Por:Brigadier General (RA) Guillermo Bastidas Ordóñez
Quienes redactamos la Ley 352 en 1997 hemos observado de cerca el proceso de su implementación en el ministerio de Defensa y vemos con beneplácito que en la Policía Nacional sí se estructuró el subsistema de salud, el cual es similar al nuestro en numero de usuarios, presupuesto y plan de servicios.
De acuerdo con lo dispuesto por el legislador, esta institución trazó desde el comienzo un plan que se ha seguido juiciosamente, apoyado generosamente por la Dirección General, logrando desarrollar en dos décadas un sistema integral de información que puede competir como uno de los mejores del país. Este se actualiza continuamente, opera con unidad de gestión, tiene organizadas sus regionales y está logrando desarrollar una infraestructura hospitalaria formidable propia. No es perfecto, como todo servicio de salud, pero cumple su misión y sabe para dónde va.
En las FF. MM., por el contrario, observamos con tristeza y preocupación las grandes dificultades que tienen los directivos para suministrar el servicio de salud y los usuarios para recibirlo. Oficialmente lo llamamos Subsistema de Salud de las FF. MM., pero le faltan muchas características para serlo, si bien es cierto que se adoptó el nombre y se creó la Dirección General de Sanidad Militar, Digsa, para respetar la nomenclatura taxativa ordenada en la ley. No se adoptó un modelo de atención integral de salud como tal; sólo se montó un servicio sobre la vieja estructura de la sanidad militar tradicional, donde la dirección de sanidad de cada fuerza solamente atiende a sus afiliados.
Para tener un verdadero sistema de salud es necesario que haya un modelo de atención estandarizado, que funcione, sea verificable y que se pueda replicar en todos los establecimientos donde se preste el servicio. Debe operar dentro de los principios fundamentales de unidad de gestión, eficiencia, accesibilidad, participación, pertinencia, oportunidad y, sobre todo, de integración funcional de las capacidades y recursos disponibles en las tres fuerzas. También que se pueda complementar con los servicios de la red externa de salud en las regiones, para suministrar con eficacia el servicio de salud integral a los usuarios de manera indiscriminada.
Sobre la estructura básica existente no es factible implantar los principios fundamentales que determina la ley. Cada dirección de sanidad depende de su comandante de fuerza y cada una tiene intereses y características diferentes. En este modelo no cabe la regionalización geográfica que es indispensable para que un sistema de cobertura nacional pueda asegurar a los usuarios el acceso equitativo y oportuno al servicio en el lugar geográfico donde residan sin importar la fuerza a que pertenecen.
Radiografía actual
En estudio realizado en 2005 por el suscrito a solicitud de Acore, durante la presidencia del General (RA) Rafael Samudio Molina, se evidenciaron las falencias estructurales que tenía nuestro servicio de salud, trabajo que fue aplaudido por el equipo del ministerio de Defensa encabezado por el viceministro Hernán Sanín.
El documento plantea soluciones a corto, mediano y largo plazo para corregirlas las fallas, haciendo simplemente las modificaciones internas que permitan aplicar los principios ordenados por la ley vigente. Las recomendaciones de ese estudio no fueron tenidas en cuenta, están vigentes aún y son coincidentes con los resultados de múltiples diagnósticos posteriores. Las principales falencias son recurrentes en los estudios, según detalle: 1) No hay unidad de gestión; 2) No hay un modelo de atención integral que sea estandarizado, verificable y replicable; 3) No tenemos un sistema integral estandarizado de información como lo dispone la ley estatutaria de salud; 4) Ni siquiera hemos podido desarrollar el habilitador tecnológico (software, hardware y modelo conceptual) que capture, procese y analice los datos para tener una información exacta: 5) No hay regionalización geográfica de los usuarios para descentralizar y desconcentrar el servicio y proporcionarle al usuario el acceso fácil y oportuno a los servicio de salud; 6) Gasto burocrático excesivo por la proliferación de agencias de las direcciones de sanidad y duplicidad de esfuerzos en las regiones.
Gestión incansable
El representante de los oficiales de la reserva activa ante el Comité de Salud de las FF. MM. realizó ocho pronunciamientos e intervenciones en 12 sesiones del ente en el 2018, además de publicar 69 artículos en el periódico y los otros medios de comunicación de Acore.
En los últimos seis años ha escrito 124 páginas que contienen diagnósticos, sugerencias y recomendaciones al ministerio de Defensa y al mando militar para restablecer el sistema de acuerdo con los lineamientos y principios de la Ley 352 de 1997 y la Ley Estatutaria en Salud 1751 del 2015.
Asimismo, elaboró estudios especiales como la Bitácora de seguimiento del desarrollo fallido de la sistematización del servicio con los proyectos SISAM y SALUD.SIS 2010 – 2019. En estos proyectos se han invertido más de 120 mil millones de pesos. Ya anunciaron que sólo hasta el 2023 será una realidad, siempre y cuando se asigne una cantidad importante de recursos.
La última intervención del representante de los oficiales de la reserva activa ante el Comité de Salud de las FF. MM. tuvo lugar el 25 de febrero de 2019, en presencia del ministerio Defensa y el mando militar, como quedó reseñado en la edición 587 del Periódico Acore, edición marzo. En esa oportunidad se entregó un documento de sugerencias de Acore para el restablecimiento de nuestro subsistema de salud, tomando como eje de gravedad estratégico los principios que determina la Ley 352.
El escrito enfatiza sobre la necesidad de realizar una auditoria externa total al proyecto de sistematización y tomar las decisiones que sean del caso para sacarlo adelante, toda vez que se considera vital para administrar y suministrar el servicio, en el entendido de que sin esta herramienta no hay manera de cambiar el modelo de atención integral de salud que estamos esperando.
Soplan vientos de cambio
Estamos a la expectativa de la reforma estructural propuesta por la consultoría internacional de la firma Ernest & Jhons, la cual acompañamos de cerca y aplaudimos llenos de esperanza en diciembre de 2015, toda vez que esta contempla la solución de las principales falencias diagnosticadas. La iniciativa se empantanó durante el tiempo que el ministro Villegas estuvo al frente de esta cartera por las mismas razones anteriores. Mientras tanto, los comandos de fuerza ‒conscientes de la necesidad de la reforma, pero renuentes a perder su autonomía‒plantearon por su parte una revisión moderada del servicio a través de un CREI de salud.
Con todo, ante el descalabro financiero de la Digsa y el deterioro progresivo en la atención, seguimos insistiendo en la necesidad de la reforma total servicio de salud para los militares de acuerdo con el diagnóstico de la consultoría. Afortunadamente, el ministro de Defensa Guillermo Botero, con el concurso del viceministro del Gesed y el secretario del ministerio, retomaron el asunto con gran impulso; todo parece indicar que se logró el consenso sobre el cambio estructural que debe plasmar el Consejo Superior de Salud en disposiciones y acuerdos para reformar sustancialmente el SSMP, apelando a cambios fundamentales que caben dentro de la ley vigente.
Con el nuevo modelo operativo propuesto ‒donde el usuario es el centro del subsistema y cubrir sus necesidades en salud, el objetivo principal‒, la reforma del subsistema será total. Habrá un modelo de salud integral estándar, verificable y replicable para dar cumplimiento a la ley estatutaria de salud 1795 de 2015. Entonces estaremos, como cualquier EPS, bajo la vigilancia de la Supersalud, a fin de garantizar la calidad y el cumplimiento de la normatividad que rige la salud en Colombia, pero conservando nuestro estatus de sistema especial.
La Digsa será el ente asegurador y el dinero para la prestación del servicio al usuario no llegará a través de las direcciones de sanidad sino de las regiones donde estén circunscritos. Allí habrá atención equitativa para todos los afilados y sus beneficiarios, sin importar su condición de uniformado o no uniformado, activo, retirado o pensionado. Los usuarios deben tener acceso fácil a la información que les interese para la coordinación de sus requerimientos en salud.
La implantación total del sistema será lenta ‒tal vez unos diez años‒debido a la carencia de la herramienta tecnológica que permita integrar la información, la cual, como escribí, está en veremos. Las próximas sesiones del Consejo Superior de Salud dirán si efectivamente sí se logró el consenso con el mando y si hay voluntad política en el ministerio de Defensa para hacer los cambios cuanto antes sin modificar la Ley 352. ¡Tengamos fe!
