El escándalo mediático en contra del Ejército Nacional no tiene antecedente alguno en la historia reciente del país.
Por: General(RA) Jaime Ruiz Barrera
Con este escándalo periodístico que está ocurriendo, se ha querido enlodar la institución más querida y respetada por el pueblo colombiano, y no es otra cosa que parte de la estrategia que insistentemente hemos venido denunciado con relación a la guerra política, jurídica y mediática, que desde tiempo atrás, llevan a cabo distintas organizaciones de la extrema izquierda radical, contra nuestra institucionalidad y contra los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
La guerra política, tal como se ha dicho, se ha venido materializando por la acción sistemática y persistente de ONGs que habitualmente se identifican como supuestas defensoras de derechos humanos, y por otras de carácter eminentemente político, comprometidas con corrientes socialistas o progresistas de reciente aparición, tales como el Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla y la llamada Coordinadora Continental Bolivariana, de las cuales han hecho o son parte, tanto las FARC como el ELN.
En cuanto a la guerra jurídica que estamos enfrentando, no es otra cosa que el uso habilidoso de la normatividad jurídica existente para someter al escarnio público o al cuestionamiento social, a quienes por circunstancias del conflicto armado, y en su condición de agentes del Estado, se han visto involucrados en posibles o supuestas conductas al margen de la ley.
El escándalo mediático que se ha intensificado últimamente en contra del Ejército Nacional no tiene antecedente alguno en la historia reciente del país. Con este proceder, se está causando un daño irreparable a la moral y el prestigio institucional, factores determinantes en la lucha contra los grupos armados ilegales y sus distintas organizaciones que le son afines. En consecuencia, estos habilidosos y persistentes montajes periodísticos, se están viendo como un peligrosísimo plan sistemáticamente orquestado, para debilitar la actuación del Estado en contra de estos grupos armados en distintas zonas del país.
Consecuente con lo anterior, muchos estudiosos del tema, ya se han pronunciado sobre el particular, expresando su gran preocupación respecto a lo que podría suceder como consecuencia de esta ofensiva mediática sin precedentes que actualmente afronta, tanto el Ejército Nacional, como las otras fuerzas armadas de la nación. Entre otras cosas que pudieran ser supremamente graves, esto sería lo que por ahora se pretende, y que, por el bien del país, ojalá no vaya a ocurrir:
Reestructuración de las FF.MM., determinación de una nueva doctrina operacional y asignación de otras funciones, con detrimento del pie de fuerza, relevándolas también de su responsabilidad en materia de control territorial y orden público interno. Esto se haría mediante un desmantelamiento progresivo al interior de cada fuerza.
Creación de un nuevo ministerio, contando como componentes principales la Policía Nacional y una central única de inteligencia para efectos de seguridad interna y control del orden público. La inteligencia militar, igualmente reestructurada, sería significativamente restringida y estaría únicamente destinada a la seguridad fronteriza, a fin detectar eventuales amenazas de carácter externo.
Mantenimiento a través de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), de un mínimo de beneficios a miembros de la Fuerza Pública para justificar en términos de equidad, los que le han sido proporcionados a miembros de las organizaciones terroristas. (Sofisma de Justificación).
Intensificación de todas las investigaciones y estudios relacionados con la memoria histórica del conflicto armado para el esclarecimiento de la verdad y su eventual uso como instrumento jurídico esencial para futuros procesos y juicios de responsabilidad, particularmente contra las máximas jerarquías de la Fuerza Pública, y en especial contra quienes hayan sido exitosos en la lucha contra el terrorismo (responsabilidad mediática – unidad de contexto – máximos responsables).
Crecimiento y fortalecimiento de las distintas redes de ONG y de algunos grupos políticos, para asediar a la Fuerza Pública y frenar paulatinamente la acción legítima que le corresponde en materia de seguridad, defensa nacional y tranquilidad pública.
