Durante este último periodo estatutario de nuestra gestión, desde la Presidencia Nacional, Junta Directiva Nacional y Cuerpo Administrativo de la asociación, el esfuerzo principal, tal como se anunció desde un principio, se orientó prioritariamente a ganar y consolidar diferentes espacios de participación para proteger y fortalecer los derechos que nos corresponden en materia de seguridad jurídica y social, como también en fortalecer todos aquellos valores y sentimientos de solidaridad y compañerismo que tradicionalmente nos han identificado como miembros de esta respetable y querida asociación.
También tuvimos en cuenta la importancia de fortalecer la estrecha relación que debe existir con los distintos niveles del mando, a fin de lograr la misma unidad e integración que hemos alcanzado con todas las asociaciones del cuerpo de oficiales de la reserva activa de las FF.MM. y de la Policía Nacional.
En función de este compromiso, como es de todos conocido, se constituyó una Mesa de Trabajo Permanente (MPT), que, como tarea prioritaria, viene estudiando distintos temas de interés nacional e institucional, íntimamente relacionados con la misión constitucional que le corresponde a nuestra Fuerza Pública, y sus graves efectos, tanto para sus integrantes, en actividad y en retiro, como también para con todo aquello que tiene relación directa o indirecta con seguridad, defensa nacional y vigencia de nuestras instituciones democráticas.
Como asociación líder de la reserva activa de la Fuerza Pública, somos en este momento, un grupo de presión indispensable y, lejos de cualquier interés de carácter político, debemos continuar actuando de esta manera. Nuestras principales acciones, tal como lo hemos venido realizando, estarán siempre orientadas a influir en los distintos estamentos del Estado o en las respectivas ramas del poder, para obtener resultados que sean favorables a nuestros intereses institucionales. No ha sido tarea fácil, pero tampoco imposible. Hay que persistir; y este es precisamente, el principal reto que nos hemos impuesto frente a las actuales circunstancias.
En cuanto a la tarea cumplida durante este periodo, en términos generales y como hechos más relevantes, vale la pena destacar:
Solidez financiera real y sostenible que se ha venido registrando en los distintos periodos estatutarios de nuestra gestión. Según los últimos balances dados a conocer en la pasada edición de nuestro periódico, contamos en este momento con activos equivalentes a $ 4.827.7 millones un patrimonio efectivo de $ 4.647.2 millones y unas reservas estatutarias en un gran total de $ 3.868.6 millones.
En materia de bienestar y recreación, logramos crear el Programa de Bienestar y Recreación de Santa Marta en Playa Salguero con la adquisición de otras dos cabañas muy confortables. También financiamos la adecuación, remodelación, dotación y mantenimiento de distintas sedes de nuestras Seccionales. De igual manera, realizamos la actualización y optimización de varios convenios de cooperación para beneficio de los asociados en aspectos relacionados con salud, seguros y servicios bancarios. También iniciamos el proyecto de mejoramiento y adecuación del Centro Asistencial de ACORE en la sede nacional y la continuación de múltiples eventos recreativos de carácter cultural y turístico con programas de viaje a diferentes destinos nacionales e internacionales.
Compromiso internacional y nacional. Es muy grato poder destacar el logro alcanzado para que ACORE, en el ámbito internacional, haya sido invitado recientemente a la República de Irlanda para conocer en forma directa el proceso de negociación realizado con el IRA, el haber sido aceptado también como agente consultor de la Organización de Estados Americanos (OEA) y, así mismo, continuar como integrante del Foro Regional de Buenos Aires.
Por otra parte, los distintos conversatorios realizados durante el periodo permitieron una vez más nuestra activa participación en temas de interés nacional e institucional con la presencia de altos funcionarios del Estado e importantes personalidades del país.
Ingresos salariales. En cuanto a la urgente necesidad de proteger hacia el futuro y hasta donde sea posible los ingresos salariales que nos corresponden como miembros de la Fuerza Pública, iniciamos una acción de grupo con la firma de los presidentes y responsables de las distintas asociaciones y organizaciones que conforman la Mesa de Trabajo Permanente (MTP) del Cuerpo de Oficiales de la Reserva Activa, la cual se radicó ante la Sección Segunda del Consejo de Estado, buscando que todas las partidas computables que recibimos, tales como prima de actividad, prima de antigüedad, subsidio familiar y otras de carácter especial, se incorporen como factor salarial al sueldo básico establecido con carácter de derecho adquirido. De lograrse lo anterior, obtendríamos un blindaje similar al que la ley 4 de 1992, en su artículo 14, otorgó a los funcionarios de la rama judicial. Esta demanda se encuentra en curso y fue debidamente aceptada con fecha febrero 10 de 2016.
Seguridad jurídica. Igualmente y por tratarse de un tema de gran trascendencia que requiere la mayor atención de todos los asociados en particular y de toda la reserva activa de la Fuerza Pública en general, trabajamos conjuntamente con la Mesa de Trabajo Permanente y el alto mando institucional en todo lo concerniente con la seguridad jurídica y la aplicación de la justicia transicional para militares y policías en situación subjudice por causa o razón del conflicto armado que ha experimentado el país en las últimas décadas y la forma como nos afecta esta nueva jurisdicción especial.
La labor cumplida por ACORE y la MTP en búsqueda de soluciones para enfrentar este gravísimo problema, se ha llevado a cabo a través de la rama judicial, del Congreso de la República por conducto de sus diferentes bancadas y con funcionarios del ministerio de Defensa Nacional, altos mandos y varios asesores jurídicos del Estado Mayor Conjunto del Comando General de las FF.MM. Varios abogados miembros de nuestra asociación han estado participando en esta importante tarea. Algunas actuaciones en el Congreso de la República y en la Corte Constitucional han sido evidentes y publicitadas.
Respecto al convenio inter-institucional realizado entre los ministerios de Defensa y Justicia, sobre “Justicia Transicional, y su aplicación a miembros de la fuerza pública”, ACORE como parte integrante de la Mesa de Trabajo Permanente, a través de sus propios medios de difusión, entrevistas, redes sociales y otros sistemas de comunicación, ha venido cuestionando de manera insistente la no inclusión en el Acto Legislativo para la Paz de reciente aprobación, la aplicación preferente del Código Penal Colombiano, como también lo pertinente a la interpretación taxativa de la legalidad de las normas operacionales que rigen institucionalmente para nuestros combatientes en misiones de seguridad y defensa nacional a través de directivas, manuales y reglamentos vigentes.
En estas circunstancias no es totalmente cierto, tal como se afirma, que todo lo concerniente a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y su aplicación a miembros de la Fuerza Pública ya ha sido resuelto de manera favorable.
Jurisdicción Especial para la Paz. En cuanto a la Comisión que designó los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se hizo saber oportunamente la desconfianza existente respecto a las personas de nacionalidad extranjera que fueron facultadas para realizar estos nombramientos, teniendo en cuenta su perfil, antecedentes y posición ideológica radical que los señala como activistas de la extrema izquierda internacional y sus antiguos vínculos con organizaciones terroristas pertenecientes a España, Perú y Argentina. Los reparos hechos en tal sentido quedaron confirmados una vez se dieron a conocer los nombres de los magistrados seleccionados para tal efecto.
Esta misma Comisión tuvo también la responsabilidad de designar los integrantes de la Comisión de la Verdad, organismo que un plazo no mayor de tres años, deberá presentar un documento que recoja toda la información relacionada con los hechos más graves ocurridos dentro del conflicto armado, señalando víctimas y victimarios resultantes de este trágico episodio de la vida nacional. Igualmente, designara a quienes formaran parte de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos que tendrá a su cargo la tarea de localizar a las víctimas del conflicto armado cuyo paradero sea desconocido. En su gran mayoría, estos comisionados elegidos tampoco constituyen plena garantía para los miembros de la Fuerza Pública, ya que habitualmente han sido detractores permanentes de las instituciones castrenses.
En términos generales, lo expuesto anteriormente recoge como ya se dijo, los hechos más relevantes de la tarea realizada por la Presidencia, Junta Directiva Nacional y Cuerpo Administrativo durante este último periodo estatutario. Sin duda alguna, nuestra capacidad de gestión, experiencia y liderazgo, se hizo realidad con los logros alcanzados.
Estos resultados constituyen para nosotros la gran satisfacción del deber cumplido.
Brigadier General (RA) JAIME RUIZ BARRERA
Presidente Nacional ACORE
