Haciendo uso de técnicas de prospectiva, el articulista platea un escenario futuro del tan esperado plebiscito para someter a refrendación popular el acuerdo final de La Habana.
Por: Vicealmirante (RA) Luis Alberto Ordóñez Rubio. Ph.D.
Es octubre de 2016. La Registraduría Nacional del Estado Civil acaba de confirmar los resultados del plebiscito citado por el ejecutivo para refrendar los acuerdos entre el gobierno y las Farc. Los resultados son contundentes: Colombia no le perdonó al grupo narcoterrorista todo el daño que hizo durante más de 50 años y votó ¡no! Hay gran preocupación en el gobierno y no se conocen aún las decisiones del presidente de la República ni tampoco si hay un plan B, como en las pasadas negociaciones del Caguán.
Era de esperarse, los votantes entendieron que estaban definiendo, por primera vez en la historia, el futuro de quienes les habían maltratado durante décadas y no perdonaron tanto dolor y sufrimiento. Líderes de varios grupos sociales han expresado que el acuerdo se quedó corto con relación a las penas para los violadores de derechos humanos y culpables de crímenes de lesa humanidad y no vieron viable permitir que personas con las manos manchadas de sangre llegaran a cargos de poder y a legislar en nombre del pueblo, el mismo al que habían sometido por tantos años. También expresaron que requerían del Congreso Nacional implementar los puntos que la ley permita en cuanto a mejoramiento de las condiciones de los más necesitados, en lo social, la inversión en el campo, la salud, pero sobretodo la educación y las oportunidades. Ellos no quieren nada regalado, pero si piden oportunidades para poder surgir y darles la posibilidad a sus hijos de un futuro mejor. Consideran que es algo que se puede hacer sin necesidad de claudicar ante las Farc.
En La Habana, el grupo negociador de la guerrilla está culpando a la burguesía representada por el Centro Democrático y también a los grupos interesados en perpetuarse en el poder. También a los medios de comunicación por “prestarse a los fines de la oligarquía”. Por su parte, las organizaciones de derechos humanos claman porque no se recrudezca la guerra y no regrese la violencia. El frente primero de las Farc se ha pronunciado y está aprovechando para justificarse, expresando que por eso nunca se acogió a lo pactado. Aún no aceptan que fueron los beneficios del narcotráfico los que los llevaron a declarase en disidencia.
Las Fuerzas Militares, en cabeza de su comandante, han expresado estar listas para defender a los colombianos contra la amenaza narcoterrorista en cumplimento de la Constitución; que sólo requieren del presupuesto necesario para acometer su mandato legal. El pueblo está confiado y sabe que ha habido épocas peores, sobretodo que ahora más que nunca las Farc han quedado en evidencia y saben que no representan a nadie, pues así se lo han expresado por primera vez en las urnas. ¡Colombia no los quiere! Como medida disuasiva hay acuartelamiento de primer grado, se ha alertado a las reservas de primera clase y los patrullajes terrestres, fluviales y aéreos se han intensificado.
En lo político, no era de esperarse menos, la campaña por el plebiscito fue tan sucia y poco ética como la campaña por la reelección presidencial de 2014. Los entes de control fueron incapaces de frenar los excesos, las manipulaciones y las malas prácticas. La opinión pública se saturó de las mentiras y se hastió de la presión; todos quieren la paz, pero no de esa manera. Se cansaron de que los pusieran contra la pared y de que los hicieran sentir culpables de “querer la guerra”, simplemente por preguntar, argumentar o sugerir alguna alternativa. Tampoco gustó el poco tiempo para poderse informar y reflexionar sobre los acuerdos, pareciera que se pretendía aprovechar la emoción colectiva para obtener el sí.
Las redes sociales, más que nunca, desempeñaron un papel decisivo. La información fluyó a gran velocidad y sin muchos recursos se logró hacer entender a la comunidad, mediante el análisis, sobre los alcances de lo que podría venir con la impunidad y el acceso al poder, sin elección popular, de los guerrilleros. Adicionalmente la sociedad entendió que se ponía demasiado en riesgo al mantenerse, a pesar de la dejación de las armas, una organización intacta en sus jerarquías, con mucho dinero mal habido y además con alcances en lo político. Las palabras de Iván Márquez en la ceremonia de firma de los acuerdos en La Habana fueron contundentes en que quieren el poder para imponer la Colombia que ellos visualizan, cambiando el sistema. La posibilidad de caer en el llamado Socialismo del Siglo 21 creó demasiada preocupación.
Por otra parte, también influyó la experiencia de los países de Centro América, que ante la miel de la paz redujeron su aparato de seguridad estatal. Esos ejemplos tan cercanos alimentaron los temores de que en poco tiempo se pudiera perder el control de Colombia y la inseguridad se disparara, como en esas naciones, por la falsa creencia de que con la firma de los acuerdos se iba a acabar con la violencia. En un país plagado de delincuentes, mafias organizadas y grupos narcotraficantes ansiosos de dinero y poder, además con altos índices de corrupción, no se puede descuidar la seguridad nacional por ningún motivo y bajo ninguna promesa de paz.
También influyó el bajo nivel de aceptación del gobierno en las encuestas, la poca credibilidad en los negociadores de las Farc, además del mal momento, pero inminente, de la reforma tributaria que afectará económicamente a todos y que la mayoría ve como consecuencia, no solamente de la caída de los precios del petróleo, sino como fruto de la corrupción, la mermelada y los gastos incontrolados de los últimos años. Finalmente la campaña por el plebiscito dejó la pésima sensación de que todo era válido para lograr los fines propuestos. Pareciera que la ciudadanía ya no aceptó más la consabida frase de que “el fin justifica los medios”.
Tres meses después
Tras la derrota de las Farc en las urnas, el grupo narcoterrorista ha estado sin rumbo. Los guerrilleros rasos están decepcionados, sus jefes les habían hecho creer que habían triunfado al estar sentados en igualdad de condiciones con el gobierno. Los cabecillas en La Habana se han polarizado y han pasado a posiciones radicales; desde amenazas hasta propuestas de renegociar, pasando por promesas de seguir “luchando por el pueblo”. No hay una posición clara, pues nunca habían estado tan cerca de obtener tanto, como en los cuatro años de negociación. Se sienten decepcionados y preocupados de que Colombia les haya hecho saber que no los quiere. De alguna manera, por lo menos los más pensantes, han entendido que volver al monte a lo mismo y sin la posibilidad de obtener resultado alguno no tiene sentido. Saben que por las armas no lograrán nada, por lo menos mientras se conserven las capacidades de la Fuerza Pública. Por eso habían insistido tanto en modificarlas. Saben que perdieron esta oportunidad y que deben, de alguna manera, reconciliarse con el pueblo colombiano. Por su parte el ELN ha quedado sorprendido de los resultados en las urnas. Ellos que habían incrementado su accionar delictivo con la tranquilidad de que algún día negociarían y les iban a perdonar todos sus desmanes, han visto el mal momento de las Farc y la enseñanza es contundente: por las malas el pueblo no entiende, no acepta y mucho menos perdona.
La comunidad internacional en general, la ONU y la OEA en particular, han invitado a que las Farc entren en razón y se abstengan de volver al narcoterrorismo. Han recordado que en Europa y en los Estados Unidos mantiene el estatus de grupo terrorista y han sido reiterativos en que no cuentan con apoyo alguno para su causa, más ahora que los colombianos han sido contundentes en quitarles todo reconocimiento o aceptación. Están en una encrucijada sin salida; atemorizar con actos terroristas no es un camino válido pues ya no se trata de un gobierno dispuesto a negociar, sino de todo un pueblo que les dice que no los avala ni los acepta. Su causa perdió cualquier rezago de apoyo.
El gobierno ha expresado que ante la campaña presidencial para las elecciones de 2018, es conveniente que no se politice el tema y que no se convierta en bandera electoral; sin embargo, es algo inevitable.
Los partidos políticos están viendo la luz al final del túnel, pues ya no se trata de una única posibilidad, como en La Habana, sino que cada partido puede hacer propuestas sobre la búsqueda de la paz, no solamente con las Farc sino con los otros grupos de su misma naturaleza. Al final el mismo pueblo, que ya mostró carácter y madurez con el tema, será el que decida sobre el futuro de la narcoguerrilla en las elecciones presidenciales de 2018. Mientras tanto los programas de desmovilización y reinserción de guerrilleros del Ministerio de Defensa se han retomado e intensificado y sorprende la cantidad de guerrilleros que están accediendo a la reintegración a la sociedad; saben que no hay otro camino, pues sus jefes fracasaron en la negociación por pretender imponer tantas condiciones y también saben que mientras estén las Fuerzas Militares y de Policía fortalecidas y apoyadas por la comunidad nunca lograrán nada por la fuerza.
Mientras todo se define, es claro que hay que atacar con contundencia las finanzas de los bandidos, pues es la gasolina que alimenta todas las formas de violencia. Por otra parte y ante la inminente necesidad de respuestas, el gobierno nacional analiza la posibilidad legal de renegociar el acuerdo y en un procedimiento exprés aprobar lo que por competencia legal del Ejecutivo esté a su alcance, lo que a nivel de popularidad sería bastante desatinado si se insiste en imponer lo que llevó a que ganara el no, sería una salida terca y que la historia cobraría muy cara. Aquí el “fin no justificaría los medios”, sería preferible cargar con la derrota del proceso.
