Valores y antivalores

En el país del realismo mágico, la vertiginosidad de los acontecimientos y el desenlace de estos, verdaderamente supera la ficción.

Por: José Obdulio Espejo Muñoz

Voy a sustraerme de mis recurrentes escritos sobre el maltrecho posacuerdo con las Farc, para referirme a otros sucesos del acontecer nacional que dejan perplejo a más de uno. Las inverosímiles decisiones judiciales ocupan un sitial de honor en este coyuntural recuento.

Por cuenta de una equivocada lectura del amplio catálogo de derechos que consagró la Constitución de 1991, en Colombia hoy tienen mayor protección los malhechores y los vándalos que los ciudadanos honestos y los agentes estatales encargados de preservar el orden.

Al final del día, la inversión de valores en esta sociedad enferma me lleva a la inevitable conclusión de que la paz fáctica, la paz real, ese anhelo colectivo de los colombianos, no es más que un mero sofisma y está más lejos de lo que todos creemos.

¡Comencemos! La Corte Constitucional, al mejor estilo de Pilatos, se lavó las manos con el espinoso tema de la aspersión aérea para reducir las hectáreas sembradas con matas de coca. A tono con el refranero popular, le botó la pelota al Consejo Nacional de Estupefacientes, paquidérmico ente estatal que decidirá qué hacer y cómo hacerlo.

Como era de suponer, las voces airadas de los líderes sociales en los territorios donde florece este cultivo ilícito no se hicieron esperar. A su pregón se unieron los colectivos ecologistas en Colombia y en el exterior y uno que otro politiquero de turno.

Quisiera ver a magistrados, ecologistas y promotores de la idea de no utilizar el glifosato, integrarse en calidad de voluntarios a los grupos móviles de erradicación manual. Esto nunca va a suceder porque saben que los sembradíos de coca están plagados de minas antipersonales que plantaron las guerrillas y las bandas criminales que se lucran de este cultivo ilícito. También saben que para esos menesteres, los soldados y policías son carne de cañón.

En otra decisión para replay, un juez dejó libre a uno de los rompevidridrios que capturó la Policía en flagrancia, luego de que una víctima rompiera el acostumbrado silencio ciudadano, se armara de valor y lo denunciara. Pero para el eminente  juez que conoció este caso, eso sí coludido con un fiscal inepto, alias ‘El Bizco’ no es un peligro para la sociedad.

Ahora ese delincuente está libre para cometer más fechorías y quizás sea recapturado por este mismo delito. Al fin y al cabo, para eso están los policías, cuya labor es subvalorada y frecuentemente criticada por muchos colombianos. Lo único claro del asunto es que ‘El Bizco’ sí es un peligro para la mujer que se atrevió a denunciarlo ante las cámaras de los noticieros de televisión. Cualquiera con cuatro dedos de frente llega fácil a esta conclusión.

En este país, donde ser bandido sí paga, otro hecho marcó nuestra disparatada agenda nacional. Más de un centenar de habitantes de la calle, algunos de ellos antiguos residentes del temido Bronx, se tomaron un caño de aguas negras en el sur de Bogotá y allí montaron un cuartel general para cometer toda suerte de delitos contra la convivencia ciudadana.

Maniatados por sentencias y fallos proferidos por las altas cortes ‒cuyos integrantes parecen impartir justicia como si se tratara de Suiza o Dinamarca y no de Colombia‒, los ciudadanos del sector y las autoridades distritales se vieron a gatas para contener las empresas criminales que se fraguaban en el lugar. Por respeto al libre desarrollo de la personalidad de estos pintorescos personajes de ciudad, no se les puede obligar a retirarse del espacio público que ocupan, así allí funcionen ollas de microtráfico u otras modalidades criminales con alto impacto social.

El colmo de los colmos ocurrió este fin de semana en el sector de La Lizama, Santander. Después de agredir a varios soldados ‒tal y como se aprecia y deduce cuando se observan los vídeos que están circulando en redes sociales‒, un grupo de envalentonados lugareños, azuzados al parecer por manos criminales, intentaron una asonada frente a la base militar situada en el corregimiento La Fortuna. Un adolescente de 16 años saltó una de las barricadas de protección de la base con machete en mano y en la reacción de la tropa resultó herido de muerte.

Este episodio trae a mi memoria uno similar ocurrido en Chile, entre un carabinero de la policía de ese país y un conductor de la plataforma Uber en el aeropuerto de Santiago. Los ciudadanos y las autoridades del país austral rodearon al gendarme y coincidieron en señalar que su uso de la fuerza fue proporcional a la agresión de la que fue objeto.

Al contrario, en Colombia se ha generado una discusión encaminada a sacrificar a como dé lugar al uniformado que accionó su arma de fuego. No faltarán quienes invoquen los derechos humanos y se atrevan a señalar este caso como uno más de los mal llamados «falsos positivos». Para estos colombianos, los soldados y policías no tienen derechos y parece ser que no los consideran seres humanos.

A propósito  de los «falsos positivos», los que en un principio alabaron la conformación por decreto de una Comisión de Excelencia Militar para examinar si las órdenes castrenses invitan a los uniformados a revivir esta reprochable práctica y otras contrarias a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, hoy rechazan el contenido del primer informe.

De inmediato vociferaron José Miguel Vivanco y algunos políticos en campaña y precampaña que prefiero no mencionar. A sus mezquinos interés sólo les sirve que el informe valide las conjeturas del New York Times y las presunciones de Semana, pero, según parece, les salió el tiro por la culata.

Como vamos, seguramente tendremos que volver a la vieja práctica de consagrar a Colombia al Sagrado Corazón de Jesús, como cuando no éramos un Estado laico. ¡Dios nos libre de tanto mal!

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