Un sentido homenaje a los héroes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, caídos durante la operación de recuperación del Palacio de Justicia tomado por un comando terrorista, se realizó el pasado jueves 6 de noviembre en la Catedral Castrense, Jesús Cristo Redentor.
La ceremonia, que contó con nutrida asistencia de miembros de las FF.MM y de la Policía Nacional, en la actividad y en la Reserva, fue organizada por la Mesa de Trabajo Permanente y durante la misma llevó la palabra el presidente de ACORE, brigadier general, Jaime Ruiz Barrera.
El siguiente es el texto de la intervención:
Triste fecha para recordar…
Sobre el trágico caso del Palacio de Justicia, que en este acto litúrgico estamos rememorando solamente el día de hoy, es conveniente recordar que hace veintinueve años el grupo terrorista M-19, en alianza con narcotraficantes pertenecientes al cartel de Medellín, masacró cerca de cien ciudadanos, entre quienes figuraban importantes magistrados de la Corte Suprema de Justicia, varios servidores públicos, e inocentes personas que por casualidad se encontraban en ese lugar.
A este trágico saldo debe sumarse más de medio centenar de heridos de la Fuerza Pública, como resultado de los combates realizados por las tropas para la recuperación de las instalaciones y rescate de 260 secuestrados en poder de los terroristas.
Este acto demencial ha sido calificado como uno de los hechos más atroces de tipo delincuencial, de lo cual no existe hasta la fecha, algo similar en el historial de violencia que ha padecido nuestro país en los últimos años.
Lo más paradójico e inadmisible es que los tenebrosos homicidas, responsables de esta barbarie, gozan hoy de la plena libertad, y muchos de ellos han ejercido, y ejercen actualmente, importantes cargos dentro del Estado colombiano, mientras quienes defendieron legal y constitucionalmente la soberanía nacional, se encuentran injustamente procesados y condenados, víctimas de la persecución de un sistema judicial que no ofrece ninguna garantía.
De todos es bien sabido que en el curso de estas investigaciones, no hay evidencia alguna ni prueba contundente sobre posibles personas que hubieran resultado desaparecidas, como consecuencia de las operaciones militares y de policía desarrolladas para recuperar estas instalaciones y rescatar a las víctimas.
Lo único realmente comprobado hasta el momento, es la existencia de diecisiete cuerpos totalmente calcinados, que fueron encontrados en el interior del edificio y cuya identificación fue imposible realizar.
Este hecho permite concluir que los supuestos desaparecidos podrían encontrarse entre estas personas que resultaron afectadas como consecuencia del incendio que provocó la organización terrorista, poco después de atacar y ocupar las instalaciones del palacio.
En el año de 1998, según la Fiscalía General de la Nación, se exhumaron varios cuerpos en el Cementerio Central y las pruebas de ADN que les fueron practicadas, tampoco permitieron establecer la identidad de los supuestos desaparecidos. Sobre estos “desaparecidos” se quiere hacer responsable, de manera particular, al Ejército Nacional, por su decidida participación en la defensa de las instituciones democráticas.
El M-19, único responsable de esta acción terrorista, fue indultado por el Estado Colombiano.
El proceso legal que se ha venido adelantando con ocasión de estos hechos, no ha permitido hasta el momento esclarecer totalmente lo ocurrido.
Los verdaderos responsables, miembros de la organización terrorista M-19, inexplicablemente gozan de plena libertad, no obstante haberse declarado por parte del Consejo de Estado, que los crímenes cometidos por esta organización son de lesa humanidad, y por lo tanto adquieren el carácter de imprescriptibles.
La justicia colombiana, basándose en falsas y dudosas pruebas de carácter testimonial, ha producido hasta el momento diferentes sentencias en distintos procesos penales sobre los mismos hechos.
Sobre este particular, la defensa entablada inicialmente por el Estado colombiano ante la Corte Internacional de Derechos humanos, sustentada magistralmente por un reconocido y experto abogado internacionalista, en la cual se estableció que no hubo desaparecidos, tiene en este momento plana y total validez.
En otros términos, no hay verdad jurídica de carácter definitivo. Es decir, no hay excesos ni desaparecidos que hayan sido plenamente comprobados. Y por tanto, al no probarse la existencia de desaparecidos, ni algún tipo de violación a los derechos humanos, los miembros de la Fuerza Pública que están siendo investigados en estos procesos, no tienen responsabilidad alguna por tales hechos.
¡¡¡ Este es otro golpe mortal a la moral de las Fuerzas Armadas de Colombia!!!
