Entre teorías conspirativas, líneas de investigación infructuosas y verdades a medias, la bomba que lanzó el partido Farc sobre este magnicidio aún sacude a Colombia.
Por: José Obdulio Espejo M
La disonancia cognitiva es un término de la sicología moderna que hace referencia a la inseguridad que se produce en una persona o en un colectivo cuando aparece información nueva que contradice su sistema de ideas y creencias. Entonces, brotan el miedo y la ansiedad y se activan defensas sicológicas a modo de escudo protector de estas emociones. La negación es la defensa sicológica más primitiva del ser humano.
Este concepto cobró especial relevancia en Estados Unidos luego de que cerca de dos mil expertos, entre ingenieros estructurales y reputados miembros del American Institute of Architects (por sus siglas en inglés, AIA), cuestionaran las conclusiones del informe oficial que expuso las razones del colapso de las torres gemelas y del edificio siete del World Trade Center de Nueva York, en el período de 50 minutos y una hora y media después de los atentados en aquel fatídico 11 de septiembre de 2001.
Según este grupo de expertos, el dictamen forense del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (Nist), entidad responsable de investigar las razones de la caída de las tres estructuras, yerra cuando asegura que los impactos de los aviones y los incendios resultantes debilitaron los edificios lo suficiente como para iniciar un colapso catastrófico. En su concepto, las evidencias físicas y fílmicas, así como declaraciones de centenares de testigos, apuntan a una implosión o demolición controlada, teoría que derivó en la creación del movimiento por la verdad del 11-S y una polarización nacional sobre el asunto.
Una situación similar le podría estar ocurriendo a un buen número de colombianos después de que varios exFarc y el mismísimo Timochenko reconocieran públicamente que la organización armada ilegal fue responsable hace 25 años del asesinato del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado.
Esta resistencia a desaprender lo aprendido podría ser el resultado de cinco lustros de teorías conspirativas y de líneas de investigación de la Fiscalía General que apuntaron hacia diferentes direcciones: escuadrones de la muerte de la Brigada XX del Ejército; retaliación de sectores de ultraderecha por negarse a participar en un golpe de Estado y, desde 2007, un crimen de Estado atribuible al entonces presidente Ernesto Samper Pizano y su ministro del Interior Horacio Serpa Uribe, con ayuda de narcos que le temían a la extradición.
Se trata de una peligrosa formula con muchos ingredientes: exFarc de la talla de Carlos Antonio Lozada; el finado ‘Tirofijo’; el embajador estadounidense para la época, Myles Frechette; Samper, Serpa, el proceso 8.000 y su elefante; los fiscales Valdivieso, Gómez Méndez e Iguarán; Carlos Castaño, el cartel del norte del Valle y el coronel de la Policía Danilo González; el exministro Cristo; el senador Cepeda; Piedad Córdoba y hasta el innombrable Juan Manuel Santos. En esta ecuación también entrarían las víctimas: los familiares del dirigente conservador, el coronel retirado del Ejército Bernardo Ruiz Silva, un puñado de suboficiales de inteligencia y Héctor Paul Flórez −el único condenado por el magnicidio−, entre otras.
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