Por: José Obdulio Espejo M
Quienes en Colombia hacemos parte de las generaciones conocidas como silent generation (niños de la posguerra), baby boomers e, incluso, equis (X), crecimos escuchando el estribillo de la versión en español de esta ronda infantil, de origen francés, cuyo título sirve de encabezado a este escrito.
En aquellos tiempos de nuestra edad de la inocencia, lejos estábamos de imaginar que Mambrú compartiría su historia de vida con la de miles de ‘niños soldados’ en Colombia, término técnico que emplea el derecho internacional de los conflictos armados para definir a los niños, niñas y adolescentes que son enlistados para la guerra.
Este fenómeno volvió a ocupar los titulares de la prensa por cuenta del caso 07 que adelanta la JEP contra 37 exFarc. La noticia no fue en sí el emplazamiento de las cabezas visibles del hoy partido de la rosa que hiciera el Tribunal para la Paz, sino el reprochable hecho de que, tozuda y descaradamente, niegan la ocurrencia de este grave crimen de guerra en sus filas. En diferentes escenarios y tribunas, sus voceros, como la senadora Griselda Lobo, aseguran que esta práctica jamás hizo parte de sus políticas como organización alzada en armas contra el Estado.
En este punto hay algo que preocupa: el silencio casi sepulcral de los colectivos y organizaciones de derechos humanos, domésticos y foráneos. Verbo y gracia, ningún comentario del capítulo latinoamericano de Human Rights Watch y el chileno Vivanco y menos un pronunciamiento vehemente de la Comisión de la Verdad como ocurrió en el caso del Ejército y la niña embera en Risaralda.
Por fortuna, existen bitácoras y registros que controvierten esta falacia. En 2017, la Fiscalía General de la Nación, por ejemplo, dijo investigar 11.556 casos de pequeños reclutados a la fuerza entre 1975 y 2014. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, ha señalado por su parte que, entre enero de 1999 y el 30 de abril de 2016, la entidad restableció los derechos de 5.984 menores de edad que el Estado arrebató de las garras del conflicto: 4.271 niños y 1.713 niñas; de estos casos, el 60%, es decir 3.609 menores, militaban en las Farc, 1.055 en los grupos de autodefensas y 947 en el Eln.
Los números coinciden con los guarismos de la base de datos del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado. Según este programa de la cartera de Defensa, 5.474 niños, niñas y adolescentes fueron recuperados de las filas de grupos armados ilegales colombianos entre 2002 y 2016.
“Los niños entrevistados no son representativos de todos los adolescentes desvinculados, sin embargo es importante resaltar que provienen de un total de 43 frentes de grupos guerrilleros pertenecientes a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (81%), al Ejército de Liberación Nacional (16%), al Ejército Popular de Liberación (2%) y al Ejército Revolucionario del Pueblo (1%)”, asegura un informe de la Defensoría del pueblo.
La entidad pone el dedo en la llaga cuando señala en diferentes escritos y alertas que los dígitos no reflejan la verdadera magnitud del fenómeno, en el entendido de que la cifra de menores enlistados puede ser geométricamente superior. El Centro Nacional de Memoria Histórica aseguró en 2018 que 16.879 menores de 18 años fueron víctimas de reclutamiento entre 1960 y 2016.
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