La Defensoría Militar (Demil) presentó para conocimiento del fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, una lista de inquietudes y preocupaciones que están afectando las relaciones entre el organismo acusatorio y la Fuerza Pública, en general.
En representación de la Demil, que atiende cerca de 6.000 procesos de miembros de las Fuerzas Militares, el general Hernando Ortiz y la abogada Sandra Hernández, ofrecieron al Fiscal un panorama preciso de la situación, con base en los aportes de los 200 juristas que hacen parte de la organización.
Esas situaciones anómalas recurrentes, explicó Hernández, ocurren a lo largo y ancho del país, especialmente con algunos fiscales de la Unidad de Derechos Humanos.
En primer lugar, indicó la representante de Demil, “nuestros abogados han manifestado que existe una desigualdad de armas frente a los procesos judiciales que ellos están enfrentando. Nos encontramos con hechos como la negativa al acceso del expediente antes de las diligencias de indagatoria en ley 600”.
Al respecto, dijo, “tenemos casos en los cuales, pese a que tenemos el poder, nuestros abogados van a solicitar copia del expediente para preparar y hacer una defensa adecuada, y se está negando el acceso a las copias de esos expedientes”.
Otras de las situaciones denunciadas fueron:
– “Falta de comunicación de la práctica de pruebas. No se comunica a nuestros abogados de la práctica de pruebas y en muchos eventos, cuando los abogados van a revisar los expedientes se dan cuenta que la Fiscalía fue, hizo inspecciones judiciales, escuchó testigos, tomó declaraciones, y eso no le fue comunicado a nuestros abogados”.
– “Tenemos casos en los que se han presentado detenciones masivas de personal. Eso lo consideramos como una falta de conocimiento de todo el ámbito militar. Es decir, tenemos patrullas completas que han pasado detenidas y hay casos en que 30 personas han sido judicializadas en un solo proceso, sin que hasta el momento el Fiscal haya determinado cuál era la actividad de cada uno de ellos.
Esto viene conectado con el manejo que se viene haciendo de la figura jurídica de la coautoría y de la autoría mediata. Cuando judicializan, por ejemplo, 30 personas en un solo proceso, aplican el tema de la coautoría y tenemos 30 personas llevadas a juicio.
Y qué no decir con el tema de la autoría mediata. En este momento estamos viendo cómo los comandantes de batallón y los jefes de Estado Mayor están siendo judicializados por las bajas (en combate). No sabemos si es un mal entendido, o una mala interpretación de la directiva 001, pero estamos viendo como este año, por ejemplo, el nivel de vinculaciones de tenientes coroneles ha aumentado, así como de jefes de Estado Mayor y de comandantes de batallón, por bajas en las cuales ni siquiera se ha investigado la situación de la patrulla. A ellos se les está vinculando en calidad de coautores, en lo que consideramos desde la defensa, es un mal manejo de las figuras jurídicas de coautoría y autoría mediática”.
– Otra situación, anotó Demil, es el manejo probatorio de lo que son las órdenes de operaciones y el significado de esas órdenes. Esa mala interpretación de la jerarquía militar, se está viendo reflejada en los procesos donde se está vinculando a los comandantes de batallón.
– Asimismo, la Defensoría Militar señaló que “muchas personas han hecho de su derecho constitucional a guardar silencio y este derecho constitucional se ha tomado como un indicio grave de responsabilidad”. “Tenemos resoluciones de situación jurídica donde se ha dicho, palabras más, palabras menos, ‘pese a que el sindicado se negó a hablar’, en un claro costreñimiento hacia los miembros de la Fuerza Pública que están asistiendo a las diligencias” denunció la entidad.
Como ejemplo, Hernández precisó que “tenemos casos en los que los sindicados guardaron silencio, no se hizo imputación jurídica ni imputación fáctica, y las personas fueron privadas de la libertad”.
“Todas estas son una serie de actuaciones irregulares que en un momento determinado están afectando el debido proceso y el derecho de defensa de esos miembros de la Fuerza Pública, y que se están volviendo repetitivas por algunos fiscales, llevando a los acusados a demandar la necesidad de contar con un debido proceso y un derecho de defensa”, agregó Hernández.
– Igualmente, los voceros de Demil advirtieron que hay casos que claramente son procedimientos ocurridos en vigencia de la ley 906 y hay fiscales adelantándolos bajo la vigencia de la ley 600.
-“Estamos acudiendo también, a lo que hemos denominado desde la defensa, la inversión de la carga probatoria. Nos están imponiendo a los miembros de la Fuerza Pública y a su defensa, demostrar la inocencia y la legalidad de las órdenes de operaciones, en una clara inversión de la carga probatoria”, agregaron.
– En cuanto a los tiempos de detención, señalaron que “se están prolongando más allá de los límites permitidos por la ley, y estamos dando una conducta que se está dando, y es que a los miembros de la Fuerza Pública les imputan delitos de la justicia ordinaria, y cuando se están cumpliendo el término para la libertad provisional, son llamados a diligencia de indagatoria, se les imputa un delito de la justicia especializada, y eso hace que los tiempos de detención se aumenten”.
– También hay personas que han sido vinculadas mediante diligencia de indagatoria y han pasado dos o tres años, sin que se les resuelva su situación jurídica, lo que es muy grave especialmente para los miembros de la Fuerza Pública.
– Finalmente, la Demil señaló que como indicio para dictar la medida de aseguramiento se está utilizando el indicio de presencia, y “si hablamos de operaciones militares, es obvio que las personas están en el lugar de los hechos”. Entonces, se están constituyendo las medidas de aseguramiento con los indicios de presencia y de mentira, derivado éste, de declaraciones que los miembros de la Fuerza Pública han dado bajo la gravedad del juramento en otros procesos”.
En definitiva, concluyó Demil, “a estos miembros de la Fuerza Pública se les están vulnerando sus garantías y sus derechos fundamentales”.
