Las Naciones Unidas a través del Consejo de Seguridad, mediante resolución unánime de los países que la conforman, ha asumido el compromiso de verificar y monitorear los acuerdos que sean pactados en materia de cese al fuego bilateral definitivo, suspensión de hostilidades y dejación de armas.
Para este propósito, previamente el gobierno nacional había anunciado, que consistiría en un mecanismo tripartito (Gobierno- FARC-ONU), para crear una Comisión de Verificación conformada por observadores no armados, pertenecientes a los 33 países latinoamericanos y del caribe que conforman el CELAC (Comunidad de Estados L.A y del Caribe). Esta comisión comenzará a operar con la firma del acuerdo final y dos meses después de esta fecha, se procederá con el desarme de la organización.
Con la designación de observadores no armados, se descarta la presencia de Fuerzas Militares extranjeras en nuestro territorio. Esta tarea será cumplida por espacio de doce meses, con posibilidades de extender el plazo, si las circunstancias de la negociación así lo determinan. Con esta decisión, se cambia radicalmente el protocolo tradicionalmente establecido por la ONU, en cuanto a que, los Cascos Azules siempre han intervenido en los procesos de verificación de desarme y desmovilización de organizaciones terroristas, con participación de militares expertos y competentes pertenecientes a diferentes países, actuando como observadores bajo la supervisión directa del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Para nuestro caso, los observadores provendrán, tal como ya se dijo, de países miembros de la CELAC, excluyendo los que limitan con Colombia.
No se descarta la posibilidad de que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, pueda también intervenir en este proceso, ya que, en distintas ocasiones, ha denunciado el excesivo crecimiento de cultivos ilícitos en diferentes territorios de nuestra geografía nacional. Esta intervención, podría constituir un serio obstáculo para un eventual acuerdo de finalización del conflicto armado con las FARC.
Existen muchas variables para llevar a cabo esta gestión dentro del plazo establecido. El número de observadores y los medios requeridos depende de la cantidad de zonas de concentración y verificación, condiciones geográficas de cada sector y logística disponible para el efecto. Esto demandara importantes recursos, que según parece, serán financiados en su totalidad por este organismo internacional.
Para efectos de lo anterior, ya ha sido confirmada la creación de ocho zonas de verificación en distintas regiones del país, donde los observadores internacionales cumplirán su tarea sobre lo que sea pactado dentro del proceso de negociaciones. Las zonas de concentración para la instalación de los campamentos requeridos por parte de las FARC, al parecer ya han sido acordadas a través de la Comisión Técnica, pero hasta el momento no han sido divulgadas. Se desconoce, o aún no se ha definido, la forma como se llevará a cabo el cese al fuego bilateral definitivo con cese de hostilidades y lo concerniente a la dejación de las armas. Igualmente, no se ha mencionado el procedimiento de desmovilización que sea pactado para llegar a un acuerdo de finalización del conflicto. Este tema de la desmovilización, es un asunto determinante.
Independientemente de la verificación internacional, se requiere también, como recurso indispensable, otra de carácter nacional que hasta el momento no ha sido anunciada y cuyo propósito seria evitar posiciones sesgadas de algunos observadores extranjeros en beneficio de las FARC. Venezuela, Cuba, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y varios países del Caribe miembros de la CELAC, siempre les han sido muy favorables a esta organización terrorista. Sus posiciones ideológicas radicales, marcan claramente diferencias fundamentales de carácter político, que en el momento actual no nos favorecen.
Ya ocurrió con la Oficina de la ONU en Colombia durante el proceso de manejo de victimas que se dio en la Mesa de Negociaciones de La Habana, donde se observó una posición muy favorable hacia las FARC, por parte de los representantes de este organismo. Igualmente aconteció, por razones obvias, con el Centro de Pensamiento y Seguimiento a los Diálogos de Paz de la Universidad Nacional, el cual actuó en representación de las FARC. Este último organismo intervendrá nuevamente en esta etapa del proceso.
Para mayor garantía en tal sentido, la fuerza pública sin lugar a dudas, debe obligatoriamente tener participación activa para ejercer control territorial al exterior de los anillos de seguridad que puedan conformarse en las zonas de concentración y verificar que se esté cumpliendo estrictamente lo pactado.
Por ahora, no hay claridad suficiente respecto a los mecanismos de verificación que deben ser aplicados en relación con las actividades criminales que se desarrollan bajo el calificativo de “hostilidades”, en cuanto a narcotráfico, minería ilegal, extorsión, reclutamiento de menores, etc. Frente a este tipo de actuaciones no se ve viable la posibilidad de que sean los observadores extranjeros los encargados de esta tarea, por carecer de la capacidad, conocimiento y facilidades para ejecutarla. Esta verificación y monitoreo, impone la necesidad de que sea la fuerza pública, la responsable de hacerla. No existe otra alternativa posible.
Respecto al CELAC, es ampliamente conocido que las FARC insistentemente ha señalado que este organismo constituye “una fuerza determinante” para la solución del conflicto armado en territorio colombiano. El foro de Sao Paulo ha sido, desde el momento mismo de su creación, el principal instrumento para su orientación ideológica y hoja de ruta para su actividad política internacional y de carácter regional. Su participación en los actos programados con ocasión de su cuarta cumbre realizada recientemente en el Ecuador, fue muy evidente.
Desde su creación por parte del castro-chavismo, se ha identificado plenamente con las distintas posiciones asumidas por esta organización dentro del conflicto armado. En tales circunstancias, no es un organismo confiable para la designación de los observadores que se requieren.
En cuanto al cese al fuego bilateral definitivo una vez se determine, las FF.MM y la Policía Nacional, en cumplimiento de sus misiones constitucionales, deberán perseguir con rigor todo actor armado que no se encuentre al interior de las zonas de concentración que sean establecidas (ELN-BACRIM-y miembros de las FARC que no se acojan a estos acuerdos).
En consecuencia, lo que hasta el momento se ha dado a conocer sobre este tipo de verificación, genera muchas dudas y preocupaciones, por cuanto se dice el QUE, en términos generales, pero no el COMO de su implementación. La participación de la CELAC, tal como ya se dijo, constituye un gran riesgo, que ya se ha comenzado a cuestionar.
No se habla en este acuerdo de la verificación del proceso de desmovilización, no se especifica en que consiste la dejación de armas, ni tampoco se explica el tipo de cese al fuego bilateral definitivo y cese de hostilidades que podrían ser pactados.
Tampoco se hace referencia, ni hay claridad respecto a las zonas específicas de concentración para las FARC en cuanto a su tamaño, delimitación, su número, ubicación y forma como serán utilizadas.
El no conocer con precisión toda esta información que es determinante, tal anuncio de verificación que podría ser de muy buen recibo por parte de la ciudadanía, será sin duda alguna, objeto de muchos cuestionamientos y especulaciones, que podrían afectar significativamente el desarrollo del proceso de negociaciones que se realiza en La Habana.
Sin embargo, es conveniente destacar, que la reciente creación de la Comisión Ejecutiva, conformada por tan solo dos negociadores de cada una de las partes, con el propósito de evacuar lo más pronto posible, todos los asuntos pendientes y redactar los acuerdos finales para el cierre definitivo de este proceso, ha generado grandes expectativas, puesto que existe la esperanza de poder resolver de una vez por todas y en el menor tiempo posible, este cuestionada negociación, que ha generado grandes dudas y preocupaciones en distintos sectores de nuestra sociedad.
Brigadier General (RA) JAIME RUIZ BARRERA
Presidente Nacional ACORE
Enero 29 de 2016
