La dictadura de la Justicia se abre camino en el Tribunal para la Paz en un intento maniqueo de construir una verdad única acerca de qué pasó durante 60 años de guerra en Colombia. El control de la memoria histórica es apenas el prólogo.
Por: José Obdulio Espejo Muñoz
Las actuaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, no pueden examinarse como hechos deshilvanados entre sí. Hacen parte de una estrategia que considero se empezó a cocinar desde la selección que realizó el afamado Comité de Escogencia. Estrategia que, poco a poco, se devela ante los incrédulos ojos de los colombianos. ¡Quien piense lo contrario, peca de inocente!
El Acuerdo Final prometió un sistema de justicia transicional en el que se lavarían los pecados de décadas de conflicto, pero no a cualquier precio. El eje central serían las víctimas en su conjunto: aquellas que dejaron las guerrillas y los grupos de autodefensa; las víctimas del Estado a través de sus agentes y de terceros coludidos o en aquiescencia con este; las víctimas de particulares que actuaron a muto proprio. Dos pilares soportarían este componente judicial del Sivjrnr: el derecho de las víctimas a la justicia y a la verdad.
En este orden de ideas, muchos no llegaron a imaginar el actuar benévolo en extremo de la JEP para con los ex cabecillas de las Farc. Mucho menos que los magistrados iban a cohonestar con el tono irónico, sarcástico y burlesco de los responsables materiales e intelectuales de un sinnúmero de graves crímenes de guerra y de graves violaciones a los derechos humanos en más de 60 años de guerra interna.
Porque las presentaciones de ley de Rodrigo Londoño Echeverri y de sus ex lugartenientes ante el Tribunal para la Paz, sólo han servido para que los colombianos atestigüemos su arrogancia. Jamás han admitido un solo delito y jamás lo harán. Todas sus actuaciones contrarias a derecho siempre estarán justificadas en la heroica lucha que libraron contra un sistema opresivo.
Para ahondar la brecha, las teorías sobre la responsabilidad del mando que se dilucidan públicamente ante la comparecencia de altos mandos de las FF. MM., no aplican en el imaginario de la JEP para los crímenes de los ex Farc que ocuparon puestos de mando en el secretariado o en el estado mayor de esta organización. Bien lo escribió recién en una de sus columnas de opinión María Isabel Rueda : […] es la hora en que no hay una sola investigación formal contra miembros de las Farc, al punto de que frente a sus delitos no se han expedido resoluciones de conclusión […]»
Así las cosas, ¿cuál es el juego de la JEP? Creo que está allanando el camino para institucionalizar su visión acerca de qué pasó durante la guerra en Colombia. Se trataría de una verdad oficial que reduce el espectro de nuestro conflicto a dos bandos: un pueblo oprimido, por un lado, y un statu quo opresor que detenta el poder del Estado, por el otro. La clásica contradicción de la dialéctica marxista: la oposición de intereses entre la sociedad civil y el Estado o, para decirlo en su jerga, las relaciones antagónicas entre las clases sociales y el Estado realmente existente.
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