático en voces del senador Alfredo Rangel y del ex presidente Álvaro Uribe.
De antemano conviene precisar que por encima del general Flórez, en el grado de representatividad de las Fuerzas Militares, están el Comandante General de las Fuerzas Militares y los tres Comandantes de las respectivas Fuerzas, es decir, Ejército, Armada y Fuerza Aérea, lo cual quiere decir que a La Habana asistió el cuarto hombre en la jerarquía y no el segundo, como lo señala la revista Semana. Incluso el general Flórez fue relevado de su cargo con el fin de que se dedique exclusivamente al tema de La Habana.
En cuanto al hecho de que presuntamente la presencia de los militares es “una jugada estratégica para garantizar la firma de los acuerdos”1, tal aseveración resulta exagerada. La seguridad de los acuerdos depende de la seriedad y el compromiso de las partes intervinientes. Los militares son terceros, no tienen la clave de los acuerdos. A lo sumo podrán aportar, más no garantizar, en los aspectos técnicos atinentes al cese del fuego bilateral, la desmovilización, la dejación de las armas y demás aspectos que cronológicamente corresponden a una fase final de las negociaciones y no a una intermedia como la actual, ya que constituyen temas de cierre y por lo tanto reflejan una inminencia en los acuerdos.
Analizando, en prospectiva, resulta apresurada la presencia del General en la mesa de conversaciones. Ha podido enviarse un jefe de delegación más técnico y menos representativo, sobre todo cuando ni siquiera se han finiquitado con las Farc aspectos centrales como la participación política y el tratamiento judicial.
La ligereza e improvisación del Gobierno Nacional al enviar a los militares a Cuba, evidencia una marcada debilidad política en varios frentes. Se hace evidente que el proceso con las Farc se le está desarticulando y saliendo de las manos, ya que no ha podido imponer unos plazos concretos a las conversaciones.
En lo interno, la situación con la oposición por el tema de la financiación de la campaña electoral reeleccionista, lo lleva a instrumentalizar las conversaciones con el grupo guerrillero para distensionar y favorecer el equilibrio político. De allí que resulte exagerada tanta expectativa generada por el presidente Juan Manuel Santos y la revista Semana por la presencia de los militares, circunstancia que no deja de ser una decisión gubernamental desesperada, limitada a comprimir y alterar las fases de las conversaciones, esperanzado el Gobierno en que esa táctica acorrale a las Farc y la someta a unos tiempos no precisados ni acordados desde el inicio.
Para la organización ilegal la presencia de los oficiales constituye toda una legitimación desde la contra parte y, también, la confesión castrense, tácita e histórica, de la imposibilidad de someterlas. Así mismo, significa ‘igualar’ a unos y a otros, ya que los voceros de las Farc pasan de ser “cabecillas” a ‘comandantes’, equivalencia que alias Iván Márquez califica como un entendimiento entre “guerreros”2.
El significado que la oposición política da a los hechos, resulta igualmente exagerada. No es humillante ni ilegal que algunos miembros de las Fuerzas Militares, hayan asistido a La Habana, como lo señalan el senador Rangel y el ex presidente Uribe. Envilecer esa gestión ofende la dignidad de los militares. La oposición debió resaltar el altruismo, la probada lealtad y la subordinación del estamento militar al poder civil y a la carta política. Las actividades desplegadas por el general Flórez y su equipo, son enteramente legales y corresponden a una política pública atinente a su oficio, es decir, la defensa y el orden público.
La errada valoración en los dos frentes políticos expuestos, deja manifiesta la administración oportunista y el irrespeto de la Fuerza Pública, tanto del gobierno como de la oposición, al manejar al estamento castrense como simple ficha del ajedrez político, acorde con sus intereses.
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(1) Revista Semana 23 de agosto de 2014.
(2) Edición nocturna Noticiero RCN 25 de agosto de 2014.
*Miembro de Asopatria. Colaboración, para ACORE, de la Revista Análisis y Letras que comienza a circular esta semana.
