Por: Jose Obdulio Espejo M
La muerte de al menos siete menores durante una operación militar en el Caquetá, los cuales al parecer habían sido reclutados a la fuerza por las disidencias de las Farc, suscitó un debate que a mi juicio se enfocó por donde no era.
Existe un término del derecho internacional de los conflictos armados que no gusta a los militares en Colombia y en el mundo. Es aquel que define jurídicamente a los menores de edad que, de manera voluntaria o forzosa, toman parte en las hostilidades, ya sean estas de carácter doméstico o internacional.
Me refiero al fenómeno de los niños soldados, este cáncer que no ha podido ser extirpado de la faz de la tierra. En Colombia se le conoce comúnmente bajo la denominación de reclutamiento forzado de menores y de hecho aparece tipificado en el Código Penal Colombiano.
Esta problemática, que continúa afectando por igual a los niños, niñas y adolescentes colombianos, volvió a aparecer en el radar durante la moción de censura en el Congreso al exministro Guillermo Botero. Lo realmente paradójico es que fue utilizada con fines politiqueros por el camaleónico senador Roy Barreras, desviando la mirada del verdadero meollo del asunto.
Aquí el problema no es si las Fuerzas Militares conocían sobre la presencia de los menores en el campamento de ‘Gildardo’ o si hubo un intento soterrado de ocultar detalles de la operación por parte del saliente titular de la cartera de Defensa. Claro está, existe la obligación moral y legal de aclararlo todo, como en efecto creo que viene sucediendo.
Antes de abordar la quintaesencia de este escrito, es menester aclarar que, a la luz del Derecho Internacional Humanitario (DIH), la operación militar es ciento por ciento legítima. De los muchos trinos de Rafael Nieto Loaiza con los que intentó ilustrar a quienes cuestionaron el actuar de las tropas, pero sin tener la menor idea del tema, en especial algunos periodistas, quise rescatar este: «Los menores de edad, incluso los menores de quince años, que empuñan las armas, son combatientes y, por tanto, son blancos legítimos y no están protegidos por el derecho internacional humanitario, sin importar la edad que tengan».
Es duro, pero es así y no resulta nada saludable desviar las culpas mientras se hace eco de los políticos que pontifican sobre este episodio luctuoso con intereses amañados. Aquí los uniformados que participaron en la acción militar no son los parias y eso debe quedarle claro a todos. En este país confluyen simultáneamente el DIH y los derechos humanos, separados por una delgada línea roja, que, para este particular caso, se inclinó hacia el ius in bello o derecho aplicable en la guerra.
Porque si se trata de encontrar un responsable, es este narcotraficante y terrorista, quien se burló en la cara de todos los colombianos que creímos en la posibilidad de la paz. Él y esta práctica vil que aprendió durante su permanencia en las filas de las Farc antes de que el movimiento armado se transformase en el partido político de la rosa. Porque fue allí donde ‘Gildardo’ y sus lugartenientes se graduaron con honores en la comisión de este grave crimen de guerra.
Quizás el boom de las explosivas revelaciones del congresista del partido de la U hizo que periodistas y analistas perdieran el rumbo, pero es hora de encauzar la discusión y llevarla a su verdadera dimensión. El reclutamiento forzado de menores es una práctica que continúa vigente en el país, de la cual todos echan mano: el ELN, las disidencias, las bandas, los combos y los narcos.
Quisiera recordarles al senador Barreras y a muchos otros que no es la primera vez que mueren niños en el marco de operaciones militares. Al menos 67 menores, verbo y gracia, perdieron la vida en noviembre de 2000 en desarrollo de la operación Berlín en el páramo que lleva el mismo nombre, en el municipio de Suratá, Santander. La diferencia es que en aquella época el país no estaba polarizado como ahora y no se satanizaba aquello que no había que satanizar.
Del mismo modo, refrescar a este país desmemoriado el hecho de que en las bases de datos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, figuran los nombres de más de cuatro mil niños y niñas que fueron rescatados de las garras de las Farc, restableciéndoles sus derechos antes de las negociaciones con el gobierno Santos. Por eso, muchos consideramos una burla que este movimiento sólo haya entregado 132 menores al Comité Internacional de la Cruz Roja como parte de sus compromisos adquiridos en mayo de 2016, pocos meses antes de la firma del Acuerdo de Paz de La Habana.
Traigo a valor presente este hecho, porque precisamente son las disidencias de las Farc las que hicieron que el país nuevamente volviera a posar sus ojos en un predicamento que está lejos de terminar. Por eso, creo que convendría conocer los avances del caso 007 que abrió la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP, denominado “Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado”. Bueno que Colombia conociera con nombre propio los determinadores de este flagelo, con la esperanza de que su condena sirviera de escarmiento, por lo menos en el plano moral.
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