Por: Juan Pablo Rodriguez
Los mecanismos de justicia transicional han dejado de ser novedad hace unas décadas ya, pero la creación de la JEP caló en el plano internacional como una primicia ampliamente celebrada, no solo por su pulcro andamiaje jurídico sino también por ser aquella jurisdicción que con optimismo se veía como el punto culminante del acuerdo de paz con las FARC. De hecho, la JEP ha sido muy elogiada por grandes personalidades como Fatou Bensouda, Fiscal de la Corte Penal Internacional y John Kerry, ex secretario de Estado de los Estados Unidos. Sin embargo, como todo no es color de rosa en el país del Sagrado Corazón, la Jurisdicción Especial para la Paz ha protagonizado desatinos y parece haberse olvidado de sus labores en materia de reparación a las víctimas y búsqueda de la verdad.
Recientemente, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dictó la sentencia con radicados 32.671 y 35.954, en la cual advierte de la posible admisión en la JEP de paramilitares, oponiéndose particularmente respecto del caso de Salvador Arana Sus, reconocido líder paramilitar que infamemente se camufló en el servicio público como exgobernador de Sucre y ya fue condenado por el máximo órgano de la justicia ordinaria. Con esto, se encienden las alarmas por posibles fraudes a la institucionalidad de la justicia transicional en Colombia y la clara deslegitimación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, tal cual advierte la Corte. En todo caso, no solo estamos ante una crisis del sistema de justicia transicional en Colombia, sino que además se trata de una burla hacia las víctimas del conflicto.
La debilidad de los análisis de competencia de la JEP compromete su integridad e incluso llevan a pensar que, como muchos ya afirmaron, se trata de un sistema pervertido y laxo. Las dudas abundan y los más duros críticos de esta jurisdicción ven confirmadas sus tesis. Personalmente me considero un defensor de los mecanismos de justicia transicional, pero las tendencias cuestionables de la JEP comprenden una desfachatez intolerable. Mientras que las víctimas aún lloran a sus familiares y no conocen la verdad, la institución central del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición mina el camino hacia la justicia restaurativa. Los valores del sistema cada vez más se ven tergiversados, y por si fuera poco la justicia ordinaria también se debilita.
Cuando se critica a la JEP, bien sea conceptual o jurídicamente hablando, a muchos se nos tilda de “enemigos de la paz”, pero los hechos hablan por sí solos y estos problemas son solo los que conocemos. No sé si será la punta de un gran iceberg de corrupción que se esconde tras una cortina de humo, pero si la JEP ignora la misión para la que fue creada, no debemos confiarnos en que sea el mecanismo ideal para develar la verdad y reparar a los miles de víctimas. Habrá que revisar con lupa el proceder de la JEP y no dejar en el olvido los posibles fraudes que al interior de esta se gestan, el control ciudadano debe hacerse presente. No solo se trata del reciente escándalo que ha revelado la Corte Suprema de Justicia, los problemas del sistema de justicia transicional en Colombia van más allá.
La Jurisdicción Especial para la Paz lleva un poco más de 3 años en funcionamiento y hasta el momento brilla por su falta de avances claros.
En sus pronunciamientos judiciales no ha faltado la polémica, como en el caso del atentado a la Escuela Superior de Guerra en el que se amnistió la conducta, mostrando flexibilidad con los ex combatientes de las FARC y retirando así el estatus de víctimas a 14 militares. Por otro lado, los costos del sistema son elevadísimos, por lo que mantener la institución parece ser un gasto poco estratégico. Los choques jurisdiccionales con la Corte Suprema de Justicia impiden el correcto funcionamiento del sistema y además minan la legitimidad de la justicia. Y si después de presentar humildemente esta opinión me quieren tildar de “enemigo de la paz”, solo responderé que soy amigo de la verdad, de la transparencia y del valor de la justicia, pues una justicia transicional plagada de incorrecciones jamás será justa. Quizás habría que hacer más caso a esos que constantemente desacreditan como “enemigos de la paz”.
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