Por: Rafael Guarín
Los colombianos vivimos en un paraíso de la naturaleza, pero lo podemos perder. La decisión del Presidente Iván Duque de calificar al agua, la biodiversidad y al medio ambiente, como el “interés nacional, principal y prevalente”, es una transformación estratégica en la Política de Defensa y Seguridad. Es la primera vez que se fija al Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, el objetivo de preservar ese patrimonio de todos.
“Interés nacional” implica considerar que la supervivencia y el bienestar de la nación, en el presente y en el futuro, depende de esos recursos. Tal calificación es la máxima prioridad que un Estado puede dar a un asunto. Principal y prevalente significa que su preservación es el interés nacional superior, lo cual obliga a la convergencia de todas las instituciones y políticas para realizar ese propósito.
En un contexto de escasez y de calentamiento global, la ambición de otras naciones por controlar y garantizar su acceso al agua genera conflictos internacionales y encierra una amenaza al territorio colombiano, teniendo en cuenta que somos potencia mundial en biodiversidad y agua. En materia de seguridad, siempre se está obligado a prever lo peor, con el fin de prepararse para que no ocurra. Debemos estar en capacidad de defender y proteger los recursos hídricos y ambientales, frente a intereses foráneos o amenazas externas. Estos son un elemento muy importante de nuestro poder nacional.
La depredación debe detenerse. Es urgente denegar los parques naturales a la expansión de economías ilícitas y la criminalidad, que son factor preponderante en la deforestación y la destrucción de los ríos, al igual que recuperar las zonas afectadas. Hay que blindar esas áreas para que los cultivos de coca, la extracción ilícita de minerales, el tráfico de madera, fauna y flora, el acaparamiento de tierras y el empleo indebido de actividades legales como la ganadería, no los sigan devastando.
Se deben emplear todas las herramientas que otorga el Estado de derecho, dentro de las cuales el papel de la Fuerza Pública es definitivo. Únicamente las FFMM y la Policía Nacional, en el marco de sus competencias, están en capacidad de adelantar las operaciones y operativos necesarios en esas alejadas regiones, muchas de las cuales mantienen fuerte presencia de grupos delincuenciales.
El trabajo con la Fiscalía General de la Nación y con las autoridades ambientales es indispensable. Para lograrlo, se dispuso crear el Consejo contra la Deforestación y una Fuerza de Protección Integral Ambiental. Se trata de articular el trabajo conjunto, coordinado e interagencial, disponer de capacidades de inteligencia e investigación criminal especializadas, alta movilidad y reacción inmediata.
De otra parte, se integrará al Consejo de Seguridad Nacional el Ministerio de Medio Ambiente y la Dirección de Planeación Nacional, con lo cual, esa máxima instancia contará con las herramientas políticas y técnicas que permitan cumplir ese cometido.
La protección del agua, la biodiversidad y el medio ambiente serán objetivo de las zonas estratégicas de intervención integral ZEII creadas en la ley 1941 de 2018 y que servirán también para acelerar la implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET, al igual que brindar seguridad y protección a los ciudadanos.
Finalmente, la Consejería Presidencial para la Seguridad Nacional concentra sus esfuerzos en contribuir al planeamiento, ejecución y seguimiento de estas políticas y estrategias de defensa, relaciones exteriores, protección ambiental e intervención integral en el territorio. Con la campaña militar y policial Artemisa, en el Parque Nacional Chiribiquete, comienza esto a ser una realidad.
*Consejero Presidencial para la Seguridad Nacional
